La Rioja, autonomía por exclusión

Seis años después de la aprobación del estatuto de autonomía de La Rioja, todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento riojano -el PSOE, con 14 diputados; AP, 13; el CDS, 4, y el Partido Riojano Progresista (PR.P), 2- son partidarias de asumir nuevas competencias, aunque no hay tal unanimidad sobre una posible modificación del estatuto. Según una encuesta realizada hace un año por Emopública,. sólo un 3% de los riojanos se siente más regionalista que español, frente a un 67%. que comparte por igual ambos sentimientos y un 30% que se considera antes que nada español.

El presidente del Ejecutivo riojano, el aliancista Joaquín Espert, quiere conseguir el máximo techo competencial para su región y estudia la posibilidad de reformar el estatuto.Mario Fraile, del PSOE, pide serenidad en el traspaso de nuevas competencias porque "no se puede ir de francotirador". El portavoz del Partido Riojano Progresista (PRP), Luis Javier Rodríguez Moroy -que fuera primer y efimero presidente de la comunidad autónoma de La Rioja- es partidario de la reclamación inmediata del Insalud, así como de las competencias de educación como paso previo para poner en marcha la universidad de La Rioja.

El abogado Tomás Valdivielso, del CDS, pone el acento en las competencias de trabajo, vía estatutaria, porque "sin ellas no se puede hacer una buena política laboral e industrial".

Cuatro presidentes

El PSOE expresa con firmeza su negativa a la reforma del estatuto mientras que el CDS la pide con urgencia como vía para tener nuevas competencias y también para modificar la designación del senador autonómico, cuyo mandato coincide con la legislatura de las Cortes generales. Los centristas pretenden acabar con la actual situación de desfase que permite que el actual senador autonómico de La Rioja sea un representante del PSOE (Mario Fraile), cuando existe un Gobierno de AP".

La Rioja ha conocido cuatro presidentes desde la aprobación del estatuto de san Millán. Luis Javier Rodríguez Moroy -ex militante de UCI) y fundador del PRP-, Antonio Rodríguez Basulto -abandonó el PSOE en 1987 y fundó la Plataforma de Acción Ciudadana en la localidad de Alfaro-, José María de Miguel -un socialista que renunció a presentarse a la reelección en las últimas autonómicas por diferencias con su partido,pese a ser uno de los presidentes con más aceptación, según las encuestas-, y Joaquín Espert -un hombre con quien La Rioja ha estrenado gobierno de Alianza Popular y quien ha empezado a darse cuenta de que preside un Ejecutivo minoritario-.

De agosto de 1983 a octubre de 1987 La Rioja ha asumido competencias sobre intervención de precios y comercio interior; transportes terrestres; turismo; medio ambiente; agricultura; cultura; administración local; acción territorial; asistencia y servicios sociales; conservación de la naturaleza; industria, energía y minas; tributos cedidos, fiscafización-in-tervención; y AINSA (sanidad).

Mario Fraile opina que la valoración de las competencias fue correcta, y añade que "ni siquiera en las campañas electorales, en las que se sacan todos los trapos sucios, se ha mencionado la gestión de las competencias"

La antigua Diputación Provincial contaba con 400 funcionarios aproximadamente. Hoy, asumidas las competencias antes mencionadas, el personal laboral de la comunidad autónoma asciende a 1.887 personas, incluídos funcionarios, contratados y vacantes. Según la Consejería de Presidencia la mitad del personal ftie transferido por el Estado.

La falta de profesionalización en la Administración pública y la piráctica de una política que tiende a desaprovechar a buenos funcionarios son afirmaciones compartidas por la mayor parte de los representantes políticos y sindicales.

Una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre el funcionario de la comunidad autónoma de La Rioja bajo el mandanto del socialista José María de Miguel, revela que uno de cada tres trabajadores no está satisfecho con las funciones que desempeña, y que el 94,5% considera urgente la convocatoria de los concursos de méritos que adscriban a cada uno a su puesto de trabajo con funciones definitivas. Los funcionarios hablan en la encuesta de manipulación, nepotismo, falta de coordinación y dirección inexperta de los responsables socialistas.

A 40 personas ascienden los altos cargos y los asesores nombrados por el presidente Espert en La Rioja, la más pequeña de las comunidades autónomas, con unos 250.000 habitantes.

La supresión de la Consejería de Trabajo y Bienestar Social fue una de las primeras medidas de Joaquín Espert cuando llegó, en julio de 1987, a la presidencia de la comunidad gracias al apoyo del PRP y la abstención del CDS, pese a ser el PSOE el que cuenta con el mayor número de diputados regionales. Espert transformó la consejería en dos direcciones regionales integradas en los departamentos de industria y salud y consumo.

Las viviendas y el vino son actualmente los temas que enfrentan a la administración autonómica con el Gobierno central.

El Ejecutivo riojano presentará esta semana un recurso sobre conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional, denunciando irregularidades en el convenio que, sobre viviendas de protección oficial, está firmando el MOPU con algunas comunidades autónomas.

Por otro lado, el consejero de Agricultura, Luis Delgado, presentó en febrero pasado un recurso de reposición ante el Ministerio de Agricultura contra la orden ministerial que regula la normativa de las elecciones al consejo regulador de la denominación de origen Rioja. El titular de agricultura entiende que el decreto 2.004 se aplica injustamente y perjudica a los intereses de La Rioja en la representación del consejo, del que también forman parte representantes de Navarra y Euskadi.