La Audiencia paraliza una urbanización en Soto del Real a petición de la comunidad

La Audiencia Territorial ha ordenado la paralización de las obras de la urbanización Sierra Real, en el municipio madrileño de Soto del Real, a petición de la Consejería de Política Territorial, que las considera ilegales porque la zona urbanizada carece de plan parcial.El Ayuntamiento de Soto, presidido por el centrista Eladio Navarro, afirma que la comunidad ha actuado "con arrogancia" y relaciona esta suspensión con el polémico proyecto del Ministerio de Justicia, que pretende construir una cárcel en el municipio. La Asamblea de Madrid aprobó el jueves, con los votos en contra del PSOE, una proposición no de ley para que se suspenda la creación de nuevos centros penitenciarios hasta la realización de un estudio de impacto sociológico y ambiental.

Un portavoz de la Consejería de Política Territorial, que preside Eduardo Mangada, afirmó ayer que este nuevo conflicto con la pequeña localidad serrana (1.700 habitantes) es "muy anterior al anuncio de la nueva cárcel que sustituirá a la de Yeserías". Las obras de urbanización de Sierra Real, situada en el kilómetro 24 de la carretera de Guadalix a Soto, comenzaron hace un año y fueron paralizadas en un principio por el propio Ayuntamiento en abril de 1987, a la espera de la aprobación del plan parcial de la zona.

La comunidad realizó una inspección dos meses más tarde y comprobé que las obras, consistentes en la apertura de calles y la preparación de las infraestructuras, se habían reanudado ilegalmente. El Ayuntamiento, que ordenó en principio la retirada de la maquinaria de construcción, concedió en enero de este año una autorización provisional a Inmobiliaria Vistalta, S A, para seguir los trabajos.

Una nueva inspección detectó la ilegalidad, y la Consejería de Política Territorial presentó un recurso contencioso-administrativo para ordenar su suspensión. El Gobierno regional considera que las obras no pueden comenzar hasta que se aprueben los planes parciales y de urbanización de la zona. La Audiencia Territorial, en un auto del 4 de marzo, le dio la razón y ordenó la suspensión de la autorización municipal. El Ayuntamiento presentará un recurso de amparo porque considera que no ha sido escuchado en el procedimiento.

Según Javier Ruiz, concejal de Urbanismo de Soto, "la comunidad ha demostrado una vez más la falta de diálogo". "El Ayuntamiento dio la autorización provisional porque la redacción del plan parcial estaba muy avanzada". "Podemos haber actuado precipitadamente", reconoce Ruiz, "pero me parece excesivo recurrir al contencioso-administrativo y enrarecer aún más nuestras relaciones".

El plan parcial fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento y se encuentra congelado a raíz de un informe de Política Territorial, responsable del visto bueno final. Según la comunidad, este plan modifica las normas subsidiarias anteriores e incluye unos 15.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable (el 7% de la superficie total de la urbanización). El plan ha sido devuelto al Ayuntamiento para que lo revise.

Ocho millones de sanción

La Dirección General de Consumo también tomó cartas en el asunto y abrió en junio del año pasado un expediente a la inmobiliaria que gestiona la venta de parcelas en Sierra Real, Gestur S A. El expediente acabó en una sanción de ocho millones de pesetas, aprobada por el Consejo de Gobierno regional el 28 de diciembre, por presunta publicidad engañosa y obstrucción a la inspección.La comunidad considera como una "infracción administrativa muy grave" la publicidad y venta de parcelas destinadas a la edificación cuando aún no está aprobado el plan parcial de la zona. Un portavoz de Gestur confirmó que se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la sanción y afirmó que la empresa se mantiene al margen del conflicto entre el Ayuntamiento y la comunidad.