La Diputación de Salamanca, obligada a invertir más en los pueblos productores de energía

La Diputación Provincia de Salamanca va a recurrir contra una sentencia del Tribunal Supremo que la obliga a invertir más del 50% de los ingresos que recibió como canon energético en 1984, 1.600 millones de pesetas, en los pueblos afectados por instalaciones de producción eléctrica.

La misma Sala Cuarta del Tribunal Supremo había considerado suficiente la inversión directa del 30% en las zonas productoras de energía en el caso de Asturias.La diputación salmantina va a presentar, basándose en esta contradicción, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Mientras tanto va a pedir que se suspenda la ejecución de la sentencia, que obligaría a invertir de forma irreversible 800 millones de pesetas en estos pueblos, la mayoría de ellos en la zona fronteriza con Portugal, donde se encuentran grandes saltos de producción hidroeléctrica.

Los fondos del canón energético se distribuyeron entre 1981 y 1985, antes de la entrada en vigor del IVA, entre las provincias productoras de energía, en función de la potencia generada, según la ley de 25 de marzo de 1981. Las instituciones de ámbito provincial, en Salamanca la Diputación, recibieron estas cantidades que debían invertirse "preferentemente" en las zonas en las que se encuentran ubicadas las instalaciones energéticas. La Diputación invirtió cerca del 40% de esos fondos.

Ocho ayuntamientos salmantinos recurrieron los presupuestos de la Diputación en 1984 y reclamaron que todos los fondos del canón fueran a parar a sus municipios, o al menos el 50%. La sentencia del Supremo responde al recurso presentado por Masueco de la Ribera.