El juez de los GAL recibe la orden de arresto contra Amedo por dos atentados en el sur de Francia

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha recibido la orden internacional de arresto contra el subcomisario de Policía José Amedo Fouce por su relación con los GAL en dos atentados perpetrados en febrero de 1986 en el sur de Francia. El Gran Tribunal de Bayona ordena su arresto, "por su participación en asociación de malhechores y complicidad en tentativa de asesinatos". Asimismo, solicita su extradición, aunque España no puede entregar a sus ciudadanos cuando son reclamados por otro país. Sin embargo, sí puede actuar judicialmente contra el policía al ser las víctimas de nacionalidad española.

El Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional había solicitado al Ministerio del Interior que le remitiese inmediatamente la orden internacional de arresto, una vez que las autoridades españolas lo tuvieran en su poder.El director de la Policía, José María Rodríguez Colorado, envió ayer un oficio al juzgado, fechado el pasado 9 de junio, en el que trasmitía textualmente: "En relación con lo interesado por su télex del pasado mes de febrero y como continuación al telegrama postal del servicio de Interpol número 980/1 de la misma fecha, cúmpleme remitirle a VI. fotocopia de la comunicación recibida ayer por Interpol Francia sobre este asunto con la documentación del Tribunal de Gran Instancia de Bayona, instrucción 14/86 que igualmente se adjunta". El télex de Interpol ordena el "arresto por la instrucción 14/86 de 27 de enero de 1988 emitido por el juez Philippe Cavalerie, del juzgado de Instrucción de Gran Instancia de Bayona contra el policía José Amedo Fouce, sobrenombrado Genaro Gallego Galindo, nacido el 3 de enero de 1946 en Cervada (Vigo) por su participación en asociación de malhechores y complicidad en tentativa de asesinatos".

Asimismo el director de la Policía adjunta la documentación francesa que basa "la participación" de Amedo en los atentados cometidos por un grupo de mercenarios portugueses en febrero de 1986 contra los bares Batzoki y Consolation. La documentación francesa añade que "en caso de arresto, la extradición se tramitaría por vía diplomática".

España no puede conceder la extradición de sus ciudadanos a otros países -ni siquiera la policía tiene que conducirlos ante el juez para una eventual decisión, puesto que la orden de detención especifica que se pide la extradición-, aunque sí puede actuar judicialmente contra ellos en su territorio si las víctimas de los delitos o atentados son de nacionalidad española.

Prisión incondicional

De hecho el juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional está investigando profundamente la supuesta relación de "policías e instituciones" en las acciones terroristas de los GAL llevadas a cabo en el sur de Francia, entre otros motivos porque muchas de las víctimas de esos atentados son españoles.

La orden internacional de captura impide a Amedo salir de España, porque si lo hace y es detectado fuera de España el subcomisario debería ser detenido inmediatamente y entregado a Francia para que respondiera judicialmente de las graves acusaciones que pesan contra el policía español.

Toda la documentación ha sido adjuntada al sumario abierto por el juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional que podría decidir en cualquier momento la detención del mencionado policía y su posterior ingreso en prisión si dispone de pruebas suficientes para elevar la causa a la sala del alto tribunal, ya que el juzgado no puede procesar al subcomisario al gozar de fuero como funcionario policial.

La acusación popular ya ha solicitado su prisión incondicional al considerar que existen suficientes indicios de su participación en las actividades de los GAL, como reclutador de mercenarios y organizador de atentados contra miembros de ETA y residentes vascos en el sur de Francia.

Las fuentes oficiales de la Dirección General de la Policía requeridas por este periódico no respondieron ayer si el subcomisario sería apartado provisionalmente del servicio después de la documentación de la justicia francesa que le implica directamente en "complicidad en tentativa de asesinatos y asociación de malhechores".