La Sindicatura cifra en 87.930 millones el endeudamiento sin financiación de la Generalitat a finales de 1985

Ferran Termes, el síndico que efectuó el informe de la Generalitat de Cataluña, cifró ayer en 87.930 millones de pesetas el endeudamiento añadido de la Generalitat, sus organismos y las entidades gestoras de la Seguridad Social a finales de 1985, en la comparecencia de la Sindicatura ante una comisión del Parlamento catalán que estudiará el informe sobre la Cuenta General de 1985. Esta cifra, que está sin justificar y carece de financiación prevista, es independiente de la deuda oficial en aquella fecha 98.480 millones de pesetas. El endeudamiento añadido que reconoce el síndico se aproxima mucho a los 92.717 millones de pesetas que ayer avanzó este periódico como estimación del déficit de la Generalitat al final del citado ejercicio, recogiendo las conclusiones de un informe del diputado socialista Martí Carnicer.

,Termes y Carnicer polemizaron sobre la denominación de este tipo de deuda de la Generalitat. Termes señaló que se trataba de un endeudamiento a corto sin financiación, por tratarse de un concepto financiero, mientras que la expresión de déficit tenía más una significación económica de resultado de un determinado ejercicio. El síndico ratificó la existencia de la citada deuda hasta ahora no hecha pública. Ésta es independente del endeudamiento oficial y con financiación prevista, que a finales de 1985 ascendía a 98.480 millones de pesetas (150.000 en 1986).Para el síndico Eudald Travé, se trata de una deuda conceptualmente equiparable a la que en el Estado se conoce como "deuda flotante". "Si durante varios ejercicios", reconoció, "hay una deuda que no se paga, al final se tendrá que reconocer". Según el síndico Josep Maria Carreras, se trataba más propiamente de un endeudamiento, pero quitó importancia a la discusión terminológica al estimar que todos se estaban refiriendo al mismo tipo de compromiso. Carreras señaló que las conclusiones de Carnicer debían ser correctas si había utidizado las cifras adecuadas.

El problema sigue en 1986

Ferran Termes señaló que este endeudamiento pudo haberse compensado en parte con los 46.000 millones de pesetas que en 1986 recibió la Generalitat en virtud del último acuerdo de financiación con la Administración central. No obstante, precisó que era difícil aplicar esta compensación, ya que el citado acuerdo se refería a los ejercicios de 1983, 1984 y 1985 sin especificar. Carnicer, que elogió el trabajo de los síndicos, replicó que esos ingresos adicionales no habían modificado sustancialmente el problema, ya que en 1986 se volvió a generar una nueva deuda de 23.290 millones de pesetas, con lo que a finales de este ejercicio la deuda total sin financiación prevista ascendía a 86.977 millones de pesetas.Josep Maria Carreras, que analizó las cuentas de la Seguridad Social, destacó que se había registrado una notable mejoría de la contabilidad en relación al año anterior, pero afirmó que ante la imposibilidad de poder regularizar los saldos, la Sindicatura no se podía pronunciar sobre la liquidación del ejercicio por la existencia de ingresos y gastos de distintos años.

El Departamento de Economía de la Generalitat hizo pública ayer una nota en la que señalaba que "La Administración de la Generalitat utiliza en su contabilidad criterios de administración pública, fijando el gasto en el momento en que se produce y la obligación de ingreso en el momento en que se hace efectivo". Añade que ello produce desajustes financieros y recuerda que hasta noviembre de 1986 no fue posible acordar con la Administración Central la liquidación del período transitorio, que afecta a 1985 y años anteriores.

El diputado aliancista Josep Curto anunció ayer que su grupo votaría en contra del informe, por estimar que en esta ocasión los síndicos no habían mostrado la valentía que tuvieron en el examen del ejercicio anterior, analizando cómo se registran los intereses que percibe la institución por sus cuentas bancarias. Curto retiró las referencias a "pasteleo y manipulación" que había empleado para calificar la actuación de los síndicos.

Termes replicó con contundencia diciendo que todos los intereses estaban contabilizados y que no se habían utilizado irregularmente. Pero admitió que no se había efectuado la conciliación de cuentas y confirmó que la Sindicatura está elaborando un informe específico sobre los intereses.

El síndico mayor, Joan Josep Perulles, explicó las razones por las que las conclusiones de los síndicos se presentaron previamente a la Generalitat para que efectuase las consideraciones oportunas antes de redactar el informe definitivo. Perulles apoyó esta decisión en una sentencia del Tribunal Supremo y en el espíritu de la nueva ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas y de la legislación comunitaria.