Las ventas parciales

Hasta aquí me he estado refiriendo fundamentalmente a la venta de la totalidad de empresas públicas, que es lo que se podría llamar privatización stricto sensu. Sin embargo, hoy es más frecuente el sistema de privatizaciones parciales o minoritarias, es decir, la venta solamente de una parte de la empresa, unas veces mayoritaria y otras minoritaria, bien a través de la bolsa, bien mediante colocaciones privadas de las acciones o a través de managements buyouts entre sus directivos y empleados, etcétera.En el caso de estas ventas minoritarias los objetivos condicionantes pueden ser diferentes, puesto que sólo se pueden privatizar parcialmente empresas que ganen dinero o tengan grandes expectativas de ganarlo en el futuro, ya que los compradores privados, en este caso, no buscan su propiedad y su gestión, sino la participación en el riesgo y en los beneficios de una empresa pública porque piensan que pueden ser menor y mayores, respectivamente, que invirtiendo alternativamente en otras empresas privadas.

Por tanto, las privatizaciones parciales, al continuar la gestión y el control en manos públicas o estar compartidos, tienen unos elementos diferenciales que hacen que los argumentos sobre los que se suelen sustentar estas privatizaciones sean también diferentes, con ligeros matices, de los de las privatizaciones totales. Los argumentos son de tres tipos: presupuestarios, de gestión y políticos.

Uno de los argumentos más utilizados, al igual que en la privatización total, es de naturaleza presupuestaria. Los Gobiernos, dentro de una política de reducción del déficit público y de restricción del gasto, pueden permitir que sus empresas públicas más saneadas, para poder seguir manteniendo sus programas de inversión sin afectar al déficit público actual, se endeuden, bien tomando préstamos, bien emitiendo deuda o vendiendo parte de su capital a través de las bolsas.

La elección por parte de las empresas de una u otra forma de obtener recursos dependerá fundamentalmente de tres factores: el nivel de los tipos de interés del mercado, la relación entre sus recursos propios y sus recursos ajenos y la fiscalidad de los intereses, dividendos y plusvalías del capital. A la vista de ese conjunto de parámetros, los Gobiernos pueden optar por adelantar ingresos futuros mediante la venta parcial de empresas públicas.

Déficit coyuntural

Ahora bien, esta política sólo es económicamente racional en el caso de que las acuciantes necesidades financieras tengan su origen en problemas presupuestarios de naturaleza cíclica y no de carácter estructural. Tienen un carácter cíclico, por ejemplo, cuando las necesidades financieras han sido inducidas por el papel amortiguador de los sectores públicos en tiempos de crisis. Es evidente que la atonía de la actividad económica tiende a reducir los ingresos fiscales, dados los menores beneficios de las empresas, el estancamiento de las rentas de las personas físicas y las menores transacciones en los mercados, al tiempo que tiende a aumentar los gastos al exigir una mayor cobertura del desempleo y de las mayores pérdidas de las empresas públicas. Sólo en el caso de que se trate de episodios cíclicos típicos del sistema capitalista está justificado adelantar futuros ingresos mediante la venta de empresas, ya que más adelante, con una mejor coyuntura económica, es Posible reemplazar los activos vendidos con unos mayores ingresos y unos menores gastos corrientes.

Si, por el contrario, los problemas presupuestarios son estructurales, es decir, no ligados a la actividad económica, la única recomendación económicamente eficiente es recurrir a reducir gastos o a aumentar ingresos vía impuestos y en ningún caso a financiar temporalmente el déficit con privatizaciones de empresas públicas.

Por otro lado, los Gobiernos pueden pensar que la introducción de accionistas privados y de consejeros privados en los consejos de administración, que suelen tener un interés mucho más inmediato en la obtención de beneficios y dividendos, puede conducir a una gestión más eficiente por parte de los directivos de las empresas públicas, ya que se verán sometidos a una mayor presión para mejorar la rentabilidad.

Por último, la privatización parcial de empresas públicas puede decidirse por otros motivos que no sean presupuestarios o de gestión. Los argumentos políticos también suelen ser importantes, y es aquí donde se encuentra la diferencia entre la que yo llamaría privatización política y la privatización pragmática, según primen en mayor medida los objetivos políticos o los económicos. Para algunos Gobiernos europeos de tendencia conservadora, la privatización ya estaba decidida de antemano y ya tenían incluidos en sus programas electorales la reducción deliberada del tamaño del sector público y el desarrollo del llamado capitalismo popular.

Por el contrario, otros Gobiernos europeos, como el español, se han planteado la privatización, bien por los motivos presupuestarios señalados anteriormente, o por otros financieros, como dar una mayor profundidad a las bolsas o incorporar un mayor número de inversores a los mercados financieros para favorecer los procesos de creciente desintermediación. Es decir, la privatización ha venido impuesta por motivos económicos más que por la ideología o la política.

Una de las características fundamentales de la privatización política es que la venta al público de las acciones de las empresas públicas se ha hecho, en general, muy por debajo de su precio de mercado con el fin de que haya una mayor transferencia de riqueza al sector privado, bien por motivos puramente políticos como la aceptación del capitalismo por ciertas clases sociales, o también, por qué no, electorales, ya que se supone que aquellos nuevos propietarios que han adquirido las acciones tenderán en mayor medida a votar conservador que socialista o socialdemócrata. Además, vendiendo muy por debajo de su valor real han reducido las posibilidades de una futura renacionalización por parte de un futuro Gobierno de signo contrario, al hacerla enormemente costosa.

Por el contrario, en los países en que la privatización ha sido pragmática las acciones se han vendido a un precio muy próximo al del mercado para conseguir un máximo de ingresos, que era su fin primordial, dando, al mismo tiempo, un mínimo incentivo a los inversores y a los colocadores.

Conclusión

En resumen, el argumento en defensa de la privatización basado en que aumenta los ingresos del Estado debe de tratarse con extremo cuidado, ya que, en un contexto dinámico, el resultado puede, en algunos casos, ser el contrario, es decir, un deterioro de las cuentas del Estado a largo plazo.

Deterioro que puede llegar a ser mayor si el Estado, olvidando que esos mayores ingresos de hoy son menores ingresos de mañana, utiliza el importe de la venta de la empresa para aumentar los gastos corrientes o para reducir los impuestos. únicamente el deterioro podría ser menor si el importe de la venta es utilizado en otras inversiones productivas que compensen la pérdida del stock del capital que se deriva de la venta de la empresa. Igualmente, en el caso de privatización parcial el argumento de aumento de los ingresos del Estado es sólo sostenible si dicha privatización se realiza para cubrir desfases presupuestarios cíclicos y que en caso de desfases estructurales puede ser contraproducente.

Sin embargo, existen argumentos de otro tipo que no son estrictamente presupuestarios y que pueden justificar en ocasiones sobradamente, desde el punto de vista económico y financiero, la privatización.

Por último, se han realizado gran número de privatizaciones en las que los motivos políticos han primado sobre los económicos y presupuestarios, destacando entre ellos la voluntad deliberada de algunos Gobiernos de reducir el tamaño del sector público o de desarrollar un capitalismo popular, independientemente de su coste para el erario público.