Una discusión laica

EL CONGRESO de los Dipiatados ha iniciado el debate de una trascendental y polémica cuestión: la de dar un marco legal a las variadas técnicas de reproducción asistida que hoy son científica y médicamente posi bles. Se trata no sólo de impedir su manipulación con fines exclusivamente comerciales y su utilización industrial, sino de establecer una clara línea divisoria entre aquellas sobre las que existe un consenso social y científico mayoritario y las que plantean graves consideraciones de índole ética y moral.Presentado al Parlamento por el Grupo Socialista el 7 de mayo de 1987, el proyecto de ley sobre técnicas de reproducción asistida pretende regular en concreto la inseminación artificial (IA), la fecundación in vitro (FIV) con transferencia de embriones (TE) y la transferencia intratubárica de gametos (TIG), cuando estén clínicamente indicadas y se realicen en centros y establecimientos sanitarios y científicos autorizados y por equipos especializados. En este marco legal no cabe la posibilidad de que surjan las llamadas madres de alquiler, pero sí se contempla que la mujer sola, estéril o no, y al margen de una relación estable, legal o de hecho, con un hombre, pueda recurrir a estas técnicas. La filosofía del proyecto es procreacionista, y parte del principio de aplicación de estas técnicas como terapia para las parejas estériles, de las que existen en España unas 700.000 en edad fértil.

Este proyecto de ley es un primer paso para llenar el vacío legal sobre estas nuevas formas de procreación, que plantean arduos problemas médicos, jurídicos y morales. Porque no sólo debe establecerse una firme base legal para el desarrollo del con unto de posibilidades que ofrece la ingeniería genética. Se hace también imprescindible abordar la regulación de los efectos de todo tipo que en el ámbito de las relaciones civiles y sociales se derivan de la aplicación de estas técnicas. La respuesta a este problema es especialmente urgente, porque en España funcionan más de 20 bancos de semen y ya han nacido unos 2.000 niños por inseminación artificial, pasan del medio centenar los nacidos por fecundación in vitro y ahora comienza a realizarse la transferencia intratubárica de gametos. El proyecto de ley proviene de un informe elaborado por una comisión del Congreso, y en su redacción se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Los obispos españoles se han opuesto frontalmente al proyecto, aunque no han Regado tan lejos como la instrucción vaticana de 22 de febrero de 1987, que sólo permite la obtención del semen en el coito de la pareja y prohíbe tajantemente todas las formas de reproducción asistida. La ley también ha llevado el cisma al seno de Alianza Popular. Algunos diputados se han servido del voto en conciencia para oponerse a la postura oficial de su grupo, que, si bien contraria a la legislación propuesta, la considera ineludible siempre que se atiendan ciertas enmiendas. La posición oficial de AP y del partido democristiano, que defienden la necesiliad de una legislación que ordene esta materia tan delicada, parece obedecer a la voluntad de desconfesionalización de la acción política, a la que estos grupos que se dicen públicamente seguidores de la doctrina católica se ven abocados por la radicalidad impuesta en esta materia por el Vaticano.

Por todo ello, a la vida política española le vendría muy bien que ése fuera el germen de una verdadera defensa de la laicidad, no sólo como estrategia electoral, sino como consecuencia de la aplicación del sentido común cuando la gobernación del país exige ocuparse de asuntos que preocupan a toda la sociedad y no sólo a una parte de ella.