Expediente a una funcionaria que se niega a trabajar por no soportar el humo del tabaco

Francisca Llabrés, auxiliar administrativa de la Sección Cuarta de la Audiencia de Barcelona, no soportaba el tabaco y llegó incluso a desmayarse a causa del aire viciado que respiraba. El 27 de enero de 1986, cinco meses después de que entrara en vigor la ley del Parlamento catalán que prohíbe fumar en las oficinas públicas, Francisca Llabrés presentó una instancia pidiendo su traslado a otra sección menos contaminada. Dos años después, la funcionaria lleva ya nueve meses sin trabajar exigiendo que se cumpla la ley, por lo que le ha sido abierto un expediente disciplinario.

El anterior presidente de la Audiencia Territorial, Jaime Amigó de Bonet, resolvió la petición de traslado de la funcionaria con rapidez -"no ha lugar a concederle lo socilicitado"- y congruencia: "Hágase saber a los secretarios de todas las salas y secciones" que deben hacer cumplir la ley del 25 de julio de 1985. Pero la ley no se cumplió y Francisca Llabrés volvió a dirigirse al presidente para pedir, esta vez con mayor contundencia, que se arbitrara el modo de "asegurar el debido acatamiento de la norma legal".La siguiente decisión del presidente fue también rápida, pero de signo totalmente distinto: "La forma y escasez de las dependencias del Palacio de Justicia no permiten establecer mayores separaciones", por lo que dispuso que la funcionaria fuese trasladada al archivo.

Pero si en las oficinas había humo, en el archivo encontró polvo e insectos. No se le encomendaron, como esperaba, tareas administrativas, sino atar legajos viejos. Un año después, la directora del archivo, Carmen Larrucea, puso en conocimiento del presidente de la Audiencia que la funcionaria tenía formación de auxiliar administrativa, por lo que no podía estar adscrita a ese servicio y que, además, se negaba a realizar los trabajos por las condiciones higiénicas que sufría.

La situación en el archivo se hizo cada vez más tensa hasta que, al ver que no llegaba el traslado, varios de los empleados comenzaron a fumar ostensiblemente y cada mañana, Francisca Labrés llegaba al archivo, olía el tufillo de los cigarrillos encendidos, y se ausentaba, primero a ratos, y luego ya por todo el resto de la jornada laboral.

A partir de aquí, el asunto comenzó a adquirir tintes de novela kafkiana. La Sala de Gobierno abrió unas diligencias informativas, de las que fue designado instructor el magistrado Adolfo Fernández Oubiña. El instructor apreció en el archivo "un aire de pulcritud realmente excepcional", e hizo constar que la directora le había pedido el traslado de Francisca Llabrés "pues no tenía más actividad que la de molestar".

El magistrado afirmó en su resolución que "el temor que siente [la funcionaria] por su salud ( ... ) parece superar los límites de lo normal para alcanzar lo enfermizo, hasta el extremo de impedirle la vida de relación", lo que te llevó a proponer "la incoación de un expediente de incapacidad" contra ella.

"¿Con o sin internamiento en centro psiquiátrico?", replicó ella ante la Sala de Gobierno: "Sería el primer caso, en países de régimen democrático, en que se incapacitase a una persona por pedir el cumplimiento de una ley en un Palacio de Justicia". La Sala de Gobierno acordó que las actuaciones pasaran al ministerio fiscal "para informe".

Alejandro del Toro fue el fis cal encargado de contrastar la versión del magistrado. Y lo hizo. Del Toro apreció en su in forme que la funcionaria planteaba "el ineludible derecho a su salud"; consideró "en absoluto apropiado y dudosamente normativo" su traslado al archivo; describió un cuadro de contaminación realmente insalubre y concluyó que no había lugar a considerar la propuesta de incapacitación.

Del Toro hacía constar que, en su opinión, "no se trata de un caso insólito ni anecdótico, sino que, en efecto, la señora Llabrés Pujol pena especial alergia a las poluciones y, en especial, a la nicotínica".

Finalmente, el fiscal, en un intento de encontrar una solución digna al problema, propuso el traslado de la funcionaria "bien a donde la propia quejante propone, bien a la oficina de información", única dependencia en la que "puede evitarse la inhalación tabáquica".

La Sala de Gobierno decidió trasladarla a la oficina de información, una cabina solitaria en la entrada del edificio. Ella se negó a aceptar el traslado: "Lo que quiero es que se cumpla la ley", dice.

Con esta decisión, su caso, que inicialmente contaba con la simpatía de los sectores progresistas de la Audiencia, comenzó a perder apoyos. "El que no se cumpla la ley no le exime de venir a trabajar. Se ha equivocado, la suya es una postura muy cómoda", dicen algunos.

Desviación de poder

Ella se defiende: "¿Por qué he de sacrificarme yo para que los demás puedan seguir practicando su toxicomanía e incumpliendo una ley que me ampara?". El 19 de marzo pasado le abrieron un expediente disciplinario. "¿Y por qué se me abre un expediente a mí y en cambio no se expedienta a los secretarios que no cumplieron la orden del presidente, en la que les indicaba claramente que debían aplicar la ley?", concluye.La historia amenaza con complicarse porque Francisca Llabrés ha recurrido la decisión alegando que se trata de un traslado forzoso y que la Sala de Gobierno no tiene competencias para decidirlo, por lo que lo considera nulo de pleno derecho y sin efecto jurídico. Y, para remate, acusa a la Sala de Gobierno de desviación de poder, es decir, de haber usado el poder para fines distintos a los fijados por el ordenamiento jurídico.