El CESID incrementa su control sobre empresas y trabajadores del sector de suministros militares

Empresas comerciales interesadas en abastecer al Ejército español han denunciado lo que consideran un intento de concentrar las compras de material en unas pocas sociedades, mediante la exigencia de un documento reservado llamado acuerdo de seguridad, que expide el CESID tras una minuciosa investigación de la sociedad de que se trate y sus trabajadores, y que hasta ahora se exigía sólo a la industria de fabricación y no a la meramente comercial. Este documento reservado, cuya falta ha impedido concursar a varias sociedades, fue exigido para retirar los pliegos de condiciones de varios concursos, entre ellos, uno para el suministro de uniformes.

Fuentes de las empresas perjudicadas han afirmado que se trata, además, de una maniobra perjudicial para el erario público, porque reduce la competencia a las grandes firmas que sí poseen el visto bueno de los servicios de inteligencia militar.Un reciente concurso para la obtención de linternas destinadas a tiendas de campaña suscitó recelos entre algunas de los dos centenares largos de empresas comerciales que abastecen al Ejército. De forma completamente inusual, las bases del concurso incluían la indicación de que "no se exigirá el acuerdo de seguridad". Últimamente habían circulado entre los abastecedores rumores de que se ¡ba a pedir tal documento a lodos los proveedores. Estos temores se confirmaron el pasado 15 de diciembre, al convocarse un concurso restringido urgente para la compra de 30.000 uniformes de guerra NBQ (nuclear, bacteriológica y química). Este suministro tenía un precio de partida de 630 millones de pesetas. Las ofertas debían estar entregadas antes del 18 de diciembre.

El tiempo disponible fue considerado corto por empresas que en menos de dos semanas tenían que conseguir los pliegos de condiciones, analizar sus posibilidades, hacer números, recopilar la amplia documentación exigida para la contratación con el Estado, obtener avales bancarios o el dinero de la fianza y presentarse al concurso. Pero mayor problema fue que, al acudir a recoger los pliegos de condiciones, el personal encargado de facilitarlos pedía el acuerdo de seguridad. A quien no presentaba este documento expedido por el CESID -que dirige el general Emilio Alonso Manglano- ni siquiera se le entregaban los pliegos.

Según las fuentes consultadas, a la anomalía de que este acuerdo sólo debía ser exigido a las industrias que fabrican material militar se ha unido la de exigir la exhibición de un documento que es reservado. "La empresa que enseñara este documento", ha dicho un informante, "conculcaría las propias normas dadas a sus titulares por el CESID, que no permiten enseñarlo nunca". El servicio de inteligencia concede el acuerdo de seguridad tras minuciosos estudios de las empresas y de sus trabajadores. Éste es el motivo, según se ha podido saber ahora, de que hace casi tres años varias empresas públicas distribuyeran entre su personal el denominado Formulario MSI-02, práctica que calificaron diversas organizaciones como atentatoria contra varios preceptos constitucionales.

Unión de afectados

El portavoz de una de las empresas que se siente excluida de esta forma declaró que los abogados de algunas sociedades que se han visto afectadas por tales prácticas han iniciado gestiones en pro de la unión de los perjudicados para llevar a los tribunales esas medidas. Fuentes de otras de las empresas que abastecen al Ejército y carecen del acuerdo de seguridad se han mostrado escépticas sobre la posibilidad de que prosperen medidas de fuerza.

En opinión del citado portavoz, la exigencia del documento para las empresas comerciales no sólo es arbitraria e ¡lógica, sino ¡legal y perjudicial para la economía del Ministerio de Defensa, al limitarse el número de sus proveedores y facilitar el éxito en los concursos a quienes tengan buenas relaciones con el CESID. "Además, con esa exigencia, la mayor parte de los proveedores", dijo, "será marginada durante los meses que tarde el CESID en concederle ese documento. Muchos de ellos ni lo pedirán. Otros no lo obtendrán, pues lo que es comercio no encaja en las normas dictadas para la industria de fabricación. Así se limitan las posibilidades de libre competencia que busca la ley de contratación del Estado, resultando favorecidas tremendamente las empresas que ahora tienen acuerdo de seguridad y las extranjeras".

Fuentes oficiales han negado que exista una decisión de aplicar el acuerdo a todas las empresas comerciales, si bien admitieron el propósito de extender el rigor de los controles. "No hay diferencias en la aplicación de los criterios de seguridad", declaró un portavoz del Ministerio de Defensa, "repecto a lo que se hacía hasta ahora. Sí la hay en relación con los productos, pues hay algunos de tipo comercial que requieren rigor, entre ellos, si fuera el caso, hasta alguna bebida refrescante, por cuanto podría llegar a provocar desarreglos intestinales de la tropa en momentos de acción. En general, también se tiende a ampliar el área de seguridad, porque cada día los productos tienen mayores elementos de riesgo".

Un portavoz de la Asociación de Fabricantes de Armamento y Material (Afarmade) señaló que el acuerdo de seguridad tiene tres o cuatro niveles diferentes -dependiendo de la clasificación de los productos que se fabrican- y que prácticamente todas las empresas dedicadas al suministro de material bélico lo tienen suscrito hace varios años.