La construcción de 25.000 viviendas protegidas, paralizada por el conflicto entre el MOPU y siete autonomías
El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) exige la retirada del requerimiento previo de incompetencia presentado por siete comunidades autónomas contra el Real Decreto 1.494/ 1987, de 4 de diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda, para dar vía libre a la firma de los correspondientes convenios, que permiten poner en práctica los diversos mecanismos de financiación del Plan de la Vivienda.
Las comunidades recurrentes, Cataluña, Andalucía, Baleares, Valencia, Castilla y León, Aragón y Rioja, sostienen que el artículo 16, que obliga a, las comunidades a subvencionar el 5% del precio de las viviendas de protección oficial (VPO), es anticonstitucional. Este bloqueo administrativo supone el retraso en la construcción de más de 25.000 viviendas.Según estas siete comunidades, "la Administración central establece y tipifica una aportación económica a realizar con cargo a los presupuestos de las comunidades autónomas, invadiendo la capacidad de las comunidades de disponer de sus recursos libremente". Las siete comunidades presentaron en su día requerimiento previo de incompetencia contra este decreto. Los siete requeirimientos han sido rechazados por el Consejo de Ministros, por lo que las comunidades tienen un plazo de dos meses para recurrir al Tribunal Constitucional.
De las 80.000 viviendas de protección oficial que se construirán en España durante 1988, la mitad tienen derecho a ayudas directas, para lo cual es imprescindible que el MOPU firme los convenios con las comunidades. Entre el 65%, y el 70% de estas edificaciones están radicadas en las siete comunidades en conflicto con el ministerio, de lo que se deduce que la construcción de entre 25.000 y 28.000 edificaciones de este tipo está bloqueada hasta que la Administración central y las periféricas lleguen a un acuerdo o, de mantenerse la actitud firme del MOPU, hasta que emita sentencia el Tribunal Constitucional, caso de que las autonomías lleguen a presentar recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal.
Alberto Valdivielso, director general para la Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, considera que "no hay invasión del orden constitucional en el Real Decreto, aunque comprendemos que es una propuesta molesta para las comunidades autónomas". Valdivielso defiende la retención de la firma de los convenios porque "la posición de las comunidades es contradictoria. No se puede decir que un decreto es anticonstitucional y exigir la aplicación del mismo".
El director general de Arquitectura y vivienda de la Generalitat, Joan Ràfols, envió un escrito al MOPU para desbloquear la situación, en el que solicitaba la firma del convenio, mostrándose dispuesto "a aceptar el marco financiero del Real Decreto, aportando la subvención exigida, en aquellas promociones ubicadas en terrenos urbanizados por el Instituto Catalán del Suelo", a la espera de que se produjera el fallo del Tribunal Constitucional. Esta fórmula no ha sido aceptada por el MOPU, cuyo titular es Javier Sáenz Cosculluela.
Para Ràfols, la retención del convenio con las comunidades recurrentes es "una actitud de chantaje, incalificable políticamente, porque las comunidades más afectadas se pueden ver obligadas a aceptarlo para no bloquear la construcción de VPO. Consideramos que es una vulneración del artículo 14 de la Constitución, que protege el derecho de los ciudadanos de ampararse ante los tribunales".
