Los altos cargos deberán declarar la renta que tenían antes y después de su mandato

Los diputados, senadores y altos cargos de la Administración central que ocuparon estos puestos desde 1977, así como los actuales, deberán informar a la comisión sobre tráfico de influencias de la declaración de renta y patrimonio que hicieron un año antes de ejercer el cargo y tres años después de dejarlo.

Ésta será una de las preguntas fundamentales que figurará en el cuestionario, aún en elaboración, que se les remitirá a todos ellos, según fuentes de la comisión, que realiza sus trabajos con carácter secreto. La comisión se reunió ayer para fijar los criterios que inspirarán tal cuestionario, que se pretende que esté finalizado para el próximo martes.Uno de los miembros de la comisión explicó a este periódico que se formularán preguntas muy concretas que no den lugar a respuestas evasivas y que éstas serán absolutamente secretas. Ayer mismo se decidió que el cuestionario sea también respondido por los directores generales, y de ese rango hacía arriba, por todos los altos cargos de la Administración central, además de diputados y senadores desde 1977 hasta ahora, incluyendo al Gobierno y a los ministros.

A través de las preguntas se tratará de conocer cuál era el patrimonio de estas personas un año antes de que empezaran a ejercer su mandato y cuál era tres años después de dejarlo. Así, a un director general nombrado en 1978 y, por ejemplo, destituido en 1979, se le pedirá la declaración de la renta y el patrimonio correspondiente a 1977, para compararlo con los de 1980, 1981 y 1982. Igualmente, ayer se decidió que se incluyera en el cuestionario si la persona a la que se requiere información fue durante o después de su cargo miembro de consejos de administración.

Petición al Defensor del Pueblo

El representante de AP en la comisión, José María Escuín, pidió que se recabara del defensor del Pueblo toda la información que tenga sobre denuncias de posible tráfico de influencias y que las remita a esta comisión. Otro miembro aseguró que se había solicitado a los servicios técnicos del Congreso que elaboraran un documento sobre los presuntos casos de tráfico de influencias denunciados por los medios de comunicación desde 1977.

El presidente del Partido Liberal, José Antonio Segurado, pidió que las sesiones fueran públicas, lo que obtuvo una respuesta negativa bajo el amparo del reglamento del Congreso, que establece el carácter secreto de las comisiones de investigación.

La voluntad de los miembros de ésta es que el cuestionario esté acabado para el próximo martes y que sea dado a conocer públicamente ante la evidente dificultad de mantenerlo en secreto, una vez que salgan por cientos a través de Correos, aunque lo que sí se asegura a los encuestados es que sus respuestas serán mantenidas en secreto. La comparecencia en persona de quienes la comisión estime oportuno será el segundo paso a dar.

Esta comisión ya ha tenido la primera anécdota al remitir un ciudadano de Galicia una carta a Justo Zambrana, "presidente de la comisión de influencias", para que haga uso de tales influencias y le solucione la tramitación de una pensión. Zambrana le escribirá para intentar sacarle de su error y que sepa que de lo que se trata con esta comisión es de acabar con tales actuaciones.