El Constitucional ampara a un funcionario al que la Administración simuló reponer en su cargo

El Tribunal Constitucional ha amparado a un funcionario español a quien la Audiencia de Madrid había reconocido su derecho al cargo de jefe de la Oficina Nacional Española de Turismo (ONET) en San Francisco (EE UU), fallo que la Administración simuló cumplir. El Constitucional ha reconocido ahora el derecho del funcionario a que se ejecute la sentencia, anula las resoluciones contrarias y declara que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye la adopción de "Ias medidas pertinentes para la efectividad del fallo".

La Audiencia Territorial de Madrid reconoció en 1984 al funcionario Julián Moreno Sandoval el derecho a optar al puesto de jefe de la Oficina Nacional Española de Turismo (ONET) en San Francisco (EE UU). En cumplimiento de la sentencia, el secretario general de Turismo le nombró para dicho cargo, pero simultáneamente, mediante la creación de un Comisionado de Turismo para el Oeste y Sur de Estados Unidos, se le retiraron a Moreno todas las facultades, retribuciones y compensaciones propias del cargo. Más tarde, por orden ministerial de 11 de noviembre de 1985, se cerró la ONET de San Francisco y se adscribió a Moreno Sandoval a los servicios centrales en Madrid del Instituto para la Promoción del Turismo.Moreno entendió que estas decisiones de la Administración alteraban lo resuelto por la Audiencia Territorial de Madrid y pidió repetidamente a ésta la ejecución de la sentencia. El 19 de mayo de 1986 la sala desestimó definitivamente los recursos por entender que el fallo había quedado cumplido con el nombramiento de Moreno Sandoval como jefe de la ONET de San Francisco. Ante esta resolución, el funcionario solicitó el amparo del Tribunal Constitucional, para lo que invocó que había sido vulnerado el artículo 24.1 de la Constitución, al no haber obtenido la tutela judicial efectiva en la ejecución de la sentencia.

"Aparente ejecución"

Frente al criterio contrario al amparo mantenido por el letrado del Estado y el ministerio fiscal, Moreno Sandoval, dirigido jurídicamente por el letrado Manuel Jiménez de Parga, insistió en que el nombramiento del funcionario constituyó una "aparente ejecución" del fallo.La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Leguina, considera doctrina consolidada que la ejecución de las sentencias en sus propios términos "forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales, ya que en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan o declaren no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna".

El tribunal advierte que es "en los incumplimientos administrativos disimulados o indirectos donde se ocultan los mayores riesgos tanto para el sistema jurídico en general como para los derechos de los particulares". En este caso concreto, el Tribunal Constitucional refleja "la resistencia de la Administración" al cumplimiento del fallo.