El conflicto de Euskalduna

LA DEGENERACIÓN callejera del conflicto de Euskalduna, agravado en las últimas semanas por actos de vandalismo que descalifican a quienes los practican, ha terminado por sensibilizar a la sociedad vasca, que se encuentra ante un abismo económico sin precedentes. Por primera vez, la práctica totalidad de las fuerzas políticas y sindicales y numerosas instituciones han coincidido en una manifestación multitudinaria para pedir la reindustrialización. Comienzan a escucharse términos como desertización industrial y se barajan cifras dramáticas. Ciento treinta mil empleos ha sido suprimidos en los últimos 10 años. La tasa de paro es superior al 22% en la comunidad autónoma.Euskalduna se ha convertido en un símbolo de todos estos hechos y en un aldabonazo para una sociedad que se resiste a aceptar la realidad del declive de su potencial industrial y económico, con frecuencia ocultado o minimizado por sus responsables políticos. La amenaza de la violencia terrorista y el acoso permanente a los empresarios en Euskadi no son las condiciones más adecuadas para atraer inversiones, como tampoco la toma de la calle por los trabajadores de Euskalduna y el clima de intimidación social que sus acciones están creando. Pero ni siquiera esas realidades pueden ocultar la responsabilidad política. El Gobierno suscribió en diciembre de 1984 compromisos que ha sido incapaz de cumplir. Las iniciativas de reindustrialización y recolocación en las zonas afectadas por la reestructuración de sectores industriales han tenido éxito allí donde existía una dinámica propia de crecimiento económico. En Madrid, Barcelona y Sagunto se han superado con creces los empleos necesarios para recolocar a los trabajadores de los fondos. Los resultados no han sido los mismos, en cambio, en El Ferrol y Bilbao. En esta última ciudad quedan todavía en los fondos de promoción de empleo de la construcción naval 3.692 personas, de las que 1.770 tienen menos de 55 años,

Partidos y sindicatos vascos acusan a la Administración central de haber desviado hacia áreas de prosperidad relativa los recursos y las iniciativas imprescindibles para sostener zonas en declive. El hecho cierto es que el número de empleos generados en la cuenca del Nervión, como en la comarca ferrolana, no alcanzan al de trabajadores excedentes en los sectores reestructurados. Ése era el compromiso del Gobierno y no lo ha cumplido.

El problema no se resolverá con la demagogia ni volviendo a recargar innecesariamente las plantillas de empresas cuya dimensión productiva nunca podrá volver a ser la misma que antes. Tampoco se va a solucionar con medidas de orden público. Más bien parece necesario un esfuerzo de coordinación y de planificación conjunta entre los dos Gobiernos, el central y el autónomo, capaz de atraer e implicar a empresas y capitales en un proyecto de renovación y relanzamiento de la economía vasca.

Ese esfuerzo de colaboración parece más lejano que nunca cuando las relaciones entre la Administración del Estado y la autónoma vuelven a deteriorarse precisamente a propósito de Euskalduna y con tonos esperpénticos. El espectáculo del delegado del Gobierno y del gobernador civil dé Vizcaya intentando transferir verbalmente a la Ertzaintza (policía vasca) competencias de orden público sobre un determinado puente de Bilbao y la respuesta de Ardanza pidiendo públicamente su destitución es más que deplorable. Podrá argumentarse, ante la decisión de la Delegación de Trabajo del Gobierno vasco de ordenar la reapertura del astillero, que el Gobierno central y sus fuerzas del orden cargarían con el coste de impopularidad que supondría hacer frente a las eventuales alteraciones de orden público provocadas por una decisión política del Gobierno autónomo. Sin embargo, no es quién el gobernador civil para decidir mediante un acto administrativo cuál es la distribución de competencias en la materia. Todo ello es aún más inexplicable si se tiene en cuenta que el partido del gobernador y el del lehendakari gobiernan en coalición en el País Vasco y comparten, en consecuencia, todas las responsabilidades del ejercicio del poder político.