El inspector de Hacienda ante su futuro

En los últimos años, e figura se ha ido transformando en su organización y funciones en línea pareja a la reforma fiscal de 1977. Era uno de los más significados cuerpos de elite de la Administración, aunque existían tres categorías, en función de los tributos sobre los que tenían competencias: intendentes, técnicos fiscales y diplomados.

Los dos primeros eran claramente elitistas, siendo su extracción social de clase media alta, formando auténticos clanes, al igual que otros cuerpos de la Administración civil y militar; gozaban de un gran prestigio profesional, en una época de escasa complejidad y movilidad fiscal, donde no existía conciencia fiscal. Las controversias fisco-con-tribuyentes se dirimían amistosamente, como si se tratara de una transacción mercantil. Por lo demás, disfrutaban de un enorme prestigio social y unas retribuciones basadas en porcentajes sobre actas levantadas, lo cual los convertía en privilegiados.

Esta figura cambia radicalmente a partir de 1977; se unifican los cuerpos en uno solo (inspector financiero y tributario), y se crea un cuerpo intermedio: el de subinspectores de Hacienda. La figura se masifica en número y se abre a otras capas sociales, con lo cual comienza a perder prestigio social y, aparejadamente, su poder adquisitivo desciende de forma vertiginosa.

Problemas retributivos

Las retribuciones no se basan en participación en actas, sino que cobra un sueldo francamente es caso y, eso sí, un complemento específico relativamente importante que hace que siga siendo un privilegiado respecto a otros funcionarios, pero ya no comparativo respecto a los profesionales de la empresa privada o que desempeñan su profesión libremente.

Por contra, la movilidad y complejidad fiscal le exigen una preparación más extensa y una puesta al día continua. Además se topa con unos ciudadanos y unas empresas que van adquiriendo mayor conciencia fiscal, que cuentan con profesionales muy bien preparados y retribuidos en consonancia. Se encuentran con que, además, el fraude no es tan burdo, sino mucho más sofisticado, etcétera. Todo ello provoca en los mayores una situación de añoranza y en los más jóvenes una sensación de frustración y desestímulo. Con la llegada del PSOE al poder, esta tendencia se acentúa, a pesar de algunas ilusiones iniciales.

La penúltima prueba de ello es la refundición en un solo cuerpo de finanzas de los colectivos pertenecientes anteriormente; además de los inspectores financieros y tributarios, los interventores, inspectores de seguros y los de aduanas. Todo ello no se ha sabido con qué objetivo, dado que cada cual sigue con sus respectivas especialidades.

Hace unos días se ha hecho saber a la asociación de inspectores el propósito del ministerio de dar entrada a corto plazo a 1.500 personas para efectuar tareas de inspección mediante funciones de selección distintas de la tradicional oposición.

El asunto, como casi siempre ocurre, ha sido ya objeto de manipulación en algunos medios de comunicación de tendencia conservadora. Esto es grave, dado que con ello no se consigue sino la manipulación política del problema por quienes no tienen nada que ver con él. De esta forma no se hace sino dar la razón a quienes consideran que bajo todas estas polémicas subyace un planteamiento sectario de defensa de privilegios corporativos.

Fraude fiscal

Sería un error que el planteamiento no se hiciera desde el ámbito estrictamente profesional.

Desde este exclusivo ámbito hay que partir de una serie de premisas: el fraude fiscal en nuestro país sigue desgraciadamente muy extendido, y cada vez en ámbitos y mediante formas más sofisticadas.

Además de la potenciación y mejora de los sistemas de informática y de gestión, es imprescindible, por bastante tiempo, contar con un personal suficiente en número, con una amplia y profunda preparación tanto a nivel teórico como práctico. El acceso a esta función, sobre todo en los niveles más elevados, dudo mucho que sea la vía más adecuada el hacerlo directamente de la calle. A mi juicio, el procedimiento que ofrece más garantía es aprovechar la preparación y experiencia de una buena parte del actual colectivo de subispectores. Ello debe completarse con unas retribuciones que no debieran escandalizar a nadie y que estarían en consonancia con el nivel del preparación y la penosidad de la función, que es un aspecto que apenas se ha comentado y que con el incremento de las sanciones y la figura del delito fiscal hay que valorar.

Finalmente, creo con sinceridad que la organización en base a organizaciones que tienen una connotación social e histórica como de defensa de una serie de principios corporativos es un error. El inspector es un trabajador cualificado por una determinada función que aspira a un reconocimiento social y económico en consonancia.

Hace unos días, la Secretaría de Estado de Hacienda, dentro de una serie de medidas tendentes a poner fin a la huelga de interventores, ha presentado un borrador de resolución, según el cual se permite el acceso a funciones de inspección del resto del colectivo del cuerpo de finanzas mediante un curso organizado por la Escuela de Hacienda Pública. Este curso tendría una duración de tres meses y puede hacerse a distancia.

Ello ha provocado una reacción virulenta, inmediata y unánime de los inspectores.

Es hora ya de que se aborde una política seria, que efectúe un diseño de la carrera administrativa, uno de cuyos últimos peldaños puede ser el ejercicio de la función inspectora.