El Ayuntamiento de Cataluña

En un país gobernado bajo la voluntad de convertir la Generalitat en un microestado, en el que una de las principales bazas de la oposición son las alcaldías de las ciudades más importantes, la confrontación entre el poder autonómico y el poder local se ha convertido en un conflicto ineludible. En este contexto, el Gobierno de CiU ha dado muestras más que suficientes de querer actuar como el gran Ayuntamiento de Cataluña, en detrimento del fortalecimiento de la autonomía municipal. La aprobación de las leyes de ordenación territorial (LOT) y la iniciativa legislativa para someter los cuantiosos presupuestos de las diputaciones a un único plan de inversiones coordinado por la Generalitat han sido en estos cuatro años los principales motores de una confrontación cuya única y efímera excepción fue el pacto cultural impulsado por el ex conseller de Cultura Joan Rigol, compromiso convertido hoy en el espectro de una voluntad pactista que fracasó.

La relación del Gobierno de la Generalitat con los municipios de Cataluña ha estado presidida, estos últimos cuatro años, por la ausencia de un marco institucional estable. A última hora, a finales de abril y sólo a tres semanas del inicio de la campaña electoral, y en virtud, precisamente, de la LOT, quedó constituida la comisión de Gobierno Local de Cataluña. Por esta comisión mixta, en la nueva legislatura, deberán pasar los proyectos de ley tramitados por el Consell Executiu. Será uno de los pocos filtros de que dispondrán los ayuntamientos para ejercer un cierto control sobre la política de la Generalitat, especialmente en el terreno competencial. Una de las tareas de esta comisión será la de informar sobre las subvenciones previstas por el Plan único de Obras y Servicios, uno de los nuevos instrumentos financieros de los que dispone el Consell Executiu para promover la inversión local, especialmente en los pequeños municipios.La ausencia de un marco institucional estable ha tenido también su traducción económica al no existir, tampoco, el Fondo de Cooperación Local, mecanismo que habría de representar la garantía de criterios objetivos en la canalización de la ayuda financiera a los ayuntamientos.

Estos dos datos son el principal argumento de quienes desde la oposición sostienen que desde el inicio de su mandato como presidente de la Generalitat, hace ocho años, Pujol no ha dejado en ningún momento de estar interesado en mantener una relación con los ayuntamientos basada en el subjetivismo, cuando no en el clientelismo más o menos encubierto. Esta es la opinión de los dirigentes de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), en la que están representados los ayuntamientos gobernados por la izquierda, para quienes, en este último mandato, el Gobierno de Convergència i Unió (CiU) ha incrementado su tendencia "a limitar la integridad competencial del poder local". "Les ha costado crecer", añaden, "a base de la descentralización del Estado y han optado por hacerlo a costa de los ayuntamientos".

La LOT y la CMB

La aprobación de las cuatro leyes que integran la LOT ha sido el principal detonante de la confrontación entre el poder autonómico y el local, y no solamente por el gran impacto político que supuso la decisión de eliminar la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB). Los otros tres ingredientes de la LOT también pusieron en pie de guerra a los principales ayuntamientos del país.La ley comarcal, que restableció el mapa territorial de la época republicana, es juzgada desde los ayuntamientos gobernados por la izquierda como un intento de devaluar la expresión política emanada de las elecciones municipales (los miembros de los consejos comarcales no son elegidos en votación directa), y como el principal instrumento para sustraer competencias al poder local en beneficio de unos organismos intermedios controlados por CiU gracias a la bonificación que la ley establece para los pequeños municipios.

La tercera pieza de la legislación territorial, la ley municipal, según estas mismas voces críticas, establece muchos más controles y minuciosas obligaciones que las que determina la legislación básica del Estado sobre los gobiernos locales. Esta ley limita, por ejemplo, la autonomía de los ayuntamientos para crear mancomunidades cuando éstas afecten a municipios de más de una comarca, ya que para ello hay que contar con una autorización expresa del departamento de Gobernación. Otro tanto ocurre con la ley de diputaciones, interpretada desde estos mismos sectores como una ley pensada para "cortar las alas a la Diputación de Barcelona", la única institución provincial no controlada por CiU.

Desde el punto de vista de la coalición nacionalista la existencia de este frente municipal de oposición, en el que no están presentes la mayoría de los pequeños municipios de Cataluña, pone en evidencia las limitaciones de la izquierda, que, según CiU, se sabe condenada a no traspasar por mucho tiempo los límites del gobierno local. Esta oposición municipalista constituye para Convergéncia, junto a la política de "involución autonómica" que Pujol atribuye constantemente al Gobierno de Felipe González, la pinza con la que los socialistas quieren aprisionar al Gobierno nacionalista.

Ante esta situación, el presidente de la Generalitat ha optado no tan sólo por una política de contención de la reivindicación municipalista sino por una decidida ofensiva para acotar su campo de maniobra. Bajo esta perspectiva se entiende una de las decisiones de mayor envergadura adoptadas durante esta legislatura: la eliminación de la CMB, bastión desde el que el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, empezaba a convertirse, de hecho, en el dirigente político del territorio en el que vive la mitad de la población de Cataluña. Pujol protagonizó este episodio con la más absoluta rotundidad cuando, en plena efervescencia del debate, afirmó que "Cataluña no es una diarquía".

También bajo la óptica de acotar el campo de maniobra socialista, CiU lanzó la ofensiva para controlar los presupuestos de las diputaciones, con la ley del Plan único de Obras y Servicios -actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional-, que permite poner en manos del Consell Executiu un importante caudal económico cuyos principales beneficiarios son los pequeños ayuntamientos, gobernados en su mayoría por los nacionalistas. El tercer elemento de esta estrategia pasa por la creación de los consejos comarcales que, consolidando la hegemonía de los municipios pequeños, pone a importantes ayuntamientos gobernados por la izquierda como Gerona, Tarragona, Mataró, Granollers, Vilafranca del Penedés, Valls, y Reus bajo un gobierno comarcal dirigido por CiU.