Voces incomprensibles

EL PAÍS se escribe en español, como paladinamente lo manifiesta en sus páginas y lo declara su Libro de estilo; no obstante, en él aparecen con frecuencia palabras extranjeras cuyo significado desconoce la mayoría -cuando no la casi totalidad- del público. A esos vocablos de otras lenguas hay que añadir los abundantes términos técnicos que escapan a la comprensión de la generalidad de los lectores. Los extranjerismos y tecnicismos abundan principalmente en noticias, reportajes y crónicas sobre temas de la ciencia y de la economía. El abuso de este tipo de voces ha dado lugar a dos quejas."Desde mi condición de profano en asuntos financieros", escribe un lector remitiéndose a la sección Economía / Trabajo, no veo motivo para alejara los aficionados a este tipo de información mediante el uso de múltiples términos técnicos que no llevan la deseable aclaración conceptual entre paréntesis". "Tengo que confesar", añade, "que ha habido días en que ciertos artículos y crónicas parecían responder a la intención deliberada de dirigirse exclusivamente a los mismos que generan cada información, a los afectados directísimamente. El equilibrio entre el rigor y la divulgación no es sencillo, pero sí posible".

Otro comunicante señala el titular de una crónica, también de la sección Economía / Trabajo, del pasado lunes 7, que decía: "La Comisión Europea enviará [a España] antes de dos semanas el avis motivé sobre el monopolio de petróleos". Cortésmente quejoso, pregunta: "¿Qué es eso del avis motivé? El texto, además de no explicarlo, nos deja patidifusos, porque resulta, por si no nos hemos enterado, que el avis motivé es 'continuación de la denominada mise en demeure'. Sigo sin entenderlo. ¿Seré un zoquete?".

Manuel Navarro, jefe de la sección, admite que el lector tiene razón cuando señala la utilización de muchos términos técnicos en el lenguaje habitual de Economía / Trabajo. "El equilibrio entre rigor y divulgación", explica, "es también un objetivo para la sección. Desgraciadamente, en una información diaria, donde el espacio está limitado, es casi imposible explicar todos los concel tos cada vez que se utilizan (que suele ser casi a diario). En frecuentes ocasiones se realiza este tipo de esfuerzo y los editores se ven obligados a recortar las explicaciones para poder incluir otros datos que completan la información". Navarro añade: "La carta del lector nos recuerda que debemos profundizar, en la medida de nuestras posibilidades, esa labor de divulgación en la sección diaria".

Las normas de redacción de EL PAÍS son diáfanas: el estilo debe ser claro y fácilmente comprensible para el lector. "Las palabras empleadas deben ser comunes, pero no vulgares. Cuando haya que introducir términos poco frecuentes (...) es preciso explicar al lector su significado".

Parece palmario que avis motivé y mise en demeure no son palabras vulgares; en esto vaya si se ha cumplido la norma. Sin embargo, hay que convenir en que no son expresiones fácilmente comprensibles para el común de los lectores. Y de lo que se trata es de que todo sea fácilmente comprensible.

Las expresiones avis motivé y mise en demeure no son fáciles de traducir al lenguaje jurídico español, contesta Alberto Valverde, autor de la. información. Esos términos se: emplean en los trámites -"ya explicados en anteriores informaciones al respecto"- de la Comunidad Europea previos al envío al Tribunal de Justicia de Luxemburgo de una disputa entre la CE y un Estado miembro.

Alberto Valverde detalla y documenta el proceso que se sigue cuando surge la disputa. En lenguaje llano, y para contestar al lector, he aquí un resumen de la documentada explicación facilitada por Valverde. Una mise en demeure equivaldría a una especie de carta de advertencia c requerimiento; un avis motivé, a un dictamen motivado.

Cuando la CE estima que un Estado miembro ha violado cualquier norma del Tratado de Roma, primero ambas partes establecen contactos oficiosos para resolver amistosamente el problema. Si no hay acuerdo por parte del Estado, la CE le abre una ficha de inflacción y le remite una carta de advertencia o requerimiento (mise en demeure), que señala un plazo para contestar o proceder a las recomendaciones que propone. Transcurrido el plazo sin resultados positivos, la CE envía al Estado un dictamen motivado (avis motivé) en el que se argumenta por qué interpreta que se ha violado el Tratado de Roma. Transcurrido un plazo sin respuesta o sin cumplimiento satisfactorio, tanto la CE como el Estado afectado pueden llevar la disputa ante el Tribunal de Luxemburgo.

"Hay que advertir", señala Valverde, "que, debido a lo inusual del proceso y al hecho de nuestra reciente pertenencia a la CE, los términos están aún sin una nomenclatura castellana específica aceptada, según me dicen expertos jurídicos comunitarios, como Daniel de Busturia, responsable del gabinete jurídico que asesora a los intereses petrolíferos españoles en el caso. Sí se han utilizado los términos franceses originales es porque todas las fuentes lo hacen al hablar del caso y porque, creo, la utilización de una versión castellana aproximada hubiera creado aún mas confusión".

Valores desgravables

En el suplemento Negocios del pasado 22 de noviembre, bajo el epígrafe de 'Impuestos', J. Mariano de Rioja firmaba un artículo titulado "Consecuencias fiscales antes de que finalice el año", que pretendía destacar algunas de las innovaciones que introduce el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que se discute en el Congreso.

Según el lector Fernando Reguera Cardiel -"no soy un experto", advierte-, de este trabajo se deduce que pueden suscribirse (nunca compra directa) acciones en 1987 con desgravación del 10% en la cuota y venderse cuando se quiera a partir del 1 de enero de 1988 sin pérdida de desgravación". "¡Ojalá fuera así!", exclama. Él particularmente y otros pequeños ahorradores saldrían beneficiados, asegura. "Creo, sin embargo, que ello no es cierto al leer el proyecto", añade.

En efecto, no es cierto. J. Mariano de Rioja aclara que "se trata de un error que se deslizó debido a las variaciones que han sufrido los textos del anteproyecto de ley".

Por tanto, y lamentablemente, quienes hayan podido creer lo que con acierto no creyó el lector, deben conocer esta aclaración de J. Mariano de Rioja: "Las acciones que se acojan a desgravación en 1987 no resultan exoneradas del requisito de permanencia [en el patrimonio], y sí que, previsiblemente, lo serán las acogidas a deducción en los años anteriores".

En su descargo, J. Mariano de Rieja alega que el artículo tenía el contenido meramente ilustrativo de las modificaciones que podrían introducirse en el Presupuesto de 1988. La ley, además, todavía puede sufrir alteraciones.

La ENA, una escuela que funciona

En un trabajo de Carlos Yárnoz sobre el elevado número de pilotos de las Fuerzas Aéreas que han solicitado ingresar en las compañías comerciales se afirmaba que "la Escuela Nacional de Aeronáutica (ENA), donde se forman los pilotos civiles, lleva varios años prácticamente cerrada" (EL PAÍS, 1 de diciembre).

Más de 50 alumnos de la ENA han escrito al periódico y aseguran que "dicha información es falsa". Para apoyar esto especifican que "en los últimos cuatro años se ha volado a razón de 14.000 horas / año y han obtenido licencias de piloto más de 300 alumnos".

Carlos Yárnoz explica: "Al hacer esa valoración sobre la ENA intenté reflejar el deplorable funcionamiento de esa escuela en los últimos años, hecho del que este mismo periódico ya se ha hecho eco en anteriores ocasiones. El término empleado puede ser considerado exagerado o inadecuado, y ello se debió, sin duda, a que debía referirme al problema de la ENA de forma muy breve y resumida, ya que la información en sí trataba de otro hecho: el paso de militares del Ejército del Aire a líneas aéreas comerciales".

Las cifra de alumnos oficiales que han realizado los cursos y obtenido la titulación de pilotos en los últimos cuatro años, según datos de la Dirección General de Aviación Civil facilitados a Yárnoz, es de 162: 44 en 1984 (5ª promoción), 39 en 1985 (6ª promoción), 42 en 1986 (7ª promoción) y 37 en 1987 (8ª promoción).

Según la misma fuente, cuenta Yárnoz, "en el segundo y último curso hay 23 alumnos de la 91 promoción, y otros 18 de la 10ª promoción en el primer curso. En enero ingresarán 29 alumnos de la 11ª promoción".

La diferencia entre los 300 licenciados de que hablan los alumnos y los 162 que cita Aviación Civil se explica porque en la escuela deben convalidar sus títulos para obtener la licencia aquellos pilotos que se han formado por libre o han obtenido el título en centros extranjeros.

A la vista de estos datos, no resulta con fundamento decir que la ENA Ileva varios años prácticamente cerrada".