Los heridos de Hipercor aún no han cobrado indemnización, un año después

Veintidós heridos en el atentado de ETA contra los grandes almacenes de Hipercor de Barcelona, que causó 21 víctimas mortales, esperan todavía, un año después de la matanza, que Interior y la dirección del centro les abonen las indemnizaciones que les corresponden. Las cantidades que la Administración debe pagar a los heridos están reguladas por una ley orgánica y un real decreto, y ambos se remiten a una orden de 1974.

Los afectados consideran que esta norma está desfasada, y dos de los heridos han presentado ya alegaciones en contra.Agustina Cabanillas, de 62 años, vive imposibilitada en su casa del barrio de la Sagrera, en Barcelona. Estuvo durante varias semanas entre la vida y la muerte en la unidad de grandes quemados de la residencia de Valle de Hebrón con graves quemaduras en el 65 por ciento del cuerpo. Tras un largo calvario de operaciones e injertos de piel, un año después, Agustina Cabanillas todavía no ha recibido el alta médica definitiva. El Ministerio del Interior ha evaluado sus daños en poco más de 1.600.000 pesetas.

Así lo determinan la ley orgánica 9/84 y el real decreto 336/86, que se remiten, a la hora de establecer las indemnizaciones, a una orden de 5 de abril de 1974. Agustina Cabanillas se ha opuesto a cobrar esta cantidad y ha reclamado una indemnización mayor.

Sólo cinco han cobrado

Roberto Manrique, que trabaja como carnicero en Hipercor, es otro de los afectados por el atentado que también ha reclamado una mayor indemnización.

El Ministerio del Interior le entregó 300.000 pesetas por las lesiones sufridas: graves quemaduras en las manos que han estado a punto de provocarle la invalidez.

De las personas que resultaron heridas en el atentado, 27 tienen derecho a indemnización y de ellas sólo cinco la han percibido ya. Las cantidades entregadas por el Ministerio a estas cinco personas no superan las 900.000 pesetas.

Asimismo y según confirmó el asesor jurídico de Hipercor, Roberto Guirado, tampoco los almacenes han entregado todavía las indemnizaciones que la empresa debe abonar a los afectados. Guirado afirmó que no puede revelar la cantidad total de dinero que la compañía de seguros de los almacenes deberá pagar a los heridos.

Parte de este retraso se debe a que tanto las compañías de seguros como los peritos del Ministerio del Interior no pueden evaluar las indemnizaciones hasta que los enfermos tengan el alta médica.

"Hemos sido discriminados respecto a los familiares de los fallecidos", explicó uno de los heridos, que no entendía cómo los familiares de las víctimas mortales habían cobrado ya en octubre de 1987, y "nosotros aún estamos esperando".

Fuentes de la Administración central reconocieron que algunas cantidades "podían ser calificadas de insuficientes, pero es lo que marca la ley". En general, se pagó cinco millones de pesetas por cada fallecido, aunque en cada case hubo variaciones en función de las circunstancias profesionales y personales de cada uno de ellos. Así hubo familiares que cobraron sólo cinco millones, mientras otros llegaron a cobrar más de 17 millones de pesetas.