Un formulario llamado MSI-02

G. M. Entre las preguntas del llamado Formulario MSI-02 que han de contestar los trabajadores de empresas que deseen obtener el acuerdo de seguridad figura, con el número trece, la de "organizaciones o asociaciones con las que tiene o ha tenido relación". Quienes respondan a esta pregunta -bajo la que, desde hace cerca de tres años, aparece la advertencia de que "la contestación a este apartado es voluntaria"-, han de especificar el nombre, clase o tipo de asociación, señas, el tipo de relación mantenida, el desde cuando y el hasta cuando.

La voluntariedad de las respuestas, introducida a raíz de las numerosas denuncias sobre la presunta inconstitucionalidad del cuestionario -realizadas por Comisiones Obreras, el PCE, el Defensor del Pueblo, la Junta Directiva de Abogados Jóvenes de Madrid y la Asociación Pro Derechos Humanos-, fue esgrimida por el Gobierno para responder a una pregunta parlamentaria que efectuó a mediados de 1985 el diputado comunista Fernando Pérez Royo.

El Ejecutivo justificaba la redacción y distribucción del citado cuestionario entre diversas empresas públicas en el cumplimiento de la ley de secretos oficiales, "cuyo artículo ocho limita el conocimiento de las materias clasificadas a las personas debidamente facultadas para ello" (véase EL PAÍS del día 13-10-1985).

Otras preguntas incluidas en el cuestionario se refieren a la relación cronológica de todos los antiguos lugares de residencia y el tiempo de permanencia en los mismos y el detalle de todos los viajes al extranjero (incluidas las ciudades visitadas y las fechas de entrada y salida de España).

También se pide la reconstrucción del expediente profesional (con referencia a los empleos ocupados) y las eventuales condenas civiles y militares que le hayan sido impuestas (con detalle de la causa, fecha, delito y pena correspondiente).

Las explicaciones dadas por el Gobierno fueron consideradas insuficientes por Comisiones Obreras, que expresó el temor de que tales cuestionarios abrieran las puertas, bajo el pretexto de la seguridad nacional, a investigaciones anticonstitucionales sobre la vida privada y la ideología que condicionen perspectivas de promoción y de estabilidad en el empleo de los colectivos de izquierdas.

Esta preocupación enlaza con la creencia de que en determinadas empresas multinacionales norteamericanas se proyecta imponer un sofisticado y prácticamente indemostrable veto a la contratación de comunistas o de personas que, al margen de razones ideológicas, no se ajusten en su vida privada a los cánones de comportamiento que las empresas consideran acertados por mayoritarios.