La tentación de la mordaza

LA PRIMERA ministra británica, Margaret Thatcher, ha dado muestras en el pasado de lo peligroso que puede resultar en manos de los gobernantes el manejo de conceptos como seguridad nacional y razones de Estado aplicados a la Prensa, sobre todo cuando el gobernante quiere atribuirse, además, la interpretación exclusiva de su significado. Ahí están para atestiguarlo, y sólo en el último año, casos como el espectáculo de la entrada policial en las sedes de la BBC y del semanario británico New Statesman para secuestrar el material de un reportaje sobre el proyecto del satélite espía Zircon o la prohibición del libro Spycatcher (Cazador de espías), del antiguo agente del servicio de contraespionaje M15, Peter Wright. Sólo la resistencia de los medios de comunicación británicos en lo que consideran su legítimo derecho a informar ha mantenido intacto el correspondiente derecho de su público a ser informado. Asombra que un primer ministro, cuyas credenciales democráticas parecen impecables, pueda querer amordazar a una Prensa cuya libertad es garantía de perpetuación del sistema que hace posible el concepto mismo de un jefe de Ejecutivo libremente elegido.Ahora la señora Thatcher ha intentado aplicar esa etérea razón de Estado a un reportaje de la televisión independiente sobre la muerte por la policía de tres miembros del IRA en Gibraltar -en el que diversos testigos ponen en duda la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad- y ha aducido en su favor la manida teoría de que los hechos están sub judice. Y el ministro de Exteriores, Geoffrey Howe, que el pasado día 7 de marzo se adelantó a cualquier pronunciamiento judicial y ofreció a la Cámara de los Comunes una versión (aplaudida, dicho sea de paso, por la oposición laborista) que era exculpatoria para los agentes que intervinieron en el suceso, ha descalificado como .un intento completamente inadecuado de convertir un programa de televisión en juez, acusación y jurado". Como si los agentes que acabaron con la vida de los tres terroristas irlandeses- quienes, según el reportaje en cuestión, se encontraban con las manos en alto en el momento de recibir los disparos- no se hubiesen constituido al mismo tiempo en acusadores, jueces y verdugos. La misión de los jueces es decidir sobre los casos después de obtener el mayor número de pruebas posible. La de la Prensa, ofrecer a la opinión pública todos los datos de que disponga sobre acontecimientos de interés general. Son incontables los casos en que investigaciones aportadas por la Prensa han ayudado a un mejor esclarecimiento de un caso judicial y sólo desde el sarcasmo o la mala fe puede considerarse esa legítima actividad de la Prensa como una injerencia en la actividad de los jueces. Si los testimonios aparecidos en el reportaje de la televisión independiente británica ayudan a un mejor conocimiento de lo que realmente ocurrió en Gibraltar, no sólo se habrá dado un paso adelante en el ejercicio de la libertad de expresión, sino también, si llega el caso, en la administración de justicia.

El Reino Unido tiene una tradición loable de respeto a los jueces en la averiguación del delito. A ella se ha añadido, desde tiempo inmemorial, un escrupuloso acatamiento de¡ principio de la libertad de prensa. Ésta, a su vez, ha hecho siempre gala de la mayor prudencia al informar sobre hechos sometidos a investigación judicial, entre otras cosas porque las leyes británicas al respecto son severas, protegen al justiciable y no permiten, como en España, que jueces, fiscales, abogados y reos utilicen los medios a su antojo para confundir a la opinión pública. Por eso, la actitud de Thatcher no hace sino poner de relieve la facilidad con que el terrorismo mina, silenciosa pero implacablemente, un valor tan esencial del sistema democrático como es la libertad de prensa.