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El ejecutivo aprueba un decreto de servicios mínimos para los paros en la enseñanza pública

El Gobierno aprobó ayer un decreto de servicios mínimos para el profesorado estatal no universitario, que obligará a la dirección de los centros a permanecer en ellos para permitir el normal desarrollo de las tareas laborales de aquellas personas que no se encuentren en huelga. El decreto, anuriciado el pasado lunes por el ministro de Educación, José María Maravall, podrá ser aplicado los próximos días 5 y 6 de mayo, primera etapa de la huelga intermitente convocada por los sindicatos de la enseñanza pública el pasado jueves.Los portavoces de los cinco sindicatos más representativos de la enseñanza pública (CC OO, FETE-UGT, ANPE, CSIF y UCSTE) se volvieron a reunir ayer con Arang,o para intentar desbloquear las negociaciones de la tabla reivindicativa del profesorado estatal. La reunión concluyó sin que se alcanzase ningún acuerdo, por lo que las conversaciones se reiniciarán en la tarde de hoy.

Fuentes del Ministerio de Educación consideran como una medida positiva la decisíón de los sindicatos de no convocar la huelga indefinida para el mes de mayo. Tras la reunión del comité de huelga, el jueves, se acordó convocar dos días de paro para la próxima semana (los días 5 y 6 de mayo) y tres para la segunda semana de mayo (los días 10, 11 y 12). "De hecho, es una huelga indefinida, pero intermitente", señaló Javier Doz, de Comisiones Obreras. "No hemos querido ir más lejos porque hubiera representado un perjuicio muy serio para los alumnos al no poder realizar las evaluaciones finales".

Los sindicatos consideran que no podrá firmarse un acuerdo en tanto el ministerio no realice una contraoferta sensiblemente superior a la de la última reunión del sábado 23 de abril. Mientras el secretario general de enseñanza de CC OO apuntaba la cifra de 90.000 millones, el presidente de ANPE, Daniel Cáspedes, declaró a Efe que no podría resolverse el conflicto sin una oferta de unos 71.000 millones. En la última reunión, el subsecretario de Educación ofreció una cantidad global de unos 33.000 millones, si bien, para ser aplicados en poco más de año y medio.

Por su parte, el titular del departamento, José María Maravall, afirmó anoche en el programa de TVE Cara a cara que este país no se puede permitir" las peticiones retributivas que hacen los sindicatos, que cifró en unos 110.000 millones de pesetas. La oferta de Educación, según Maravall, asciende a unos 33.000 millones.

El ministro de Educación agregó que su departamento "quiere que el conflicto acabe cuanto antes" y "pretende la vuelta a la normalidad y la negociación". Respecto al decreto de servicios mínimos, Maravall indicó que trata de compatibilizar el derecho de huelga y el derecho a la educación.

El decreto de servicios mínimos aprobado ayer por el Gobierno afectará también a los centros de educación especial con internado, a los centros de integración y las escuelas hogar.

Santiago Varela, portavoz del Gobierno en funciones, agregó que Educación ha quedado autorizada para dictar otras normas de servicios mínimos, que afectarían directamente a la enseñanza, en caso de que la huelga se prolongue de forma que afecte a la etapa de evaluación para promoción de alumnos a otros cursos o grados.

El decreto pretende evitar a toda costa que la huelga suponga el cierre de los centros de enseñanza.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de abril de 1988