El coste de jueces baratos

Los jueces y magistrados perciben sueldos inferiores a los de funcionarios de similar nivel profesional y con incompatibilidades menos duras, los pluses de penosidad no los cobran todos los jueces que la padecen, un magistrado de Trabajo está mejor pagado que uno del Supremo. Estas irregularidades, unidas a la indeterminación del volumen de trabajo judicial, aumentan el caos de la justicia y hacen que unos profesionales baratos resulten caros a la sociedad.

Cerca de la mitad de los 2.396 miembros de la carrera judicial -exactamente 1. 119 jueces- perciben al mes una retribución líquida inferior a las 200.000 pesetas. En el otro extremo, los 75 magistrados del Tribunal Supremo cobran algo más de 300.000 pesetas, que con la antigüedad pueden alcanzar las 350.000 pesetas. Los 1.202 magistrados restantes cobran 230.000 pesetas, que en Madrid y Barcelona pueden elevarse hasta 260.000 pesetas, sin contar la antigüedad (7.964 pesetas brutas por trienio). Los aproximadamente 200 magistrados destinados a Magistraturas de Trabajo incrementan además su retribución en 100.000 pesetas brutas procedentes de la Seguridad Social, que les permite superar el sueldo de los magistrados del Supremo.Éstas son las cifras oficiales, contrastadas con las asociaciones judiciales. Las facilitadas por el Ministerio de Justicia hinchan todas las retribuciones, al incrementar en todas las categorías un total de ocho trienios, por un importe bruto mensual de 63.712 pesetas, que naturalmente sólo perciben quienes cuentan con 24 años de servicio. De ahí que las cantidades líquidas mínimas proporcionadas por Justicia atribuyen a los jueces situados en los escalones más bajos del escalafón sueldos líquidos superiores a las 230.000 pesetas.

Los representantes de jueces y magistrados resaltan que su preparación y la oposición que la mayoría ha tenido que superar es similar a la de notarios, registradores de la propiedad o letrados del Estado, mientras que las remuneraciones que muchos de ellos perciben están por debajo de las de un subinspector de Trabajo, un letrado de Hacienda o un comisario de Policía. Reivindican su derecho a negociar y que una empresa especializada determine si las actuales retribuciones son adecuadas y se establezca el volumen de trabajo. Porque, según dicen, un juez de distrito puede tramitar 2.500 diligencias al año y está. tramitando 6.000 y un juez de primera instancia e instrucción, que podría llevar 1.500 diligencias penales y 300 civiles, está llevando, respectivamente, 5.000 y 600.

Independencia económica

Recuerdan asimismo que la ley orgánica del Poder Judicial establece: "El Estado garantiza la independencia económica de los jueces y magistrados mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional". Y explican este precepto en las graves responsabilidades que pesan sobre ellos, la posibilidad de ser sancionados disciplinariamente por el retraso en la tramitación de asuntos y la incompatibilidad con cargos o empleos y con el ejercicio de "toda actividad mercantil", incluso la realizada a través del cónyuge.

El complemento de mayor penosidad que perciben los jueces que prestan servicios de guardia en las grandes capitales, en las que están separados los juzgados civiles de los penales, es negado por el Ministerio de Justicia a los jueces destinados en juzgados de primera instancia e instrucción, que simultanean la función civil y la penal y, en cuanto a ésta, permanecen de guardia todo el año. La Audiencia Territorial de La Coruña estimó una reclamación en este sentido, pero el Tribunal Supremo la rechazó.

La situación retributiva viene a incidir sobre la deficiencia general de medios que padecen los juzgados y repercute sobre el servicio al ciudadano. Los nuevos jueces que llegan a la periferia de Madrid o Barcelona o a zonas turísticas en donde el alquiler de un apartamento vale 100.000 pesetas -más de la mitad de su sueldo-, además de tener que viajar permanentemente acompañados por un localizador por si es necesario levantar un cadáver, atender un habeas corpus o autorizar un trasplante de órganos, sufren la penuria no ya del papel de oficio, sino del mismo papel higiénico del juzgado.

En el nuevo juzgado de Aranjuez la compañía suministradora de electricidad exigió que se colocara el contador fuera del edificio judicial, para poder cortar la luz por falta de pago. En el juzgado de la localidad canaria de San Bartolomé de Tirajana el forense tuvo que comprar de su bolsillo los guantes esterilizados. Un juez de Madrid, Guillermo Sanchis, de 34 años, comenzaba el 19 de febrero último los fundamentos jurídicos de una sentencia con estas palabras: "Quiso Dios que llegásemos al final de este desgraciado procedimiento". Más adelante se extendía en consideraciones sobre los problemas del juzgado y se refería al "naufragio" del mismo.