La Administración asegura que el objetivo es mitigar el fraude

., El MOPU sostiene que el objetivo del decreto es controlar el fraude, ya que al obligar a las comunidades a subvencionar en un 5% la construcción de VPO -lo que supone unos 10.000 millones de pesetas durante 1988-, las autonomías concederán los permisos con más rigor. Según datos del ministerio, entre el 30% y el 40% de las VPO existentes se han construido en zonas costeras y turísticas, encubriendo en realidad segundas viviendas de ciudadanos con ingresos superiores a los que permiten acojerse a las VPO.Ràfols sostiene que ese argumento "es una falacia, ya que el acceso a las VPO es un derecho reglado. Las comunidades deben conceder las calificaciones de vivienda de protección oficial si se cumplen los requisitos establecidos, por más sospechas que la localización levante sobre su posible venta como segunda residencia. El desvío de las subvenciones familiares con ingresos medios superiores a los establecidos, tampoco puede ser atribuible a las comunidades, puesto que se utiliza la declaración del IRPF como elemento de comprobación de ingresos. El problema radica en las abundantes bolsas de fraude existentes. Ya en 1986, diversas comunidades pedimos limitar el acceso a VPO en zonas de segunda residencia y obtener la colaboración de los delegados de Hacienda, al menos en los casos más flagrantes -compra de VPO valoradas en tres y cuatro millones de pesetas, declarando unos ingresos anuales de 300.000 pesetas-, sin obtener respuesta por el ministerio".

El MOPU considera que es competencia de las comunidades la investigación en los casos de sospecha de fraude. Asimismo, el MOPU acusa a las comunidades de que, habiéndose cumplido las previsiones de construcción de VPO -100.000 viviendas sobre 120.000 previstas-, apenas se ha empezado a construir el 30% de las 30.000 viviendas de promoción pública previstas, destinadas a las clases menos favorecidas, y a cargo de las comunidades.

Según la Generalitat, "el cumplimiento de tal objetivo hubiese supuesto que las comunidades autonómas destinasen a vivienda la casi totalidad del Fondo de Compensación Interterritorial (FCE), dejando al margen cualquier otra inversión en obra nueva (escuelas, carreteras, etcétera). Este fue uno de los motivos de revisión de la financiación de las comunidades autónomas a finales de 1986".

La Generalitat critica también que "el decreto no instrumenta incentivo alguno para la urbanización de suelo, ni por promotores públicos ni privados. Especialmente grave es, asimismo, la desaparición de la subsidiación de intereses de la rehabilitación de viviendas en los núcleos antiguos de las ciudades declaradas áreas de rehabilitación integrada".

Según Ràfols, "las comunidades proponen que se asigne a cada comunidad un volumen máximo de crédito subsidiado y que sean las comunidades quienes administren los recursos".