Un millar de altos cargos permanece fuera del control de incompatibilidades
Cerca de un millar de personas que tienen la consideración de altos cargos permanecen al margen de los controles establecidos para comprobar la correcta aplicación de la ley de incompatibilidades. Fuentes de la Inspección General de Servicios, que es el órgano encargado del control, admiten que sólo se realiza un seguimiento sistemático de los cargos nombrados por el Consejo de Ministros y de algunos otros que, sin serio, adquieren notoriedad pública.
La ley somete a normas estrictas no sólo a los cargos nombrados por el Gobierno, sino a todas las empresas con mayoría de capital estatal (desde Iberia o CASA hasta las menos conocidas), así como a los organismos públicos, los monopolios estatales y las cajas de ahorro de fundación pública; en total, cerca de 1.500 personas.Los cargos nombrados por el Consejo de Ministros, que son la tercera parte de esa cifra (subsecretarios, secretarios de Estado, directores generales, gobernadores civiles, miembros del gabinete presidencial, embajadores), están obligados a realizar una declaración sobre la totalidad de sus actividades públicas y privadas.
Falta de publicidad
En teoría, los presidentes y gerentes de empresas públicas han de hacer exactamente lo mismo. Cada vez que se produce el nombramiento de un alto cargo, la Inspección General de Servicios de la Administración envía un cuestionario a la persona designada. Pero transcurren varias semanas, e incluso meses, entre la recepción de estos documentos y la comprobación de si el afectado incurre o no en alguna incompatibilidad. Y son numerosos los casos en que pasa aún más tiempo hasta la regularización de la situación legal del afectado. Este sistema se aplica al grupo de cargos nombrados por el Consejo de Ministros y a aquellos otros que, sin ser designados a este nivel, se conocen a través de advertencias del Gobierno o de los medios de comunicación. Sobre ellos existe "un grado razonable de control", según informó un inspector.
Patrimonio personal
El resto -varios centenares de personas- permanece, de hecho, al margen de los controles establecidos por "falta de publicidad de los nombramientos", que no aparecen en el Boletín Oficial del Estado, según la misma fuente.
La ley permite muy pocas actividades compatibles a los altos cargos.
Sólo existe un portillo, que es la "administración del patrimonio personal o familiar"; pero ni siquiera eso es posible cuando el alto cargo, su cónyuge e hijos menores reúnen el 10% de empresas que tengan relaciones con la entidad pública para la que el interesado ha sido nombrado.
También es legal que un alto cargo forme parte de dos consejos de administración en representación del Estado. De hecho, el Gobierno utiliza habitualmente este procedimiento para mejorar las retribuciones de dichas personas -ya que la asistencia a tales consejos genera dietas- y para concentrar en un menor número de manos la información y la gestión de las entidades públicas.
No obstante, medio centenar de altos cargos forma parte de más de dos consejos de administración. Se trata de directivos del Banco Exterior de España, de la Empresa Nacional de Mercados (Mercasa) y del Instituto Nacional de Hidrocarburos. Esas excepciones necesitan autorización del Consejo de Ministros, que desde la entrada en vigor de la ley (1984) ha hecho uso de tal posibilidad en seis ocasiones.
Empresas subsidiarías
La explicación oficial para esa compatibilidad es que se trata de empresas subsidiarias que, por razones de eficacia, deben estar dirigidas por las mismas personas que la cabeza del grupo empresarial. Dichos puestos adicionales no generan rendimientos económicos.
La falta de controles estrictos sobre todos los altos cargos, unido a la ausencia de regulación legal en muchas circunstancias, preocupan e inquietan al Gobierno y a la cúpula del PSOE, en cuyo seno hay posiciones encontradas.
Un sector opina que la polémica sobre el tráfico de influencias ha ido "demasiado lejos" como consecuencia de la posición inicial del Grupo Parlamentan*o Socialista. Este grupo autorizó la creación de la coniÍsión sobre el tráfico de influencias y la dotó de un programa de trabajo que implicaba profundizar a fondo en un problema de especial sensibilidad para la opinión pública.
Otro sector está preocupado por la falta de regulación legal de las actividades de los altos cargos después del cese, así como de las condiciones en que pueden realizarse labores de mediación entre intereses privados y la Administración.
La solución a esta polémica interna en el PSOE ha sido la clave del giro que se ha producido en la comisión de tráfico de influencias a través de su presidente, el socialista Justo Zambrana.
El tratamiento del problema, desde el punto de vista del Gobierno y de la cúpula socialista, consiste ahora en regular los aspectos no previstos por la ley y mejorar los mecanismos internos de control e información.
Las eventuales reformas han comenzado a ser estudiadas por grupos de trabajo, y podrían ser encaminadas a la comisión de tráfico de influencias a través del representante socialista, Justo Zambrana.
Aun así, altos cargos del partido socialista y del Gobierno reconocen en privado que Alianza, Popular "ha encontrado esta vez un buen tema para dar la batalla".
