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Tribuna:ENCUENTRO EN ROMA

La informática como instrumento del derecho

Se clausuró el pasado sábado, en el Palacio de Congresos de Roma, el IV Congreso Internacional de Informática Jurídica (Computers and Law), último de los que, organizados quinquenalmente (1973, 1978, 1983 y 1988) en la Ciudad Eterna, con gran despliegue de medios humanos y técnicos, por el Tribunal Supremo (Corte di Cassazione) de Italia, vienen constituyendo la más importante ocasión periódica mundial de encuentro interdisciplinario.

El atractivo de este acontecimiento internacional se basa tanto en el creciente prestigio de la entidad convocante -el Centro Electrónico de Documentación del alto tribunal, creador del más importante banco mundial de datos legislativos y jurisprudenciales y de la más poderosa red de recogida y difusión de los mismos, el sistema Italgiure, copiado o imitado en multitud de países, sobre todo iberoamericanos como en la afluencia, cada día más rica y variada, de aportaciones que, en esta cuarta edición, inaugurada por el presidente de la República y el ministro de Justicia, ha alcanzado más de 500 ponencias y de 1.800 participantes de 62 países.En el plano teórico, la discusión sobre sistemas expertos para el procesamiento de los documentos jurídicos y el asesoramiento automático de los operadores del derecho, sobre semiótica jurídica y nuevos lenguajes formales y modelos matemáticos para el análisis y la comparación automática de las legislaciones, así como para la identificación de las contradicciones y de las lagunas jurídicas o de las consecuencias de las modificaciones legislativas (promulgaciones o derogaciones), ha reunido a especialistas universalmente conocidos y -habituales de estas reuniones, como el británico Stamper, el sueco Aquist, los norteamericanos Allen y Saxon, el noruego Bing, la belga Bauer-Bernet (creadora del sistema CELEX, de la Comunidad Europea), los italianos Ciampi, Losano y Pattaro y los argentinos Alchourrón y Vernengo, impulsores de una colaboración con Italia y España.

Los problemas derivados de la creciente coordinación, adaptación recíproca e integración legislativa de los Estados en comunidades supranacionales con derechos comunitarios de aplicación creciente, que exigen la construcción de tesauros jurídicos multilingües y cada día más sofisticados programas informáticos para el establecimiento y utilización de las equivalencias de términos y expresiones jurídicas de los distintos países, indispensables para la coherencia jurisprudencial en los dictámenes y sentencias de los tribunales internacionales como el de la Comunidad Europa en Luxemburgo o el del Consejo de Europa en Estrasburgo, se han expuesto y discutido en multitud de ponencias de especialistas de dichos tribunales y de centros de investigación como el IRETIJ, de Montpellier, con una nutrida participación de especialistas franceses bien conocidos en nuestro país, como Mehl, Mazet o Vivant.

La aportación española -ciertamente menos importante, en volumen y sobre todo en actualidad y calidad, de la que correspondería a nuestro nivel cultural y económico- ha incluido, no obstante, la exposición de algunos de nuestros trabajos y logros prácticos en distintas áreas, como la gestión de los procesos judiciales y nuestro Tribunal Supremo, por el magistrado del mismo Álvarez-Cienfuegos, o el proyecto Estrada de Asuntos Exteriores, por la doctora Martín del Moral y el señor Delhazaz, o los programas informáticos sobre urbanismo y medio ambiente (Da Cunha, Fuentes Bodelón, López-Mu-ñiz), así como contribuciones teóricas de nuestra investigación universitaria en distintas comunidades autónomas, como la aragonesa, por el catedrático de Zaragoza Galindo-Ayuda (sobre comprobación automática de la teoría de la justificacíón); la catalana, por los profesores de Barcelona Oros Muruzábal y Amat i Reyero (sobre la informatización de las funciones médíco-forenses en Cataluña), o la de la universidad del País Vasco, por el que esto firma (sobre un modelo matemático para el derecho comparado y la comparación automática de legislaciones), y ponencias dedicadas a exponer las graves carencias españolas en la indispensable coordinación de bases de datos legislativos y jurisprudenciales estatales (López-Muñiz) o a explicar la necesidad de coordinar los bancos de datos jurídicos de las distintas comunidades (doctora Álvaro-Bermejo).

Además de su importancia científica, el congreso que concluyó muy pocos días después de la conmemoración y reafirmación, con la presencia y nombrarniento del rey Juan Carlos como doctor honoris causa de la universidad de Bolonia, de la secular colaboración jurídica hispano-italiana, tiene unas consecuencias políticas indudables para la cooperación internacional.

Para referirnos exclusivamente, en este aspecto, al mundo de nuestra lengua y cultura, señalaremos que la presencia de ministros de Justicia iberoamericanos, como el argentino Bielsa o el colombiano Low Murtra, no ha hecho otra cosa que venir a refrendar no sólo la importancia de la numerosa y variada participación hispanoamericana en el Congreso, sino, más aún, la intensa actividad hoy en curso en todos los países de esa comunidad para recopilar, racionalizar, coordinar e informatizar, en previsión de armonizaciones e integraciones futuras, las distintas legislaciones del subcontinente iberoamericano relativas a áreas en las que la unificación es vital, como el de la farmacodependencia, objeto de un programa interamericano de la OEA, o el de las leyes de administración pública de toda Hispanoamérica, en el que la participación de España ha sido y sigue siendo fundamental.

Es indudable, pues, que en este plano el Congreso de Rorna ha servido tanto para reafirmar los comunes objetivos de coordinación y unificación jurídica como para aproximar los instrumentos técnicos e informáticos indispensables para alcanzarlos.

Miguel Sánchez-Mazas es profesor de la universidad del País Vasco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de mayo de 1988