Asturias, una autonomía dirigida con tecnocracia

La autonomía asturiana ha completado el primer ciclo de sudesarrollo sin grandes contenciosos. La comunidad ha crecido en medio de una crisis económica muy intensa y con una gran dependencia del sector público, pero el proceso previsto en el Estatuto está culminado, y su desarrollo legislativo, también. Desde hace año y medio, el Principado puede aspirar a la elevación de su techo de competencias. Pedro de Silva (PSOE), presidente del Gobierno regional, está dispuesto a negociar una ampliación de competencias con un "ritmo pausado". Este reportaje inicia una serie sobre el estado de las autonomías.

Pedro de Silva y, su Gobierno han sido acusados por parte de partidos, sindicatos y otras fuerzas de la región de ser "seguidistas" e incluso "serviles" con el poder central. Pero en los últimos meses, el ejecutivo autonómico ha endurecido la expresión de sus discrepancias con Madrid.Hasta ahora, la autonomía ha avanzado por una vía tecnocrática porque así se lo propusieron los gobernantes asturianos cuando comenzaron a recibir competencias. Los partidos políticos todavía no han formulado la petición para ampliar las competencias del Estatuto, que cumplió el plazo de los cinco años necesarios para la reforma en diciembre de 1986. Las cuatro fuerzas parlamentarias, que han manifestado su deseo de mejorar y ampliar el Estatuto, han comenzado a reunirse a mediados de abril para negociar un acuerdo que permita la ampliación del techo de competencias.

El proceso de transferencias culminó el 27 de diciembre de 1984, y desde entonces se ha consolidado suficientemente la Administración regional como para acceder a nuevas competencias.

El proceso autonómico ha coincidido en Asturias con el período más crudo de la crisis económica e industrial. Sin embargo, las encuestas reflejan un grado de satisfacción muy alto de los asturianos con. su región. Las grandes empresas y los centros de poder económico han permanecido estos años bajo el control del Instituto Nacional de Industria (INI) en Madrid o, en cualquier caso, lejos de la región y de los poderes autonómicos.

El Principado (1.112.178 habitantes en el censo de 1986) presenta todas las características de una región en declive industrial tal como se define en lenguaje comunitario a aquellas zonas afectadas por los monocultivos (acero, carbón, etcétera) que han sufrido con mayor intensidad la crisis.

Sectores progresistas

Es, en el mismo lenguaje, zona prioritaria, asistida y desfavorecida, según el fondo estructural del que se hable. Si a esto se une que la agricultura y la ganadería son terriblemente minifundistas y que están muy afectadas por el ingreso en la Comunidad Europea (CE), el proceso autonómico ha crecido en un ambiente desfavorable.

Hace 10 años los sectores más progresistas y las fuerzas viva de la región clamaban por una autonomía que incluyese el enorme sector público con que cuenta el Estado en la región; sin embargo, hoy pocas voces se levantan en ese sentido. Las pérdidas de Hunosa (más de 40.000 millones) igualan prácticamente los presupuestos de la comunidad, y este peso excede de las posibilidades regionales.

El Gobierno regional, socialista desde que se aprobó el Estatuto, el 27 de diciembre de 1981 optó durante los cuatro años de la primera legislatura (1982-1986) por construir una Administración eficaz y por intentar corregir los desequilibrios intrarregionales. Hoy la comunidad cuenta con unos órganos eficaces y con unas instituciones que funcionan.En el presupuesto de 1987 se invirtieron 8.320 pesetas por persona en la zona central de la región, la más desarrollada mientras que se dedicaron 28.567 pesetas por habitante en la oriental y 31.449 pesetas en la occidental.

En los últimos meses Pedro de Silva se ha quejado del abandono que sufre la región en materia de comunicaciones, y eso que acaba de ponerse en marcha el Plan Nacional de Interés Comunitario que prevé la inversión de 65.000 millones en cuatro años entre la CE, el Gobierno de Madrid y el regional para infraestructuras básicas y regeneración industrial.

El presidente del Principado Pedro de Silva, ofreció en el discurso de investidura del verano pasado un pacto sobre la reforma del Estatuto y la ampliación del techo de competencias. Su posición no ha variado desde entonces. Para Silva el problema del desarrollo autonómico "no es el más importante ni el más agobiante que tiene ante sí Asturias". E hizo, mucho hincapié en un "ritmo pausado" a la hora de abordar este problema.

Izquierda Unida que tiene firmado un pacto de apoyo a los socialistas en los grandes problemas de la región, defiende la reforma del Estatuto y la ampliación de competencias hasta el máximo techo posible. El Centro Democrático y Social también defiende "la autonomía plena" y está en contra de "una reforma otorgada por el PSOE".

Por su parte, Alianza Popular parece inclinarse de momento, "por pragmatismo", por la ampliación de las trasferencias, si bien no aceptaría "la delegación de competencias".

El Principado fue pionero en la negociación del traspaso de la antigua diputación provincial a la autonomía al ser región uniprovincial. Ésa es la razón por la que desde el primer momento las instituciones regionales dispusieron de un cuerpo funcionarial importante. Y a partir de ahí se ha ido construyendo la Administración regional.

En 1982, con 9.148 millones de pesetas de presupuesto y 3.125 empleados en la comunidad, éstos representaban el 44,09% de aquél (4.033 millones de pesetas). En años posteriores el peso relativo del capítulo de personal ha ido descendiendo.

De los altos cargos, el 60% son funcionarios o empleados públicos, y apenas existen asesores de libre designación. Cada consejería dispone para este capítulo de 7.410.000 pesetas anuales, que gasta discrecionalmente. Sólo el presidente está autorizado a contratar personal eventual para su gabinete, en el que, no obstante, también hay funcionarios de carrera. Los asesores del presidente son, en realidad, los contratados para su gabinete.

Política de inversiones

Respecto al grado de cumplimiento de sus compromisos, la ejecución presupuestaria en in versiones era, a 30 de septiembre de 1987, un 90,5% autorizado, un 81,8% dispuesto y un 51,8% pagado. Seopan, patronal de la construcción, estimó, de acuerdo con una encuesta entre sus afilia dos, que en 1987 la continuidad asturiana era, entre todas las instituciones públicas, la más diligente a la hora de licitar obras y de abonarlas.

El Gobierno regional ha apelado a la deuda pública moderadamente. Actualmente supone el 5,44% entre intereses y amortización sobre los ingresos corrientes, cuando el límite legal está en el 25%. En 1988 la deuda asciende a 3.050 millones de pesetas, más 750 millones en operaciones de crédito, de los que resultan en total 3.800 millones frente a los 2.965 de 1987.

El caso más notorio de duplicidad y prácticamente el único entre la Administración central y la autonómica es el de agricultura. La región tiene asumidas todas la competencias de Agricultura y, sin embargo, persiste la dirección provincial.

La comunidad tiene presentado un recurso de competencia ante el Tribunal Constitucional sobre los cauces hidráulicos. A su juicio, ésta es una competencia exclusiva, que, sin embargo, administra la Confederación Hidrográfica, que depende del Ministerio de Obras Públicas. El caso está pendiente de lo que decida el alto tribunal. El Estado, por su parte, ha recurrido un decreto sobre la denominación de origen del queso de Cabrales dictada por el Gobierno regional. El asunto también está en el Tribunal Constitucional.

En Asturias existe un sentimiento regional muy enraizado en 1985 un 48,7% de las personas consultadas se consideraba ante todo asturiano, un 43,9% españoles, un 0,4% europeos y un 3% cosmopolitas.

Los asturianos se sienten muy satisfechos de su región, según una encuesta hecha en febrero de 1987 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El 59%, de los entrevistados estaba muy contento de vivir en el Principado, el 37% bastante y el 3% poco.

La autonomía no cuenta con medios de comunicación propios. Pero está en fase de constituir un embrión televisivo, la Sociedad Regional de Programas, que cuenta con 25 millones de capital social, aportado por la Administración regional. Esta sociedad contó con un presupuesto de 65 millones el año pasado y 25 millones éste, y todavía no ha producido nada.