Defensa rechaza presuntas irregularidades en un contrato que beneficia a Ceselsa

El secretario de Estado de Defensa, Rafael de la Cruz, rechazó ayer en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados que se hayan producido "anomalías" en la adjudicación de un programa para el Ejército del Aire que previsiblemente beneficiará a la empresa Ceselsa, uno de cuyos consejeros es el ex ministro Joan Majó. En su primera intervención en las Cortes como secretario de Estado, De la Cruz rechazó las dudas que al respecto expuso el diputado del CDS León Buil.

El programa, identificado con la clave AN88 10, se refiere a la integración de aviónica y software operativo del F-18, y en el mismo se invertirán unos 2.000 millones de pesetas. Para participar en el concurso, las empresas Inisel y Lan presentaron una oferta conjunta frente a otra propuesta por Ceselsa y Entel (esta última, filial de Telefónica). Cuando estaba a punto de finalizar el plazo de presentación de últimas ofertas, Ceselsa solicitó un aplazamiento que le fue concedido por Defensa. Posteriormente, el propio Ministerio de Defensa obligó a Inisel a presentar nuevas condiciones de oferta en un plazo de sólo tres días.Para Buil, estos hechos han podido beneficiar a Ceselsa y perjudicar a Inisel, empresa a la que Defensa ya le comunicó el pasado mes de marzo que quedaba eliminada del concurso, si bien la decisión oficial en favor de Ceselsa aún no ha sido adoptada. "Ha sido un concurso normal, absolutamente normal y considerado habitual", aseguró De la Cruz.

El secretario de Estado dijo comprender que Inisel se sintiera "agraviada" en algún momento, pero precisó que Defensa hace siempre lo posible por intentar que las empresas mejoren sus ofertas, aun a costa de aplazamientos de fechas. Ante casos de este tipo, Rafael de la Cruz dijo que las empresas perdedoras deben analizar las causas y tienen que "introinspeccionarse" (sic).

En la misma sesión, el diputado de Izquierda Unida Enrique Curiel presentó una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a desmantelar el campo de tiro de las Bardenas Reales (Navarra). Todos los grupos votaron en contra o se abstuvieron. Pero a raíz de esa proposición, el diputado navarro de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Luis F. Medrano presentó un texto alternativo en el que, básicamente, pedía que Defensa elevara a varios centenares de millones de pesetas los actuales siete millones -"cifra ridícula", comentó- que perciben anualmente las poblaciones afectadas por el polígono de tiro.

Ecologistas "asesinos'

Medrano afirmó que en esas poblaciones hay "un consentimiento o asentimiento" a la presencia del polígono de tiro, porque, si es necesario un campo de tiro, éste debe estar en algún lugar, y en el sur de Navarra están dispuestos a asumir ese sacrificio", comentó. Añadió que, desde su entrada en funcionamiento hace tres décadas, el número de afectados por accidentes ha sido mínimo. "Muchísimos menos que en los encierros de vaquillas de los pueblos de alrededor", dijo.Agregó que el daño que se hace a la ecología "es mínimo" y que los aviones no crean " prácticamente ningún peligro". Precisó, sin embargo, que los ejercicios causan muchas molestias por los ruidos, y como ejemplo, citó que a él mismo se le había escapado una perdiz en un día de caza por el ruido de un avión. Para Medrano, a algunos ecologistas que protestan por los ruidos "podríamos llamarles asesinos", porque se dedican a criar buitres en la zona, que luego pueden chocar contra los aviones, originando la muerte de los pilotos. "No lo han conseguido más que una vez", señaló, recordando un accidente en el que hace año y medio falleció un piloto americano después de que su avión chocara contra un buitre.

En otro momento de la sesión, el subsecretario del Ministerio de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, insistió repetidamente en que su departamento está desarrollando "un modelo progresivo" para la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, y que ni los militares ni el Gobierno tienen miedo o suspicacia a esa incorporación.