Dudas sobre la reelección de José María Fernández Pirla como presidente del Tribunal de Cuentas

, La reelección para un tercer mandato de José María Fernández Pirla como presidente del Tribunal de Cuentas, o su sustitución por otro consejero, deberá producirse el próximo mes de julio. La importancia de este tercer mandato, que se extenderá hasta 1991 y coincidirá, por tanto, con la celebración de elecciones generales, ha desatado ya las expectativas personales de algunos consejeros y ha propiciado todo tipo de rumores en las últimas semanas.

El Tribunal de Cuentas en los próximos tres años entrará a analizar de lleno la, gestión de los socialistas en distintos organismos de la Administración y examinará asimismo las cuentas de los partidos políticos. Los resultados de estas investigaciones y su posterior publicidad pueden influir en el electorado, según reconocen fuentes parlamentarias.La composición actual del Tribunal de Cuentas, cuyos 12 consejeros fueron elegidos por el Congreso y el Senado en julio de 1982, refleja todavía en buena medida el mapa político de aquella legislatura. Seis de estos consejeros fueron propuestos por UCI) y responden ideológicamente, a la hora de votar en los plenos del tribunal, en términos generales, a posiciones de derecha o centro-derecha. Los otros seis consejeros fueron propuestos por el PSOE, y sus pronunciamientos suelen decantarse hacia las posiciones más progresistas y hacia las más favorables para el partido socialista.

El actual presidente, José María Fernández Pirla, fue uno de los consejeros propuestos por UCI) en 1982. Su acceso a la presidencia del tribunal contó con el respaldo de los consejeros propuestos por el PSOE tras un acuerdo con los centristas. Este pacto impidió que el presidente fuese el magistrado Rafael Mendizábal. Este consejero, que también había sido propuesto por UCI), declinó días después el desempeño de este cargo y en la actualidad es presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Fernández Pirla fue reelegido presidente del Tribunal de Cuentas, para un segundo mandato de tres años, en julio de 1985. En estos tres últimos años, en los, plenos del tribunal, los consejeros se han dividido con frecuencia en dos grandes bloques, atendiendo a su origen, a la hora de aprobar o no determinadas auditorías o de suavizar su contenido antes de remitirlas a las Cortes.

En un bloque se alinean cinco de los seis consejeros propuestos por la extinta UCD -(Ubaldo Nieto, Pedro Bujidos, Carlos Ollero, Fernando Murillo y Marcial Moreno) y el consejero propuesto por el PSOE, Andrés Sanza Ramírez ("Fue un error. Nos' salió rana y se ha pasado a la otra trinchera", confiesa un diputado! socialista). Frente a este grupo conservador, que reúne seis votos, aparece el bloque que integran los demás consejeros propuestos por el PSOE (Esteban Granado, Andrés Suárez, Pascual Sala, Álvaro Rodríguez y Juan Mancebo). Fernández Pirla, que posee un voto de calidad para dilucidar situaciones de empate, no tiene necesidad de pronunciarse porque en cuestiones conflictivas el grupo conservador suele ganar por seis votos a cinco.

Mayoría conservadora

Este desequilibrio a favor del bloque conservador, que no es previsible que desaparezca hasta el final del mandato de los actuales consejeros (en 1991), hace todavía más delicada la elección de la persona que deberá presidir el tribunal en el próximo trienio. Hay demasiados temas conflictivos en la inmediata agenda de trabajo del Tribunal de Cuentas y unas elecciones generales a la vuelta de la esquina.

Fuentes del PSOE creen que José María Fernández Pirla jugará a la reelección, aunque probablemente desistirá de este intento -añaden- si se le garantiza la presidencia de la comisión nacional de valores que crea el proyecto de ley de reforma del mercado de valores que se está discutiendo en las Cortes. Extremo poco factible, incluso por cuestiones de tiempo. La alternativa del PSOE a Fernández Pirla en la presidencia del tribunal, si éste no se presentase o si se decidiese quitarle el respaldo para una tercera legislatura, la encarnaría probablemente el consejero Pascual Sala.

El Gobierno y el PSOE, entre tanto, aguardan con cierta preocupación el informe que el Tribunal de Cuentas debe remitir a las Cortes sobre las cuentas y la gestión de la Rumasa expropiada. Estas auditorías, cuyo contenido debe ser revisado y aprobado por el pleno del tribunal antes de su envío al Congreso, presentan observaciones muy severas hacia los responsables de la gestión de estas empresas, según ha trascendido a la Prensa.