Amedo figura en una nueva investigación sobre los GAL por la desaparición de dos 'etarras'

El Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián ha citado a declarar al activista de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) Daniel Fernández Aceña, actualmente en prisión, en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer la desaparición, en octubre de 1983, en el País Vasco francés, de los refugiados supuestamente vinculados a ETA Militar José Ignacio Lasa y José Antonio Zabala, según han indicado fuentes consultadas por este periódico. La figura y el nombre del subcomisario de policía de Bilbao José Amedo Fouce vuelve a aparecer en la documentación que obra en poder de ese juzgado donostiarra, vinculada esta vez al personaje que instigó el presumible secuestro de los supuestos miembros de ETA Militar y que pagó por esa acción a los mercenarios de los GAL

Las mismas fuentes aseguran que el juez Antonio Jiménez Pericás, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián, ha solicitado formalmente al tribunal de Bayona, a través de una comisión rogatoria, las declaraciones efectuadas en su día por Pedro Sánchez, el ex legionario miembro de los GAL encarcelado en el País Vasco francés, que falleció antes de ser juzgado por su presunta participación en varios atentados perpetrados por ese grupo terrorista. Lasa y Zabala, los supuestos miembros de ETAm, desaparecieron en el País Vasco francés un año antes de que aparecieran las siglas GAL, sin dejar más rastro que algunos mechones de pelo y restos de sangre encontrados en el interior de un turismo que ese mismo día les había prestado otro refugiado.El juzgado de San Sebastián inició las diligencias para esclarecer su desaparición a raíz de la denuncia presentada por los familiares de Lasa y Zabala en diciembre último, tras la publicación de una serie de reportajes de Prensa en los que se indicaba, citando a antiguos activistas de los GAL, que los supuestos miembros de ETA fueron trasladados por barco hasta Fuenterrabía, torturados y enterrados en territorio español, en un monte situado en la línea fronteriza. Según esas fuentes, la acción del secuestro fue llevada a cabo por Pedro Sánchez y por Mohan Talbi, el mercenario de los GAL, miembro de la Legión francesa en Argelia, actualmente encarcelado en Burdeos por su participación en el secuestro del vecino de Hendaya Segundo Marey.

Un tal 'Carlos'

El traslado de los secuestrados a Fuenterrabía se habría realizado en una embarcación prestada por un colaborador de los GAL, un tal Carlos, amigo de Pedro Sánchez. De acuerdo con las informaciones que maneja el juzgado donostiarra, el subcomisario de policía José Amedo Fouce, que decía llamarse Genaro Gallego, entregó a Carlos una importante cantidad de dinero en pago del favor prestado.

El propio Amedo habría sido además informado, según esas fuentes, del lugar en el que fueron enterrados Lasa y Zabala, un punto que algunas fuentes sitúan en el coll de Ibardin. Las primeras informaciones que daban cuenta del asesinato en España, previo secuestro en el sur de Francia, de Lasa y Zabala surgieron, al parecer, de Daniel Fernández Aceña, el activista de los GAL que ha sido citado a declarar por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián.

Daniel Fernández Aceña se encuentra actualmente encarcelado en Valladolid, donde cumple una condena de 29 años y 10 meses como autor de un delito de asesinato premeditado con alevosía y de pertenencia a banda armada. Fue detenido en la frontera de Irún el 1 de marzo de 1984, junto con Mariano Moraleda Muñoz y Vicente Manuel Fernández Fernández, y acusado de haber tomado parte en el asesinato, ese mismo día, en Hendaya, del ciudadano francés, trabajador de los ferrocarriles, Jean Pierre Leiva. Fernández Aceña y Mariano Moraleda fueron los primeros activistas de los GAL detenidos por la policía española.

José Ignacio Lasa y José Antonio Zabala desaparecieron en la localidad francesa de Bayona el 16 de octubre de 1983. Allí fueron vistos por última vez por sus padres en la tarde del día 15. En la madrugada del día siguiente un amigo les entregó las llaves de un vehículo para que regresaran a su domicilio. Los dos refugiados no llegaron a utilizar el automóvil. El coche fue encontrado en el lugar donde lo había dejado su propietario pero tenía rotos los cables de la batería y en su interior estaba la documentación de los supuestos etarras. Herri Batasuna responsabilizó entonces al Ministerio del Interior español de la suerte que corrieran los dos desaparecidos.