Canarias, una autonomía 'distinta y distante'

La autonomía canaria está marcada por el pleito insular que ha enfrentado durante todo el siglo a sus dos provincias: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. El propio estatuto, obtenido por la vía del artículo 143 de la Constitución y 1 aprobado por la ley orgánica de Transferencias a Canarias (Lotraca), del 10 de agosto de 1982, no escapa en su contenido a las tensiones internas. Todas las fuerzas políticas, a excepción del PSOE, pretenden subir el listón de la autonomía de las islas, aunque saben que ello puede entrañar la reforma del estatuto.

La capital de la comunidad autónoma es compartida por las dos ciudades principales: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que se turnan alternativamente como sede del Gobierno en cada período legislativo, mientras que la sede del Parlamento radica en Tenerife y la de la delegación del Gobierno central en Gran Canaria.La construcción de la autonomía en las islas tropezó, además desde sus orígenes con otra dificultad: Los siete cabildos existentes en las islas.

Después de casi seis años de rodaje autonómico, el divorcio entre cabildistas y autonomistas comienza a disiparse. El Gobierno ha iniciado el proceso de transferencias de la comunidad autónoma de los cabildos, como desarrollo de la ley que permitirá convertir a estas instituciones en auténticos gobiernos insulares una figura original de la autonomía canaria. Los desequilibrios entre islas son reconocidos en el fondo de compensación interinsular, dotado en los presupuestos con 1.000 millones

Fernando Fernández del CDS y presidente del Gobierno autónomo de centro-derecha y nacionalista (fruto de un pacto del CDS, Agrupaciones Independientes de Canarias -AIC-, AP y Agrupación Herreña Independiente -AHI-) formado tras las últimas elecciones del 10 de junio, adelantó en su toma de posesión su voluntad de reclamar, en un diálogo "constructivo y de colaboración" con el Gobierno de la nación, un aumento de competencias en cuestiones como política de empleo, pesca y comercio, sobre las que "el marco estatutario se ha revelado insuficiente".

El líder de AIC, Manuel Hermoso, alcalde de Santa Cruz de Tenerife y diputado regional reclama para Canarias cierto nivel de competencias en política exterior. Esta iniciativa permanece bloqueada en el seno del pacto de Gobierno. AIC defiende la conveniencia de asumir competencias reservadas a las autonomías del 151.

La vía del 151

AP opina que revisar la Carta Magna del archipiélago es como abrir la caja de los truenos. El parlamentario regional Miguel Cabrera, de Asamblea Majorera (AM), uno de los partidos que forman el Grupo Mixto, considera que "Canarias tiene todo el derecho a reclamar las máximas competencias". El PSOE, sin embargo, opina que es necesario completar las transferencias actuales (la comunidad canaria aún no ha recibido el Insalud) antes de solicitar otras nuevas. Según José Antonio García Déniz, portavoz suplente de los socialistas, aún faltan por desarrollar leyes sustanciales como la de espacios naturales o la del agua, ésta última suspendida a término en la actual legislatura. Desde su punto de vista, plantear la reforma del estatuto es "crear nuevas incertidumbres".La comunidad autónoma Canaria tiene competencias exclusivas en 17 materias, entre las que figuran ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, turismo, deportes, agricultura y ganadería, pesca, y fomento de la cultura. También en sanidad, (incluida la Seguridad Social), comercio exterior, transportes, enseñanza e industria. Además, puede crear una policía propia y emisoras de televisión y radio.

Una de las cláusulas más originales es la número 37, que confiere el derecho a la comunidad a ser informada y emitir su juicio sobre "la elaboración de los tratados y convenios internacionales y en las negociaciones de adhesión a los mismos, así como en los proyectos de legislación aduanera".

A la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca (5.555 millones de pesetas de presupuesto) y a la de Hacienda (5.254 millones), corresponden el seguimiento de los problemas de adaptación a la Comunidad Europea (CE). Las islas pertenecen a la Europa comunitaria, en virtud de un protocolo de adhesión especial que las deja al margen de la unión aduanera y las políticas agrícola y pesquera comunes. Negociar con Madrid la reforma del régimen fiscal específico de Canarias, desfasado tras la adhesión a la CE, y el diseño de un nuevo sistema impositivo para el archipiélago, donde no se aplica el IVA, son sus principales retos.

Presupuestos

La comunidad autónoma, que creó un impuesto especial sobre los carburantes, por el que recauda 15.000 millones de pesetas al año, ha hecho que el Ministerio de Industria aplique en las islas un precio político para las gasolinas y reclama de Madrid subvenciones estatales para derivados, como el fuel de potabilizadoras. Además, el Gobierno canario ha elaborado un Plan energético de Canarias (PECAN) para evitar un colapso en la oferta de electricidad para esta región de fuerte crecimiento turístico.El de 1988 es el primer presupuesto consolidado de la comunidad autónoma canaria, cuyo importe ha crecido desde los 3.412 millones de pesetas en 1981 a los 124.000 millones actuales. Entre tributos cedidos y propios, el archipiélago gestiona alrededor de 33.000 millones de pesetas. Además, la comunidad autónoma aumentará en este ejercicio su volumen de endeudamiento (emisión de deuda pública y concertación de créditos) en 5.000 millones de pesetas, que incrementará este capitulo hasta un total de 25.700 millones de pesetas.

El presidente del Gobierno canario, un neurocirujano de gran reputación, se redujo el sueldo en un 7%. en coherencia con las críticas de boato y lujo que había dirigido a su predecesor en el cargo.