Construcción clandestina y falta de viviendas en Canarias

El Gobierno autónomo de Canarias se propone solucionar el grave problema de la vivienda en las islas mediante medidas de carácter excepcional, entre las que figura la primera ley de autoconstrucción autonómica que se aprueba en el país. La construcción de viviendas por sus propietarios es un fenómeno generalizado en las islas, que ha dado lugar a la proliferación de viviendas clandestinas que no reúnen los requisitos mínimos exigibles de seguridad y habitabilidad. Más de 10.000 personas se manifestaron días pasados en Tenerife, Gran Canaria y La Palma como protesta por la falta de casas.

El plan de choque, que fue anunciado a este periódico por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Agua, Ildefonso Chacón, aspira a cubrir en la presente legislatura un déficit cifrado en 17.000 viviendas y a equipar adecuadamente los polémicos polígonos existentes en las dos provincias canarias, que, en su opinión, constituyen bloques de hacinamiento y focos explosivos.Paralelamente, una coordinadora de vecinos ha presentado en el Parlamento regional la primera iniciativa legislativa popular, con el respaldo de 30.000 firmas, para la creación de un Instituto Canario de la Vivienda que afronte un plan de edificaciones a lo largo de la legislatura de al menos 12.000 viviendas públicas.

La proposición de ley fue apoyada en la calle mediante movilizaciones en las islas indicadas y responde "al estado de desesperación que viven miles de canarios que no tienen un techo para dormir o duermen con el temor de que se les caiga encima", según declaró Segundo Martínez, concejal de Izquierda Canaria Unida (ICU) en Las Palmas y presidente de la coordinadora.

Enfermedad del cemento

Unas 100 viviendas han sido derribadas por orden de las autoridades en los municipios de Guía de Isora y La Matanza, en Tenerife, al encontrarse en un estado ruinoso a causa de una enfermedad detectada en el cemento empleado hace unos 20 años para su construcción.Por su parte, el Gobierno de coalición de centro-derecha y nacionalista, que preside Fernando Fernández Martín, del CDS, se muestra decidido, con la ayuda de cabildos y ayuntamientos, a afrontar esta reivindicación histórica de la población insular. El presidente canario declaró que el principal inconveniente es la escasa reserva de suelo de los municipios.

El consejero Chacón Negrín, que es miembro de una de las fuerzas del pacto de gobierno, las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), anuncié una le, de autoconstrucción y rehabilitación en el medio urbano y rural y un plan regional de la vivienda para el próximo trienio.

Con la citada ley, que supone una novedad legislativa como modelo de regulación de los núcleos autoconstruidos, el Ejecutivo prevé facilitar suelos, dotar de servicios y proyectar gratuitamente la creación de unas 2.000 viviendas anuales, para lo que, a su vez, ofrecerá créditos blandos a los particulares interesados. Aparte, el plan regional contempla la realización en tres años de unas 7.200 nuevas viviendas sociales para su alquiler o venta.

En 1988 serán invertidos 3.500 millones de pesetas en este capítulo y se abrirán oficinas de la vivienda en los municipios.

La política de viviendas del Gobierno se caracteriza, según el citado consejero, "no sólo por la erradicación del chabol¡smo o la lucha a favor de unas condiciones dignas de vida, sino por la frontal oposición a las grandes moles de las barriadas para dar paso a viviendas unifamiliares". En su opinión, casos como los polígonos de Jinámar, en Gran Canaria, o Padre Anchieta, en Tenerife, que acogen, en total, a unas 30.000 personas, no deben repetirse. "Mientras yo sea consejero se harán viviendas unifamiliares y, en casos extremos, por falta de suelo, bloques de cuatro plantas como máximo", declaró.

Entre los años sesenta y setenta se llevaron a cabo en Canarias urbanizaciones monstruosas para miles de habitantes con escasos recursos económicos que, en su mayoría, engrosaban la inmigración del campo y las islas menores.