El País Valenciano, entre la comodidad y el agravio

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana fue promulgado el 1 de julio de 1982 tras más de un año de intensas negociaciones. Las numerosas dificultades impuestas por el Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD) malograron la posibilidad de que el País Valenciano accediera a la autonomía por la vía del 151. A pesar de ello obtuvo en 1982 competencias similares a las de otras comunidades como Cataluña o Euskadi, en virtud de una ley orgánica hecha a medida.El actual presidente de la Generalitat, Joan Lerma, accedió al cargo en 1982, tras la aprobación del Estatuto, con gran resistencia por parte de su antecesor, el ucedista Enrique Monsonís, que no quería abandonar el despacho, y lo revalidó en las primeras elecciones autonómicas el 24 de junio de 1983. Transcurridos casi seis años desde la promulgación del Estatuto, las fuerzas políticas con representación parlamentaria, especialmente las de oposición, no parecen tan preocupadas por ampliar las competencias como por ejercer las que se tienen.

La Generalitat ejerce actualmente muchas otras competencias por delegación del Estado, tal es el caso de Educación, o, desde el 1 de enero de 1988 el Servei Valencià de Salut (SVS), que gestiona la transferencia del Instituto Nacional de la Salud (Insalud).

Asignaturas pendientes

La ley de comarcalización y la creación del Síndic de Greuges (Síndico de Agravios), figura similar al Defensor del Pueblo, fueron dos proyectos que, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto, el PSPV-PSOE incluyó en su programa electoral, ya en 1983. Ninguna de estas inciativas se realizó en la primera legislatura. Por lo que se refiere a la comarcalización, el Gobierno autónomo socialista, aunque con mayoría relativa en las Cortes Valencianas- mantiene su compromiso. El Síndic de Greuges no entusiasma al Ejecutivo, pero el Parlamento autónomo ha aprobado recientemente su creación. Otra de las asignaturas pendientes, pese a existir competencias, es la creación del Tribunal Superior de Justicia Valenciano, "órgano jurisdiccional en el que se integraría la actual Audiencia Territorial de Valencia". El con seller de Administración Pública y portavoz del Gobierno autónomo, Joaquín Azagra, no descarta que la Generalitat solicite a fina les de este año del Ministerio de Justicia las transferencias en esta materia. Los presupuestos de la Generalitat han pasado de 24.979,35 millones de pesetas en 1983, a 374.597,24 para 1988. Todos los ejercicios se han cerrado con superávit, que se aplicó posterior mente a diversas partidas. Algunas partidas previstas en el presupuesto de 1987 fueron reducidas, para extraer más de 3.800 millones de pesetas destinadas a hacer frente a los efectos de las inundaciones del pasado mes de noviembre. Todas las emisiones de deuda han sido cubiertas, desde los 5.000 millones emitidos por la Generalitat en 1984, hasta los 8.575 millones de 1987. De las realizadas por todas las comunidades autónomas, las emisiones de la Generalitat han sido las de inferior coste financiero.

Entre 1982 y 1987, el Gobierno y la Generalitat se han interpuesto al menos 14 conflictos de competencias o recursos ante el Tribunal Constitucional. De éstos últimos, los más importantes han sido los planteados contra el Consell por el Gobierno en 1986, relativos a la ley de Arrendamientos Históricos y a la ley de Ordenación del Comercio y Superficies Comerciales, ambos pendientes de sentencia.

Entre los conflictos de competencias, los más significativos han sido los planteados por la Generalitat contra el Gobierno, relativos al real decreto que regula el coeficiente de inversión obligatoria de las entidades de depósito; al de máquinas recreativas y de azar; al de creación del Bonoloto y al acuerdo del Gobierno denegando autorización para emitir deuda pública mediante las cooperativas agrícolas con sección de crédito.

Por su parte, entre los planteados por el Gobierno, figura el recurso contra un decreto del Consell por el que éste se atribuye la gestión y recaudación del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones. Todos ellos se encuentran pendientes de sentencia.

Televisión autonómica

Uno de los conflictos claramente políticos entre los Gobiernos central y autonómico fue el motivado por la creación de Radiotelevisió Valenciana (RTVV). Durante la primera legislatura fue ron frecuentes por parte de destacados miembros del Gobierno las desautorizaciones, más o menos explícitas, respecto de la intención de la Generalitat de crear su tercer canal televisivo. El conflicto se ha resuelto favorablemente para la comunidad.

La Generalitat tiene elaborado el proyecto del tercer canal de televisión y la radio autonómica, y ha sacado a concurso la construcción del centro de producción de programas y los equipamientos electrónicos. Para este año, el Consell transferirá a RTVV 375 millones de pesetas para gastos corrientes, 3.853 millones destinadas a inversiones, y 1.726 millones para el capital social de las entidades gestoras de la radio y de la televisión.

La Generalitat también mantuvo discrepancias con el Gobierno respecto al sistema de financiación autonómica, cuando se negociaba esta cuestión, en 1986. Sin embargo, el Consell dijo compartir los términos del acuerdo alcanzado cuando éste fue suscrito.

Los grupos de personal sanitario y docente constituyen el grueso de los funcionarios a cargo de la Generalitat. El SVS cuenta con 26.389 personas; el personal proveniente de las universidades de Valencia y Alicante asciende a 5.159; los profesores de EGB y enseñanzas medias suman 25.084; el personal sanitario local lo constituyen 1.837 trabajadores y el personal propio de la Generalitat, entre funcionarios, contratados laborales e interinos, son 9.814. Los conflictos planteados hasta ahora en ambos departamentos no difieren de las tablas reivindicativas de otros colectivos del Estado.

La Generalitat ha promulgado una ley de Función Pública más moderna, a juicio de los expertos, que la del Gobierno. El año pasado se produjo un primer conflicto por la clasificación de puestos de trabajo. Azagra tiene intención de elaborar, antes de que finalice 1988, un catálogo de puestos y constituir una junta de evaluación.