Ninguna limitación legal tras el cese

Todo el rigor formalista aplicado a los altos cargos durante el ejercicio de su función desaparece con el cese en dicha actividad, tanto si se trata de un puesto en la Administración Como en el sector público de la economía. No hay restricción de ninguna clase para todo tipo de actividades, públicas o privadas, con posterioridad al cese, salvo en el caso del gobernador del Banco de España, que no puede actuar en nada relacionado con la banca en los dos años siguientes al cese de su cargo.Los ministros, por ejemplo, perciben durante dos años una indemnización del erario público (bien que de cuantía reducida), pero no tie nen incompatibilidad ni limitación alguna para el ejercicio de otras actividades. La situación española contrasta con la de Estados Unidos, que prohíbe la relación profesional con la Administración durante los dos años siguientes al cese en un puesto de alta responsabilidad; o con la Comunidad Europea, que también restringe el trabajo de sus altos cargos después de finalizar su servicio público.

Las incompatibilidades de los parlamentarios son menos rigurosas que las de altos cargos. En general, los miembros del poder legislativo pueden hacer todo aquello que no implique contratar con la Administración. No pueden trabajar para el Estado, pero sí recibir subvenciones o incentivos públicos a sus actividades económicas de carácter privado. También están autorizados para colaborar con la Universidad.

Existe, igualmente, compatibilidad entre el escaño parlamentario y un nombramiento para una cartera ministerial o una secretaría de Estado, si bien en ese caso han de renunciar a uno de los dos sueldos.

Sobresueldo

Al menos 80 altos cargos de la Administración perciben, además de su sueldo oficial, retribuciones adicionales supenores al millón y medio de pesetas anuales, según una información publicada ayer por el diario Ya y basada en datos oficiales enviados por el Gobierno para responder a una pregunta de Ramón Rabanera (Grupo Popular).

Los sobresueldos de 30 de estos altos cargos alcanzan incluso la cifra de dos millones de pesetas gracias a estar en dos consejos de administración de empresas públicas.

Según el secretario de Hacienda, José Borrell, los altos cargos "deben estar presentes en consejos de administración que tienen que ver con la funcíón que ejercen". Sin embargo, hay algunos ejemplos contrarios, entre ellos el secretario de Estado para el Deporte, Javier Gómez Navarro, que está en dos consejos de administración que no tienen ninguna relación con el mundo del deporte, y el director general del Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Rafael Muñoz-Lépez, en un caso similar.