La vuelta de Cassinello

EL NOMBRAMIENTO por el Consejo de Ministros del general Andrés Cassinello como capitán general de la región militar con sede en Burgos es una importante noticia que aclara, retrospectivamente, el sentido de la actitud del Gobierno, y singularmente del Ministerio de Defensa, al destituir, hace año y medio, a ese militar de su cargo de jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Dicha destitución se produjo apenas unas horas después de que Cassinello publicase en un diario de la capital de España, con su firma y mención a su cargo, un artículo, menos irónico que zafio y más provocativo que críptico, en el que se vertían algunas insinuaciones contra el partido comunista, cáusticas glosas a una expresión del ministro Solana y despectivos comentarios para con determinados periodistas, todo ello en el marco de un desahogo personal a propósito de las acusaciones de que había sido objeto por parte del clandestino Sindicato de la Guardia Civil.La rapidez de reflejos demostrada por el Ministerio de Defensa con tan fulminante destitución fue saludada con euforia por los medios democráticos, que interpretaron el hecho como un gesto de reafirmación de la autoridad del poder civil. La euforia se convertiría en preocupación cuando poco después se comunicó el nombramiento de Cassinello como gobernador militar de Ceuta. De las varias opciones posibles, el ministro había elegido la que garantizaba la continuidad de la carrera militar del sancionado, destinándole a un puesto con mando sobre tropa. Ahora se ve que el destino en Ceuta no significaba ningún destierro simbólico, sino una etapa de preparación para más altos destinos. Al ascender a Cassinello a teniente general (máximo grado en la carrera) y nombrarlo capitán general de la región militar con sede en Burgos -ahora llamada de los Pirineos Occidentales, y que comprende al País Vasco y Navarra-, el Gobierno ha adoptado una decisión cuya dimensión política no puede ignorarse. El que algunos dirigentes socialistas vascos hayan saludado el nombramiento con alborozo, aludiendo al "profundo conocimiento que del problema vasco tiene el general Cassinello" confirma que, contra lo afirmado ayer por el portavoz del Gobierno en funciones, la decisión desborda la dimensión técnica o profesional.

En junio del año pasado, el ministro de Defensa destituyó de su cargo al entonces gobernador militar de Guipúzcoa, general de brigada Ángel Díaz Losada, por unas declaraciones en las que, a preguntas de un informador, había reafirmado el principio de la supeditación de los Ejércitos al poder civil incluso en el caso de que las decisiones de dicho poder condujeran a la independencia de una determinada región o nacionalidad, posibilidad que, por lo demás, consideraba puramente hipotética. Quienes justificaron la fulminante decisión del ministro evocaron de manera más o menos implícita el antecedente de Cassinello: la firmeza del Gobierno se manifestaba con idéntica nitidez cualquiera que fuera el contenido de las declaraciones juzgadas improcedentes. Sin embargo, mientras que Cassinello iba a Ceuta, en un cargo que le permitía proseguir su carrera, Díaz Losada era declarado en situación de disponible forzoso, es decir, sin destino y a las órdenes del ministro de Defensa. A la luz de lo decidido ayer por el Gobierno, la asimetría de su actitud ante uno y otro caso se ha revelado escandalosa. Ello resulta bastante inquietante.

Cassinello ha sido un hombre clave en los servicios de información del Ejército desde la primera mitad de los años setenta. En los medios castrenses tiene fama de persona muy capacitada desde el punto de vista profesional. Ahora bien, en los años en que ese militas ha ocupado delicadas responsabilidades en esa área específica del espionaje militar se han producido demasiados hechos oscuros como para dar por buena. cualquier interpretación de lo que pueda entenderse por capacidad profesional. De momento, el hecho mismo del nombramiento constituye una imprudencia desde el punto de vista de la coherencia política con que deben tratarse todos los asuntos que puedan incidir en el País Vasco. A no ser que el Gobierno haya querido deliberadamente dar un giro importante a una política que incluía hasta ahora la solidaridad de todas las fuerzas políticas vascas.