Los ayuntamientos valencianos, enfrentados con Hidroeléctrica

Los ayuntamientos valencianos ganaron el pasado lunes una batalla en la guerra que les enfrenta a la Compañía Hidroeléctrica Española (HE). Ese día, una orden de la titular del juzgado de Requena (Valencia) permitió que fuera conectado a la red eléctrica el sistema de bombeo de agua de un polígono industrial de la localidad. HE había denegado la conexión ignorando un requerimiento de la Dirección General de Industria y Energía de la Generalitat, que finalmente recurrió al juzgado. La negativa a dar el servicio se justificaba porque el Ayuntamiento de Requena, como muchas otras corporaciones valencianas que consideran que la compañía les cobra más de lo debido, no paga los recibos.Las corporaciones locales adeudan habitualmente importantes cantidades a Hidroeléctrica Española, la compañía que gestiona la red y el suministro eléctrico en el País Valenciano. La deuda ha aumentado a raíz de la decisión de suspender los pagos adoptada el pasado verano por muchos ayuntamientos valencianos. De esta forma, según HE, la deuda acumulada por las corporaciones locales de las provincias de Castellón y Valencia, que en enero del pasado año era de 2.943 millones de pesetas, ha aumentado hasta los 4.117 millones de pesetas del pasado día 31 de mayo. Esta deuda es considerada como un grave agujero en HE, cuya facturación global en estas dos provincias fue de 95.000 millones de pesetas en 1987. Fuentes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) reconocen la existencia de la deuda, aunque en menor cuantía, y señalan que, a su vez, la compañía adeuda a los ayuntamientos cerca de 6.000 millones de pesetas. Esta última cifra es considerada fantástica y desorbitada por la empresa.

La decisión de suspender los pagos a la compañía eléctrica se produjo, según la FVMP, porque HE no ha querido sentarse a negociar para solucionar las diferencias entre ambas partes. Los ayuntamientos consideran que HE cobra habitualmente más de lo que consumen y paga menos de lo debido por la llamada tasa de palomillas. Ésta corresponde al uso de la vía pública para el tendido de conducciones eléctricas y se calcula de acuerdo con la facturación bruta de la compañía en cada localidad. Según la FVMP, la empresa eléctrica paga por este concepto unas cantidades que no son controladas por los ayuntamientos. La compañía señala que ha comunicado sus ingresos a todos los ayuntamientos, que no han acudido nunca a comprobar la exactitud de los datos ofrecidos.