Las Cortes acogen una fórmula que legitima el 'lobby'

El Parlamento español adoptará una fórmula cercana a los lobbies (grupos de presión) reconocidos por el Congreso de EE UU, de manera que cuando un parlamentario defienda una iniciativa en la que tenga intereses personales o profesionales deberá declararlo previamente sin que ello pueda ser motivo de reproche "ético", ya que será perfectamente legítimo. La comisión de tráfico de influencias será la encargada de dar forma a esta nueva figura, según se desprende del informe que ha preparado y que será ultimado mañana.

Este informe cuenta con el apoyo del PSOE, CDS, Minoría Catalana, PNV, la Democracia Cristiana y parte del Grupo Mixto.Los trabajos de la comisión de incompatibilidades y tráfico de influencias -que preside el socialista Justo Zambrana- terminan esta semana con la elaboración de un texto que incluirá diversas resoluciones que tendrán que ser traducidas en modificaciones de leyes y en normas internas del Congreso y del Senado. La ley general electoral, la ley de incompatibilidades de altos cargos de la Adminstración, la ley de Régimen Local, el Código Mercantil y los reglamentos del Congreso y del Senado serán las normas que experimentarán modificaciones como fruto de los trabajos de la confusión. El Gobierno tendrá el mandato del Congreso de articular las modificaciones pertinentes antes del 31 de diciembre del presente año.

La figura que se aproxima al lobby y de características similares a una práctica de la Cámara de los Comunes del Reino Unido será insertada en el Reglamento de las Cámaras o incluida en una resolución de las Mesas del Congreso y del Senado. El texto preparado por la comisión parlamentaria dice lo siguiente: "Los diputados y senadores que tengan intereses personales o profesionales en un asunto que sea objeto de tratamiento parlamentario deberán manifestarlo así en el Registro de las Cámaras o, en su caso, antes de su intervención en comisión o pleno".

Otras legislaciones

Los miembros de la comisión han seguido las legislaciones de la República Federal de Alemania y del Reino Unido para regular el llamado Registro de Intereses. Los parlamentarios y altos cargos de la Administración tendrán que dar cuenta de sus bienes, rentas y patrimonio al comienzo de su mandato y en la finalización, aunque en el transcurso del mismo tendrán que someterse a diversas actualizaciones.

La fiscalización será más severa para ministros, secretarios de Estado y subsecretarios que para los escalones inferiores. Las modificaciones en estos casos se plasmarán en la ley de incompatibilidades de altos cargos, que también recogerá la limitación de sus actividades privadas durante los dos años posteriores al cese.

Alcaldes y concejales tendrán que dar cuenta de sus intereses en un registro que se creará para ellos mediante una adición en la ley de Régimen Local. En cambio, respecto a los parlamentarios y altos cargos de las administraciones autonómicas, la comisión de tráfico de influencias apunta sólo a modo de "sugerencia" que se adopten también estas medidas de control. El hecho de que para el poder autonómico se arbitre la fórmula de recomendación y no de imposición obedece a las iniciativas de los miembros del PNV y de Minoría Catalana en esta comisión.

Información privilegiada

El uso ilegítimo de la información privilegiada será objeto de una norma legal general que afectará también a quienes operan en la bolsa de valores. Para ello el Gobierno retocará el Código Mercantil. La fórmula específica no ha sido diseñada por la comisión, sino que lo deja en manos del Ejecutivo y de expertos en la materia, por tratarse de "una materia compleja y delicada que puede levantar gran resquemor en el mundo financiero", según un miembro de la comisión.

El documento elaborado por la comisión, de nueve folios y un extenso preámbulo, será debatido el 22 de junio en el Pleno del Congreso con carácter secreto. AP, el Partido Liberal e Izquierda Unida abandonaron la comisión al considerar que debía investigar casos concretos de tráfico de influencias.