España exige una cláusula que explicite que no reconoce la soberanía británica sobre el istmo

La clave de la negociación en curso entre España y el Reino Unido sobre la inserción del aeropuerto de Gibraltar en la liberalización del transporte aéreo en Europa es la aceptación por Londres de una cláusula en la que se precise que esta inclusión no significa un reconocimiento de su soberanía sobre el istmo donde está construido el aeródromo ni prejuzga en nada la reivindicación española.

Éste es, según explicó ayer a EL PAÍS en la capital belga el titular español de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, el "nudo gordiano" de una negociación que reanudará mañana, miércoles, en Londres con su homólogo británico, Geoffrey Howe, y que tiene, añadió, "un 50% de posibilidades de éxito y otras tantas de fracaso". Ambos ministros de Exteriores estarán acompañados por sus colegas de Transportes, Abel Caballero y Paul Channon.Fernández Ordóñez afirmó que el Gobierno español "desea introducir esa cláusula o reserva de soberanía en las directivas" comunitarias sobre la "desregulación aérea", que imperan sobre la legislación nacional y que firman los doce Estados miembros. Preguntado sobre si estaría dispuesto a conformarse con una fórmula subalterna como, por ejemplo, un simple canje de notas entre entre Madrid y Londres, el ministro contestó: "Yo la rechazaría".

El istmo donde ha sido construido el aeropuerto no fue cedido por España al Reino Unido en el marco del Tratado de Utrecht, concluido por ambos países en 1713, y formaba parte de un no man's land (tierra de nadie) hasta que la potencia colonial lo anexionó.

Utilización conjunta

Aunque reconoció que los aspectos técnicos de las conversaciones hispano-británicas sobre la utilización conjunta del aeropuerto revestían en última instancia un carácter de soberanía, el ministro español dio a entender que eran peccata minuta, en relación a la famosa cláusula, y tendrían fácil solución si se solvientase el aspecto político.Desde que hace cuatro meses se reanudaron las conversaciones bilaterales para intentar llegar a un acuerdo sobre las facilidades concedidas a España en el uso del aeropuerto -la fórmula que Howe prefiere en lugar de utilización conjunta-, Fernández Ordóñez pidió que los ciudadanos españoles que se embarquen o desembarquen en el Peñón no sean sometidos a controles de pasaporte y aduana británicos.

Londres parece dispuesto a obviar esos trámites, siempre y cuando vuelen desde la colonia a España y no al extranjero, y aconseja, para agilizar la ida y venida de los viajeros españoles, la edificación de una segunda terminal del lado español de la verja.

La delegación negociadora española solicitó también la presencia de un controlador aéreo español en la torre del aeropuerto del Peñón, a lo que sus interlocutores han contestado con un sí, circunscribiendo, sin embargo, sus funciones a las de mero enlace con sus colegas de la torre de Sevilla, donde pretenden contar también con la presencia de un funcionario británico. Otorgar otro cometido a un controlador destacado en un aerodromo militar como Gibraltar equivaldría según los colaboradores de Howe, a pretender instalar un funcionario británico en la base aérea militar española de Manises.

La tercera y última gran reivindicación española concierne a la administración del polémico aeropuerto, que el Gobierno español desearía poder llegar a cogestionar, mientras los negociadores británicos sólo han ofrecido mantenerle informado, mediante la presencia de algún representante de la aviación civil española en el órgano que lo rige.