Orden de prisión contra Cristina Almeida por criticar al juez de un caso de aborto

La abogada Cristina Almeida puede ingresar hoy en la cárcel de mujeres de Yeserías, en Madrid, en cumplimiento de una orden de prisión remitida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona y que ha correspondido, por reparto, al Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid. Al parecer, la orden está motivada por unas declaraciones realizadas por Almeida el jueves en Pamplona sobre unas supuestas dolencias psíquicas padecidas hace tiempo por el juez Juan José García Pérez, que procesó recientemente a tres médicos de la Seguridad Social y a una joven de 19 años, acusados por Acción Familiar de un delito de aborto.

En el auto de procesamiento, García Pérez consideraba que la joven se había sometido, a sabiendas de estar embarazada, a varias placas radiológicas para poder alegar malformación del feto y abortar legalmente. Cristina Almeida, que el jueves pronunció una conferencia en Pamplona, explicó que las placas fueron consecuencia de una afección de riñón que padecía la joven, que desconocía su embarazo, y que el aborto se realizó con todos los requisitos legales.La abogada mostró su extrañeza por la decisión judicial de procesar a la joven y recordó un expediente de incapacidad a que fue sometido el juez García Pérez cuando se encontraba destinado en Bilbao, a propósito de unos supuestos problemas psíquicos que padecía. Un periódico local publicó estas declaraciones sobre las que la junta de jueces de Pamplona manifestó su "más enérgica repulsa", por estimarlas atentatorias "a la independencia judicial o al honor" del juez García Pérez. Fuentes jurídicas resaltaron la rapidez de la actuación judicial y la contundencia de la orden de prisión, poco habitual cuando se imputa delitos de opinión y cuando se trata, como en este caso, de una profesional del derecho de la que no cabe presumir que se hurtará a la acción de la justicia. Almeida manifestó anoche que no había recibido ninguna notificación ni comparecido ante ningún juez por este caso.

En Pamplona, Almeida dijo que España se encuentra en una situación clara de inseguridad jurídica sobre el aborto. La letrada responsabilizó de esa inseguridad jurídica al Gobierno, "que debe promulgar una nueva ley mucho más amplia", y a la justicia, "que debe facilitar el cumplimiento de la actual ley de interrupción del embarazo en lugar de entorpecerla". En el acto, organizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, se analizó la situación actual del aborto tras el procesamiento de los cuatro médicos de Pamplona y las redadas policiales en un centro de planificación familiar de Barcelona y en una clínica de Valladolid.