400.000 españoles mayores de 65 años no reciben ningún tipo de pension pública

El ministro de Trabajo, Manuel Chaves, quiere tener concluido en el último trimestre de este año el borrador de ley de pensiones no contributivas para que pueda entrar en vigor en 1989. De ellas se beneficiarán los ancianos, inválidos y minusválidos en estado de necesidad. Las primeras estimaciones indican que alrededor de 400.000 españoles mayores de 65 años no reciben ningún tipo de prestación pública y, en consecuencia, ellos son los potenciales beneficiarios de las futuras pensiones sociales. No obstante, de esa cifra se debe depurar el número de personas que disponen de rentas medias y altas para conocer las que se encuentran en situación de marginación, y se tienen que incluir los inválidos y minusválidos.

La elaboración del proyecto de ley de pensiones no contributivas cuenta con serios problemas. A las dificultades técnicas que supone realizar los estudios previos para conocer qué número de personas deben ser sus beneficiarios, se añaden las resistencias del Ministerio de Economía a la puesta en marcha de este tipo de prestaciones. De hecho el proyecto, que es un compromiso electoral del PSOE, ha sufrido algunos retrasos, aunque el compromiso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es tenerlo concluido antes de fin de año para su envío a las Cortes. Previamente será discutido con los sindicatos y la patronal.El punto más importante de esta ley es que reconoce el derecho subjetivo de todo español a percibir una pensión, aunque no haya tenido un empleo o no haya abonado las cotizaciones suficientes para cobrar una prestación contributiva, tal como indica el artículo 41 de la Constitución.

Su cuantía aún no está fijada, aunque los primeros cálculos indican que puede estar en torno al 50% del salario mínimo interprofesional, en estos momentos situado en 44.040 pesetas al mes. Además de la pensión, los ancianos, inválidos y minusválidos a los que se les reconozca un estado de necesidad tendrán derecho a prestaciones médico-farmacéuticas y a utilizar las residencias del Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso).

El objetivo final, según Manuel Chaves, es que las pensiones abarquen a todos los ciudadanos, y no sólo a los que tienen un empleo, y al mismo tiempo que garanticen un nivel de vida razonable por su cuantía, corrijan las desigualdades y sobre todo las situaciones de marginación. El mandato constitucional no se ha cumplido hasta ahora por problemas derivados de la crisis económica. La universalización de las pensiones se vinculará con la generalización de la asistencia sanitaria y una política de protección a los parados de larga duración y a quienes tengan responsabilidades familiares, hasta situarlos a nivel de la CE

Aplicación escalonada

Tras el reconocimiento del derecho subjetivo, se procederá a una aplicación escalonada, comenzando por las situaciones de marginación, aunque aún todavía no se ha determinado el número de personas que se verán favorecidas ni el nivel de rentas máximo que se exigirá para percibir las pensiones no contributivas.A este sistema, que se integrará en la Seguridad Social pública, se incorporarán también las actuales pensiones asistenciales, que son graciables y se destinan a personas mayores de 68 años, aunque está previsto que para el próximo año se rebaje la edad mínima para percibirlas. Estas pensiones de beneficencia no se conceden a quienes en teoría pueden recibir alimentos por parte del cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos. Ahora hay 370.000 beneficiarios que reciben 14 pagas al año de 17.200 pesetas cada una. El coste total anual es de 70.000 millones de pesetas.

Antes de la elaboración del proyecto de ley, el Ministerio de Trabajo ha realizado una encuesta entre los sindicatos, la patronal CEOE, las comunidades autónomas, Cáritas y la Conferencia Episcopal para conocer sus criterios y la información que todos ellos cuentan sobre el sector de la población afectada. Además la semana pasada se han celebrado en Jávea unas jornadas, en colaboración con el Instituto Europeo de Seguridad Social, para conocer las leyes en vigor, y en ellas han participado expertos de varios países.

La experiencia de los países comunitarios indica que este tipo de prestaciones se cobran a partir de los 65 años, e incluso en algunos, como Bélgica y Alemania" su cuantía es más alta que ciertos niveles de pensiones contributivas.