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Tribuna:

El ser o no ser de la enseñanza pública

Por si alguien lo dudaba, está claro que la huelga de la enseñanza pública es bastante más que un conflicto laboral e incluso más que una huelga. En realidad es como el estallido de muchas frustraciones colectivas que se han ido acumulando a lo largo de los años en una sociedad donde la enseñanza pública ha sido siempre la pariente pobre del sistema educativo y donde la divisoria entre el sector privado y el público ha sido una de las que más claramente han marcado las diferencias sociales. La enseñanza pública ha experimentado en los últimos años un importante avance, pero ese avance no ha servido todavía para superar totalmente las consecuencias heredadas del pasado ni para colmar la distancia que la ha separado históricamente de una privada que sigue siendo sinónimo de privilegios antiguos y nuevos.Los cambios sociales y económicos que se han producido en nuestro país han creado, por lo demás, nuevas contradicciones y frustraciones, que se han añadido a las que se arrastraban de antes. Así, por ejemplo, la sociedad exige cada vez más a la escuela pública y a los enseñantes, pero esto no ha significado una mejora de la consideración y del prestigio sociales de éstos. Por otro lado, mientras la situación económica general mejora ostensiblemente, muchos enseñantes tienen la sensación de que ellos, como colectivo, no participan de los beneficios de esta mejora y, a la vista de lo ocurrido con otros colectivos -como el de los médicos por ejemplo-, pueden llegar fácilmente a la conclusión de que eso se debe a que no tienen suficiente capacidad de presión para hacerse oír y escuchar.

Personalmente, estoy convencido de que el Gobierno del PSOE, y muy especialmente el Ministerio de Educación y Ciencia, han mostrado sensibilidad y capacidad para enfrentarse con los problemas heredados y para definir, en función de ellos, un modelo educativo general que ha tenido sus ejes principales en la LODE, la LRU y los proyectos de reforma de las enseñanzas medias y universitarias. Son leyes y proyectos discutibles, desde luego, pero que constituyen una respuesta muy seria al conjunto de los problemas existentes.

Pero lo que demuestra el actual conflicto -como lo demostró también el de los estudiantes el año pasado- es que una cosa es la definición de este marco general y otra enfrentarse con los problemas que genera el funcionamiento cotidiano del sistema educativo y la gestión ordinaria de los centros, y que para esto último se necesita tanta o más sensibilidad que para lo primero.

Así, por ejemplo, una cosa es crear la figura del director de centro y el consejo escolar como órgano de participación de profesores, padres y alumnos, y otra es asegurar las condiciones para que estas instituciones funcionen de verdad y cuenten con instrumentos, con puntos de referencia y con medios para ser operativos.

Algo parecido cabe decir del problema de la reforma. Una cosa. es diseñar una importante reforma de las enseñanzas medias, y otra crear las condiciones para que sus principales promotores -los enseñantes- se sientan realmente estimulados para llevarla adelante, venciendo los múltiples obstáculos, las inercias, los corporativismos y las incomprensiones con que, sin duda, va a chocar. Ni en las enseñanzas medias ni en la Universidad va a prosperar reforma alguna si no se genera una sólida mayoría que la impulse en cada centro. Y la tarea de la Administración educativa es crear las condiciones para que esa mayoría se constituya y se mantenga.

La vida cotidiana de los centros, con sus limitaciones de recursos y sus tensiones, las nada fáciles relaciones entre los enseñantes y los padres y la dificultad creciente de las relaciones de los enseñantes con un alumnado masificado y desorientado por la disparidad de influencias culturales, los problemas generacionales y la falta de perspectivas claras de futuro son una fuente constante de crispaciones y de frustraciones. Y así es como los enseñantes viven y aplican en concreto el diseño general de la reforma educativa y de las grandes leyes que la configuran. Sin comprender esto no se puede comprender la verdadera entidad del actual conflicto. Por eso es mucho más que una huelga laboral.

Pero la huelga ha servido para plantear todos estos problemas de manera contundente y para sacar a todos de la pasividad o de la resignación. Éste es su gran mérito, y esto ha sido posible ahora, y no lo fue antes porque las elecciones sindicales han dado al conjunto de los enseñantes un instrumento organizativo que no tenía. Por eso el movimiento ha tenido tanta fuerza y por eso ha conseguido iniciar, mantener y culminar una negociación que de hecho abarca el conjunto de los problemas existentes, aunque la reivindicación más aparente e inmediata sea la salarial. Todos los sindicatos, con la excepción de Comisiones Obreras, han firmado un preacuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencia, y éste es un elemento nuevo de gran importancia porque abre una posible vía de salida. También es importante que alguna comunidad autónoma -como la Comunidad Valenciana- haya establecido sus propios mecanismos de negociación complementaria. Y aunque es escandaloso que algunas comunidades autónomas que tienen plena competencia en la enseñanza se sigan manteniendo al margen del conflicto y contemplen el preacuerdo como si no les concerniese, no cabe duda de que la firma de éste es un éxito de la huelga.

Pero precisamente por esto creo que la situación actual del conflicto ya no se puede seguir enfocando igual, como al principio, por ninguna de las partes. El preacuerdo existe, y se puede estar o no de acuerdo con él, pero no se puede ignorar ni descalificar sin más. A partir de ahora, las alternativas son claras: o se acepta el preacuerdo como base de unos compromisos más generales y definitivos que el propio preacuerdo ya anuncia o se rechaza sin más y se vuelve a empezar.

Los enseñantes han de tomar una decisión, y es bueno que sepan que aquí entran en juego no sólo los estados de ánimo personales, por importantes que sean, sino también otros muchos factores, entre ellos los que se refieren a su propio futuro como colectivo. La aceptación del preacuerdo no resuelve todos los problemas, pero puede abrir un camino de solución negociada y puede fortalecer a los sindicatos como instrumentos de lucha y de encuadramiento estables, sin los cuales ningún colectivo puede funcionar ni defender seriamente sus reivindicaciones. Rechazar el preacuerdo significa plantearse otra vía de acción. Y el problema es: ¿cuál? ¿Con qué instrumentos organizativos? ¿Con qué objetivos? ¿Negociables o innegociables? Si son negociables, ¿cuáles y quién los negocia? Si son innegociables, ¿hasta dónde se piensa llegar, sabiendo como se sabe que nada desgasta más a un colectivo movilizado que una huelga indefinida sin instrumentos estables de dirección y negociación? ¿Y cómo se piensa hacer frente a los otros conflictos que puedan aparecer, como el posible enfrentamiento con los padres de alumnos? Éstas son preguntas que ningún enseñante puede eludir a la hora de tomar una opción sobre lo que se ha conseguido hasta ahora, es decir, sobre el preacuerdo.

Es posible que muchos enseñantes se desentiendan del preacuerdo y de la negociación porque para ellos el problema de verdad es que están hartos y desmoralizados y porque piensan que ahora están unidos y tienen al adversario contra las cuerdas y, por consiguiente, es el momento del todo o nada. Pero creo que todos tenemos el deber de recordarles que también ellos son responsables de lo que vaya a ocurrir, que tienen la obligación de no confundirse de enemigo y que en estas cuestiones el todo o nada puede llevar, y frecuentemente lleva, a la dispersión, a la desorganización y finalmente a la nada.

En cuanto al ministerio, creo que en un momento como éste debe procurar por todos los medios que quede clara su voluntad de dar prioridad absoluta a la mejora de la enseñanza pública y que para ello debe realizar las actuaciones que lo demuestren sin lugar a dudas. Y no parece que hacer gala de intransigencia sea precisamente la actitud que ahora se requiere.

Éste no es sólo un problema entre los enseñantes y la Administración. Es un problema ciudadano en el que todos tenemos mucho que decir y que es fundamental para nuestro sistema democrático. Por consiguiente, todos tenemos el derecho de pedir sentido de responsabilidad a las partes. Este país necesita sólidas organizaciones sindicales, fuertes organizaciones cívicas que conecten a los colectivos de ciudadanos con las instituciones de Gobierno, una Administración legitimada y prestigiada y unas administraciones autónomas que asuman sus responsabilidades y no escurran el bulto de la manera escandalosa y lamentable en que lo están haciendo algunas. Esto también está en juego en el conflicto. Y por encima de todo, no podemos olvidar que si un conflicto como éste se resuelve mal y termina peor, el perdedor será la enseñanza pública, y el ganador, la enseñanza privada. Y éste es también otro problema de fondo de nuestro sistema democrático.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 14 de mayo de 1988