La Comunidad y el MOPU construirán una planta incineradora de residuos
La Comunidad de Madrid y el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) estudian conjuntamente la construcción de una planta incineradora de residuos industriales orgánicos en una zona cercana al municipio de Madrid. La planta dará cabida a unas 26.000 toneladas anuales de este tipo de residuos que se generan en la región, procedentes en su mayoría de industrias que así como de desechos provenientes del centro y del sur de España.
La región de Madrid genera al año 500.000 toneladas de residuos industriales, de los que 64.000 necesitan un tratamiento especial para evitar efectos contaminantes. Un total de 26.000 toneladas corresponde a residuos orgánicos, procedentes en su mayoría de industrias químicas, que precisan de un tratamiento especial.El almacenamiento en condiciones defectuosas o el vertido incontrolado de Iodos químicos y farmacéuticos, residuos halogenados, fenoles, cianuros, disolventes, pinturas y otros productos tóxicos que generan las industrias han creado una situación que los responsables del medio ambiente de la región califican de "muy preocupante". La construcción de la planta incineradora para acoger este tipo de desechos estaba prevista en el Plan Coordinado de Actuación de Residuos Industriales (PCARI) de la Comunidad, pero la complejidad de la instalación y su alto coste (superior a los 1.000 millones de pesetas) obligaron a aplazar la decisión
Plan de carácter nacional
La planta estará integrada en un plan de carácter nacional que prevé dos instalaciones similares en el norte de España, en Cataluña y el País Vasco.El MOPU estudia varias posibilidades para la ubicación de la planta incineradora, aunque fuentes de la Comunidad señalan que se construirá en un lugar próximo a la planta de tratamiento fisico-químico del Valdebebas, en el límite del municipio de Madrid con Paracuellos del Jarama. Razones técnicas y económicas hacen recomendable que ambas instalaciones estén próximas.
La planta de Valdebebas procesa al año 20.000 toneladas de residuos industriales líquidos que luego reciben tratamiento en una depuradora cercana antes de ser vertidos en el río Jarama. Un 10% de estos residuos se procesan como fangos que, una vez neutralizados y prensados, van a parar al depósito de seguridad de San Fernando de Henares, inaugurado hace un año.
La planta incineradora comenzará a construirse probablemente en 1989. El proyecto inicial prevé la creación de cuatro hornos incineradores, que pueden alcanzar una temperatura de 1.600 grados centígrados, y un reactor de pared fluida que puede generar temperaturas de hasta 2.200 grados. Los hornos podrán acoger residuos sólidos, líquidos y gaseosos, que serán eliminados por efecto de la combustión.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- III Legislatura España
- Relaciones Gobierno central
- Ecologismo
- MOPU
- Incineradoras basura
- Gobierno de España
- Instalaciones residuos
- Presidencia Gobierno
- PSOE
- Residuos
- Financiación autonómica
- Ecologistas
- Legislaturas políticas
- Ministerios
- Saneamiento
- Organizaciones medioambientales
- Salud pública
- Partidos políticos
- Comunidad de Madrid
- Política autonómica
- Comunidades autónomas
- Finanzas públicas
- Política sanitaria
- Gobierno
- Administración autonómica