Críticas de penalistas al "giro represivo" en la lucha antidroga

ENVIADO ESPECIALEl "giro represivo" de la reforma del Código Penal en materia de tráfico de drogas aprobada en marzo de este año fue criticado ayer en Albacete por varios penalistas en las jornadas organizadas por la universidad de Castilla-La Mancha, que han reunido esta semana a 75 magistrados, 25 fiscales y más de 50 profesores para examinar las últimas reformas penales.

El antiguo fiscal de la droga y hoy magistrado del Tribunal Supremo, José Jiménez Villarejo, cuestionó la elevada agravación de las penas, y los profesores Francisco Muñoz , Conde y José Luis Díez-Ripollés llegaron más lejos en sus críticas. Este último vinculó la reciente reforma a las presiones de Estados Unidos y aseguró que "afectará negativamente al plan nacional contra la droga, acertadamente centrado en la prevención".

Previamente, el catedrático y magistrado del Tribunal Supremo Marino Barbero Santos describió los trabajos legislativos en materia de ingeniería genética y planteó, junto a la inutilidad de poner límites a la ciencia, la necesidad de que se respete la dignidad humana. En concreto, advirtió de riesgos tales como que una mujer sea inseminada artificialmente contra su voluntad, que se fabriquen hijos sin derecho a conocer la identidad de su padre, que se incurra en prácticas racistas o sexistas o se creen seres mixtos de la especie humana y animal.

En una mesa redonda moderada por el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, se analizaron las relaciones entre libertad de expresión y derecho al honor. Los intervinientes coincidieron en que prevalezca el derecho a la información, si bien fue el fiscal del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, quien realizó una propuesta concreta.

Martín Pallín propuso que, dado que la determinación de los daños morales exigiría evaluar "circunstancias tan impalpables, sutiles o incorpóreas como el ansia, la inquietud, la 'preocupación, el deshonor, la tristeza, la melancolía, lo que es tarea más propia de un gabinete de psicoterapia que de un jurista", se elimine de la ley de 1982 la indemnización, que sólo ha servido, según estimó, para mercantilizar el honor.