Multas de más de 1.000 millones para la red de evasores de Cataluña

La Audiencia Nacional ha condenado a 17 industriales de Barcelona y uno de Bilbao a penas que oscilan entre los tres años de cárcel y multa de 575 millones y la sanción de 1.500.000 pesetas por su participación en una red de evasión de capitales a Suiza y Luxemburgo, vía Andorra. El total de las multas impuestas supera los 1.000 millones de pesetas. El italiano residente en Barcelona Giuseppe Mussi, que también estaba acusado de delito monetario, ha sido absuelto. Otro de los procesados, Evaristo Segur, diplomático costarricense, acusado de la evasión de 532 millones, no fue juzgado pues se encuentra en rebeldía.La sentencia condena a los principales implicados como autores de un delito monetario continuado y complejo, por la realización constante, permanente y sucesiva de evasiones de dinero español.

Las condenas impuestas por la Audiencia Nacional han sido de tres años de prisión y multa de 575 millones para Ignacio Suris, que era quien recaudaba el dinero y lo pasaba personalmente por la frontera situándolo en bancos de Andorra; un año de cárcel y multas de 130 millones para Daniel Pinilla y Justo Ferrer; un año de privación de libertad y 75 millones para Antonio Barnola; dos meses de arresto y 38 millones de multa para Adela Clemente y Vicente Pedret; dos meses de arresto y 18 millones para Joaquín Rodoreda, y dos meses y ocho millones para Carlos Fradera. Los restantes industriales han sido condenados únicamente a penas de multa.

El industrial textil bilbaíno José Luis Zubicaray, que argumentó en el juicio que el dinero evadido era para pagar el impuesto revolucionario, ha sido condenado a una multa de cinco millones de pesetas.

'Impuesto revolucionado'

El tribunal no ha estimado la eximente de miedo insuperable como justificante de la evasión por el pago exigido por una organización terrorista. Esta tesis, que los magistrados habían aceptado en algún proceso anterior, ha sido rechazada en este caso porque se limitó a exponer la situación, pero no acreditó la amenaza grave al procesado ni se aportó dato alguno sobre el hecho que el tribunal pudiera valorar.La sentencia declara probado que Ignacio Suris, propietario de la empresa Blaumar de Barcelona, dedicada al negocio inmobiliario, se dedicaba desde 1979 a sacar moneda española al extranjero, principalmente a Andorra, operación por la que percibía de sus clientes una comisión del 4%. El dinero, una vez en Andorra, se cambiaba por divisas y se transfería a cuentas corrientes de Suiza y Luxemburgo o incluso de la propia Andorra.

El 26 de marzo de 1984, Suris fue detenido en la frontera de La Seo d'Urgel cuando intentaba evadir 25 millones de pesetas escondidos en un doble fondo de su coche. El total del dinero evadido personalmente por este procesado supera los 1.000 millones de pesetas, de los que 532 pertenecían a Segur, 241 a Ferrer y Pinilla, 74 al matrimonio Pedret-Clemente, 37 de Rodoreda y 21 de Barnola.