Castigo a los culpables. A todos

LA PARALIZACIÓN del complejo industrial de Alúmina-Aluminio de San Ciprián, en el norte de Lugo -el más importante de este sector productivo y uno de los tres primeros del mundo-, es un hecho absolutamente increíble. Es necesario que se investigue a fondo el proceiso que ha llevado a tal desaguisado económico y laboral y exigir las debidas responsabilidades a los culpables.La acción de los trabajadores de Alúmina-Aluminio se enmarca en el clima de histeria colectiva generado en Galicia con el embarrancamiento en sus costas del buque Cason. Si es palmaria por eso la absoluta irracionalidad del comité de empresa y de los huelguistas que, abandonaron los servicios mínimos en la fábrica, conviene no olvidar las responsabilidades gravísimas en que las autoridades gallegas incurrieron con su torpe manejo de: una crisis que ha tenido ya consecuencias prácticamente irreparables.

La resistencia de los trabajadores de Alúmina-Aluminio de San Ciprián a que los bidones con material peligroso rescatados de buque Cason fuesen reembarcados hacia Holanda desde el puerto de esta factoría tiene dificil justificación. Y mucho menos la tiene -tomando pie en este hecho y en la posible contaminación por la presencia del cargamento- su decisión de abandonar sus puestos de trabajo, poniendo en peligro el complicado y altamente costoso proceso de producción. No se ve qué relación pueda tener la oposición al traslado de una mercancía peligrosa y posiblemente contaminante con el abandono de las obligaciones laborales y la destrucción de una factoría de extrema importancia para la economía nacional y para las propias economías domésticas de la zona. Como el ministro de Economía ha hecho notar, ni siquiera durante las huelgas revolucionarias han dejado de respetarse los servicios mínimos en los altos hornos, y la acción de los huelguistas en San Ciprián es simplemente alocada.

En principio, el coste que supone volver a poner en funcionamiento el proceso de producción de aluminio paralizado se estima en unos 16.000 millones de pesetas. A estas pérdidas hay que añadir los posibles efectos negativos que la situación creada puede tener no sólo entre los 1.750 trabajadores de la industria, sino entre la población que indirectamente vive de ella. A partir de su inauguración, en el año 1980, el nivel de vida de la población de la comarca se había incrementado sustancialmente.

Como ya ocurrió antes en Reinosa, en San Ciprián se ha puesto de manifiesto la incapacidad de los sindicatos para encauzar los conflictos laborales surgidos espontáneamente y con oscuras motivaciones. Pese a ello, los dirigentes sindicales de Alúmina-Aluminio no han escurrido el bulto y se han mostrado dispuestos a admitir la parte de responsabilidad que corresponda a los trabajadores en el desencadenamiento de los hechos. En todo caso, antes de adoptar decisión alguna de la que luego hubiera que lamentarse, hay que conocer con exactitud la naturaleza del daño producido, así como la evaluación objetiva de sus costes. La creación por parte de la empresa y de los sindicatos de una comisión de investigación es imprescindible.

La dirección de la empresa ha anunciado que abrirá expedientes de despido a 111 trabajadores que no atendieron los servicios mínimos, rescindirá los contratos temporales y exigirá responsabilidades civiles y penales al comité de empresa y a sus miembros por los daños causados en la factoría. Es absolutamente lógico que así sea. Pero no ha de bastar si el Gobierno quiere obrar con justicia. El gobernador civil y un buen puñado de burócratas en torno suyo merecen un fulminante cese. A ellos se debe en gran parte el origen del caos y el pánico que se encuentra en la raíz de la irresponsable respuesta de los obreros. Castigar sólo a éstos y proteger a los políticos ineptos sería una indignidad.