Episodios gallegos

En la crónica titulada La Xunta, una gran familia (EL PAÍS, 23 de febrero), enviada desde Santiago de Compostela, su autor, Xosé Hermida, trataba de un reciente caso de nepotismo ocurrido en la Administración gallega y decía que tal suceso no era más que "otro episodio de la larga lista de contrataciones de familiares y allegados de altos cargos de la Administración que han acompañado la historia de la autonomía gallega". En el primer párrafo de su narración -la entrada, en términos periodísticos- escribía: "El yerno del ex presidente Fernández Albor, una hermana de Manuel Fraga y la propia esposa del actual titular del Ejecutivo [Rosa Liaño], el socialista Fernando González Laxe, entre otros, han integrado o continúan integrando la nómina de funcionarios y personal de confianza de la Administración gallega".Desde La Coruña, Xoan Manuel Carreira Antelo protesta. Al comienzo de la información, Xosé Hermida, tras referirse a esa "larga lista", cita el nombre de Rosa Liaño, para luego, muy avanzada la crónica, resultar que la esposa del presidente González Laxe, ftíncionaria de la Consejería de Pesca, accedió a este cargo, por oposición, bastantes meses antes de la llegada de los socialistas al poder". "¿Qué se deduce de ello?", se pregunta el lector. Y añade: "Como mucho, que un funcionario utilizó su puesto de trabajo para aupar a su cónyuge a la presidencia, si utilizamos la cronología, y tal posibilidad es increíble". Carreira opina que quizá se redactó la crónica informando de una situación objetiva y luego la entrada "resultó sesgada". "En todo caso", dice, "la honorabilidad de las personas merece que se cuiden estos detalles. No es igual el caso de quien gana una oposición y años después resulta ser cónyuge de un cargo que quien es nombrado a dedo después de que su padre o cúñado o primo ocupen el cargo".

Juan Francisco Janeiro, jefe de la sección de información general, explica que en la crónica, escrita a raíz del caso Padin -el conselleiro que contrató como asesora a su propia hija y posteriormente anunció su cese-, "parecía obligado aludir a los casos familiares de altos cargos que hayan trabajado o trabajen para el Gobierno autónomo. La alusión que se hace en la entrada respecto a la señora de González Laxe no contiene calificativo alguno: se limita a reseñar un hecho que puede atraer la atención de los lectores, aspecto básico de todo escrito periodístico". Es evidente que -por lo menos, de un lector- el cronista atrajo la atención.

"Según el Libro de estilo de EL PAÍS", recuerda Janeiro, "la entrada o lead 'no ha de dar necesariamente respuesta a las seis pregunta clásicas del periodismo (qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué)'. En el texto del informe se precisa que la esposa del actual presidente de la Xunta ingresó por oposición en la Administración autonómica bastantes meses antes de que González Laxe asumiera la dirección del Gobierno gallego. No se hace insinuación alguna sobre la forma de entrada de Rosa Liaño; por tanto, parece un poco excesiva la susceptibilidad que ha provocado este caso".

Efectivamente, el Libro de estilo del periódico no exige que las entradas respondan a todas esas preguntas, pero sí especifica que han de contener lo esencial de la información, y añade que deden ser suficientemente completas y autónomas "como para que el lector conozca lo fundamental de la noticia sólo con leer la entrada". Quien leyera sólo la entrada de la crónica de Xosé Hermida pudo muy bien llevarse la impresión de que la esposa de González Laxe era una de esas personas incluidas en la Iarga lista" de favorecidos por el nepotismo -"tan extendido, por desgracia, en Galicia", dice el lector Carreira- a que se refería la información redactada al hilo del caso Padín.

La 'gente del bar'

En la edición de Barcelona (EL PAÍS, 24 de febrero) se publicó una información titulada La Generalitat subvenciona un bar de 'skin heads' en Santa Colóma, firmada por Joaquina Utrera. Luis del Pino Delgado y Carlos Azagra escriben sendas cartas para aclarar algunas afirmaciones contenidas en la noticia. Utrera contaba que los skin heads -cabezas rapadas-habían abierto un bar al estilo de los locales denominados Partido de la Gente del Bar (PGB) que existen en otras ciudades.

Del Pino, uno de los promotores del establecimiento, asegura que la Generalitat no ha subvencionado a un bar de los skin heads de Santa Coloma. Porque la Generalitat, añade, "no subvenciona bares". "Dentro de su campaña de promoción de alternativas de autoempleo", explica, "ha aprobado la concesión de una subvención, canalizada por el departamento municipal de Trabajo, con la que pretendemos poner en marcha un local abierto a todo el mundo y que pueda funcionar de manera continua una vez que se agote (en seis meses) la subvención concedida". Del Pino manifiesta que quieren que el local sea utilizado por asociaciones de todo tipo, incluidas las consideradas marginales, para llevar a cabo sus objetivos, como solución a la carencia de establecimientos -"bares hay muchos", dice- que existe en Santa Coloma de Gramenet.

Por su parte, Carlos Azagra, fundador del PGB, se queja también: "Ni es tal bar ni nosotros somos skins; lo único que existe es un local de tipo alternativo, denominado Partido de la Gente del Bar, en el que tiene cabida gente de todo tipo". Al lugar acuden -dice- desde heavys, rockeros, etcétera, hasta skins de marcado cariz progresista y antifascista".

El jefe de la sección de Cataluña, Carles Pastor, considera que el lector Del Pino "se ha fijado exclusivamente en el titular de la noticia, que, como muchos titulares, no contiene toda la información y procura destacar un aspecto suficientemente llamativo para el Iector". Recuerda también que la autora de la noticia explica claramente en el texto que la subvención de la Generalitat ha sido concedida en concepto de ayuda a las iniciativas de autoempleo y enumera un conjunto de actividades que podrán desarrollar en el local. Pastor cree que la carta confirma que el texto de la información era correcto, pese a que el comunicante "pueda mostrar su descontento porque el título destaque sólo un aspecto de las actividades".

Leída entera la noticia sí puede resultar equívoco el titular. No será ésta la última vez que suceda algo parecido. El afán y la necesidad de resumir en pocas palabras el contenido de una noticia juegan estas malas pasadas.

En cuanto a la carta de Carlos Azagra, en la que asegura que la información "es completamente falsa y tendenciosa", Carles Pastor contesta que el propio Azagra hace un elogio, entre otros grupos, de los cabezas rapadas en cuanto a su condición de progresistas y antifascistas, justo lo que señalaba la cronista al indicar que 'algunos de los fundadores del PGB impulsaron el comité antifascista que organizó el pasado año una campaña para expulsar a los skins violentos ajenos al municipio".

Constitucional, no Supremo

"El Tribunal Supremo niega a las minorías el derecho a participar en el gobierno de las cajas de ahorro", rezaba un titular en las páginas de Economía de EL PAÍS (7 de febrero). En el texto de la información se explicaba que la Sala Quinta del alto tribunal había aceptado la apelación de la alcaldía de Madrid contra el fallo de la Audiencia Territorial que el pasado verano reconoció el derecho constitucional de las minorías políticas municipales a nombrar representantes en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro. Y se añadía: "Por ser firme, sólo cabe frente a este fallo el recurso de amparo ante el Tribunal Supremo". No. El recurso de amparo sólo cabe ante el Tribunal Constitucional; nunca ante el Supremo. Fue un error que muy atinadamente advierte el lector Isaac Ibáñez García.

El redactor jefe de la sección de Economía, Manuel Navarro, reconoce el desliz. Y en descargo del autor de la equivocación, Gustavo Matías, advierte que líneas más abajo se señalaba que "los intérpretes de la Constitución" -"esto es, el Tribunal Constitucional", añade ahora el redactor jefe- "debaten desde el pasado noviembre en pleno los recursos presentados contra las distintas leyes reguladoras de las cajas de ahorro".

En tan refinada deducción no reparó Isaac Ibáñez, quien, con toda razón, pone de manifiesto el error.