Diferencias sobre el alcance de la inhabilitación para los altos cargos

La comisión sobre incompatibilidades y tráfico de influencias del Congreso realizó ayer un primer debate sobre la inhabilitación de los altos cargos, durante dos años después de su cese, para evitar que trabajen en materias que hayan tenido relación con su cargo público. Los diveros grupos debatieron el mayor o menor alcance de la incompatibilidad.No obstante, dedicaron la mayor parte del tiempo al estudio de los cuestionarios remitidos por diputados y altos cargos con explicación de sus bienes y patrimonio. El examen de los más de 400 cuestionarios llega dos hasta ahora a la comisión condujo a los miembros de ésta a considerar que de los mismos no se deducían argumentos para que ninguno de los encuestados tuvieran que comparecer en la comisión para dar mayores explicaciones.

El análisis de estos cuestionarios ocupó la casi totalidad del tiempo de la comisión, por lo que no se pudo entrar a un debate en profundidad sobre las modificaciones legislativas que habrán de acometer para endurecer el sistema de incompatibilidades y, sobre todo, para establecer mecanismos que impidan en lo posible el llamado tráfico de influencias.

A últimos de esta semana o primeros de la próxima los diferentes portavoces llevarán a la comisión propuestas concretas sobre las incompatibilidades de los altos cargos una vez que hayan dejado el puesto público y reemprendan su actividad profesional o se dediquen a otras nuevas. La inhabilitación de dos años no encuentra oposición, aunque se discrepa en cuanto al alcance de la incompatibilidad. Los socialistas aceptan que un alto cargo no pueda trabajar en lo privado en determinadas rna terias que puedan considerarse muy ligadas al cargo público, pero no a la totalidad. El CDS aboga porque la inhabilitación sea por materias completas.