Especuladores

ANTE NUESTROS ojos, silenciosamente, está teniendo lugar una gigantesca redistribución de fortunas. Cada día nos encontramos con nuevos millonarios gracias a operaciones afortunadas en la bolsa o a lucrativas compraventas de edificios o terrenos. Al ritmo que van las cosas, pronto podremos contar con unos cuantos afortunados partícipes en el restringido grupo de supermillonarios del mundo, émulos precoces del sultán de Brunei, de los jeques árabes o de algún afortunado industrial norteamericano. Las fortunas en la bolsa se han realizado en buena medida gracias a la utilización abusiva de información privilegiada, legalmente permitida aquí, y al consiguiente despojo de los pequeños ahorradores. En cuanto a la especulación inmobiliaria, el perverso mecanismo de la misma ha condenado a todos aquellos que deseen adquirir una vivienda a trabajar varios años gratuitamente para los especuladores. Curiosamente, la sociedad española tiende a consagrar como héroes a quienes se enriquecen de la noche a la mañana, quizá porque en la mente de muchos se trata de una forma de hacer fortuna cuyo mecanismo se aproxima al de la lotería.Tal vez lo más notable de este episodio es que se está produciendo bajo un Gobierno socialista y ante la pasividad absoluta del mismo. La nueva ley del Mercado de Valores, aún en proceso de discusión, llega tardíamente a poner coto a los abusos que se cometen en la bolsa, mientras que los especuladores inmobiliarios campan por sus respetos desde hace varios años. La explicación oficial de la fenomenal subida de los precios de las viviendas en las grandes ciudades consiste en echar la culpa a los ayuntamientos, a quienes se acusa de haber reducido la oferta de suelo urbanizable en un período de aumento de la demanda del mismo. El argumento, aunque cierto, sólo explica parcialmente un problema cuya envergadura debería preocupar algo más a un Gobierno que, puntilloso y milimétrico en lo referente a la redistribución de las rentas, hace la vista gorda cuando se trata de la redistribución de patrimonios. En cualquier caso, el color político de los ayuntamientos de la mayoría de las grandes ciudades españolas es el mismo que el del Gobierno central.

La envergadura del proceso de redistribución puesto en marcha por la especulación urbana se pone claramente de relieve cuando se considera la situación de los jóvenes que quieren iniciar su vida fuera del hogar paterno: hace cinco años, el precio de una vivienda de proporciones modestas en una gran ciudad podía representar entre tres y cuatro años de salario, mientras que hoy esta misma vivienda puede representar fácilmente siete u ocho años de trabajo. Dicho de otra manera, un matrimonio joven que comience a pagar hoy su vivienda tendrá que trabajar varios años gratuitamente para el especulador de turno. Se trata, obviamente, de supuestos medios, siempre discutibles; no lo es, sin embargo, el sentido general de este fenómeno y la evidencia de que los adquirentes de viviendas a partir de ahora van a tener que dedicar varios años de su vida a pagar el suplemento de coste impuesto por la especulación.

Se trata de un problema grave enmascarado por la ilusión monetaria de una mayoría de propietarios de viviendas, que se creen más ricos al ver progresar el precio de las mismas. Pero es una ilusión que va a costar cara a la mayoría de los ciudadanos de este país, que van a tener que pagar más impuestos tras la revisión de los catastros. En cuanto a los jóvenes, tendrán amplias y justificadas razones para poner en entredicho la herencia que van a recibir: primero, se les negó el trabajo, y luego, más tarde, cuando al fin han comenzado a crearse empleos, a menudo precarios, se encuentran con que se les niega el cobijo.