El juez Lawrence Walsh prepara el procesamiento de los principales implicados en el 'Irangate'

La sentencia política del Irangate ya ha sido dicitada, pero falta la criminal, que un juez de 75 años, Lawrence Walsh, tratará de obtener aunque sea meses o incluso años después de que Reagan haya abandonado la presidencia. Sin dejarse influir por el devastador cuadro de desdén por la ley con el que operaba la Administración, Walsh y un equipo de 23 abogados y 35 agentes del FBI trabajan para dictar procesamientos contra los principales fontaneros del escándalo a comienzos del año próximo.

Oliver North, John Poindexter, Richard Secord y Albert Hakim estín, en principio, en el punto de mira de este juez incorruptible, que, al final de su carrera profesional, está dispuesto a atar los cabos sueltos que ha dejado el informe del Congreso. "No se interrumpiran investigación del juez especial y el imperio de la ley será reivindicado", ha prometido Walsh, que está barajando la posibilidad de basar sus acusaciones en conspiración, obstrucción de la justicia y uso indebido de fondos públicos.El silencio y la afirmación de que, "no hay nada nuevo en el informe, que sólo contiene opiniones subjetivas", continuó siendo ayer la respuesta de Ronald Reagan a los abrumadores cargos de negligencia constitucional y de máxima responsabilidad histórica que el informe del Congreso sitúa sobre sus hombros. En su primera aparición pública tras la publicación del documento, que sus allegados comentan que ni siquiera leerá, Reagan no mencionó ayer para nada el asunto.

La impresión generalizada en Washington es que el Irangate ha dañado irreparablemente -no ahora, sino cuando estalló y duralte las investigaciones- el liderazgo de Reagan, comprometiciendo la visión histórica que los norteamericanos guardarán del presidente más popular de los últimos tiempos. Aunque su índice de popularidad ha subido hasta un 50%, está aún 17 puntos por debajo de la cota alcanzada antes de destaparse el escándalo.

Los últimos acontecimientos -la crisis de las bolsas, la pérdida del control sobre el proceso de Centroamérica, los compromisos a que se ve obligado con el Congreso para recortar su presuptiesto de Defensa, limitando los experimentos de la guerra de las galaxias, y posiblemente para subir impuestos-, confirman el decive de una presidencia que espera ser salvada, fundamentalmente, por el abrazo de Mijail Górbachov.

Concluida la fase política del Irangate, los eventuales juicios pueden tardar años en comenar, ya que los acusados intentarán retrasar el proceso con maniobras legales, amparándose en que Walsh no puede utilizar como prueba nada que los principales actores del Irangate hayan declarado ante el Congreso protegidos por la inmunidad limitada.

Solicitud de perdón

La extrema derecha ya está pidiendo a Reagan que perdone a sus leales si son procesados, y a Walsh, que abandone -por falta de pruebas concluyentes- su investigación. El juez especial y su equipo no ven la televisión y no pueden leer el informe final de las comisiones parlamentarias, y sólo podrán utilizar una versión depurada del documento con los datos derivados de declaraciones prestadas sin la promesa de inmunidad.Es un auténtico reto legal el lograr procesamientos en estas condiciones -en el Watergate, ningún personaje que se protegió con la inmunidad y se declaró inocente pudo ser procesado-,

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estudia, también las posibilidades legales ofrecidas por el informe del Congreso, además de la teoría de la conspiración, para basar sus acusaciones. El documento establece que los hombres del, presidente. en la conducción del doble desastre de política exterior -Irán y contra- violaron ál menos seis leyes.

En esa lista de infracciones legislativas figuran el espíritu y la letra de la enmienda Boland, por la que el Congreso prohibió el empleo de fondos federales para derrocar a los sandinistas; la ley que prohíbe el uso de fondos que el Congreso no haya votado; la ley de Seguridad Nacional y de, Control de Exportación de Armas, que requieren que el Congreso sea, informado de las operaciones encubiertas; las leyes que prohíben, aunque no se preste bajo juramento, dar falso testimonio ante el Congreso; la ley que prohíbe alterar o destruir documentos de la Casa Blanca; la utilización de los beneficios de La venta de armas a Irán para ayudar a la contra equivale a aprepiación indebida de fondos públicos.