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Carlos Romero condiciona su apoyo a la revisión del acuerdo con EE UU

Los ministros de Agricultura de los doce se encuentran reunidos desde principios de semana en una maratoniana sesión para intentar recortar el gasto agrícola comunitario. De la consecución de un acuerdo depende en parte el éxito de la cumbre que celebrarán en Copenhague en diciembre los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Europea.

Aunque no tiene ninguna objeción de principio contra los llamados "estabilizadores agrícolas" de los que se discute en la capital belga, el ministro español, Carlos Romero, reiteró su postura anunciada hace un mes condicionando su aceptación de este mecanismo a la revisión del acuerdo entre Bruselas y Washington, que obliga a España a importar 2,38 millones de toneladas de maíz y sorgo procedente en su mayoría de EE UU.Los estabilizadores, que se añaden al arsenal ya existente de las cuotas lecheras y de los techos de garantía, pretenden reducir el gasto agrícola provocando una disminución de los precios en un 10% en 1988 y hasta un 15% en 1989 a partir del momento en que la producción rebase ciertos límites.

Sus partidarios son Gran Bretaña y Holanda y los más reacios, Francia y Alemania Federal, que desean que la bajada de los precios no exceda el 3%, mientras los Estados mediterráneos no se oponen a su adopción, aunque consideran que sus producciones específicas deben ser las menos perjudicadas porque son también las que menos se han beneficiado de la Política Agrícola Común (PAC).

"Sería absurdo afirmar que no iniciamos nuestra discusión con puntos de vista muy alejados", comentó, por ejemplo, el viceministro británico, John Gummer, pero la necesidad de alcanzar un compromiso es tal, que los responsables de la "Europa verde" tienen la intención de reunirse de nuevo durante el fin de semana después de interrumpir el Consejo de Ministros de hoy miércoles.

En caso de fracaso, la decisión sobre los estabilizadores será probablemente aplazada hasta la cumbre de Copenhague, cuyo orden del día está ya muy cargado porque en él figuran asuntos de tanta trascendencia como el presupuesto de la CE para 1988, bloqueado, entre otros, por España, y la ambiciosa reforma de la financiación de la Comunidad propuesta por el presidente Jacques Delors.

"Comunitarización global"

"Mientras no se encuentre una solución definitiva a este problema del maíz, me resulta dificil aceptar cualquier medí a e paquete de estabilizadores", declaró Carlos Romero a sus homólogos hace un mes, después de haberles explicado que "la agricultura española no puede convivir durante cuatro años más con este acuerdo".

La solución pasa, en opinión del ministro español, por "una comunitarización global del compromiso de importación".

Un informe remitido el 7 de octubre por el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordoñez, al embajador de España ante la CE, reconoce ahora que "el elevado ritmo de las importaciones de maíz en los próximos meses, justo en el momento de la recoleción en la zona de Badajoz y ambas Castillas, determinará un hundimiento de los precios difícilmente recuperable a lo largo del año".

Esto es más grave para los productores españoles ya que, como recuerda el informe, "la producción de maíz prevista para la cosecha actual en España, es de 3.38 millones de toneladas, siendo la cifra de cosechas anteriores de aproximadamente 2,5 millones. Esta diferencia en las producciones ha sido originada por la política española del desarrollo del cultivo del maíz y las inversiones realizadas con grandes subvenciones del Estado en regadíos, almacenamientos y secadores".

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