Los cuatro principales actores del 'Irangate', procesados
Un Gran Jurado federal decretó ayer, en Washington, el procesamiento criminal de los cuatro principales actores del Irangate, encabezados por el teniente coronel Oliver North. También son procesados, acusados de 23 delitos de conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos, John Poindexter, ex consejero de Seguridad Nacional; Richard Secord, creador de la empresa para la venta de armas a Irán y suministro ilegal a la contra nicaragúense, y hombre de negocios norteamericano-iraní Albert Hakim.Este es el resultado de 15 meses de investigaciones dirigidas por el juez especial Lawrence Walsh, que anunció ayer los procesamientos que abren la fase judicial, y definitiva, del mayor escándalo de política exterior de la presidencia de Reagan. Los cuatro conspiradores reciben 23 cargos criminales por la acusación genérica de conspiración para defraudar al Gobierno y robo de fondos públicos.
El patriota Ollie North es acusado además de otros nueve presuntos delitos de obstrucción de la investigación, de formular falsas declaraciones y destrucción de documentos. Poindexter, el hombre que aprobó el desvío de fondos a los rebeldes nicaragúenses, sin decírselo al presidente, es acusado formalmente de cuatro delitos del mismo tipo. En total el Gran Jurado, que continúa su investigación, formula 45 acusaciones criminales contra la banda de los cuatro. Cada cargo lleva consigo la posibilidad de 10 años de cárcel.
Los cuatro son acusados de haber impedido y obstruido la prohibición legal de ayudar militarmente a la contra; de utilizar, desde el Gobierno, personas privadas para generar fondos que no eran controlados por la Administración; de "corromper" la iniciativa de venta de armas a Irán permitiendo el desvío de fondos; y de robo de fondos del Gobierno al usar cantidades obtenidas de Irán para propósitos no autorizados.
El Congreso, en la sentencia política del Irangate que emitió el pasado noviembre, dijo que Ronald Reagan tuvo "la responsabilidad última" de lo sucedido y violó su obligación constitucional de hacer que se cumplan las leyes, permitiendo que una "camarilla de fanáticos" subvirtiera el proceso democrático mediante una política exterior secreta. Pero los comités de investigación del Congreso no lograron demostrar que el presidente supiera que los fondos obtenidos con la venta de armas a Irán se desviaban a la contra.
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