Hacia un cambio radical

Existen precedentes en la historia de repudio por parte de Gobiernos de deudas externas contraídas por regímenes o Gobiernos anteriores. Ningún caso de gran endeudamiento, según el autor, ha tenido una solución de mercado, por eso es sorprendente que no se haya producido en el caso latinoamericano una reacción política más concreta destinada a frenar este drenaje. Pero esto, concluye el firmante, tiene un límite.

"La insistencia en el cumplimiento de un convenio que supere la capacidad de pago de una nación le serviría de justificación para negarse a cualquier arreglo. Nadie puede hacer lo imposible. ( ... ) Quienes insisten en cláusulas imposibles están propiciando en última instancia el repudio completo de la deuda". Estas palabras no han sido pronunciadas por un latinoamericano, sino por un secretario del Tesoro de EE UU. Con ese argumento, a fines de los años veinte, el secretario Andrew Mellon debió justificar la firma de 15 convenios para reprogramar las deudas de guerra de los países europeos con EE UU. Cuando más tarde Alemania suspendió el pago de reparaciones de guerra al Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica y otros países aliados, los deudores europeos simplemente suspendieron el pago de sus deudas a EE UU, en 1932 y 1933.En América Latina aconteció algo similar. En 1931, Bolivia cesó el pago de los intereses de sus bonos de la deuda pública, y ya en 1935 había cesado el pago de casi la totalidad de los países de la región.

El repudio de los Estados del Sur de Estados Unidos a sus deudas con Europa en 1860, el de México con la deuda imperial contraída por Maximiliano, el del Gobierno soviético con la deuda zarista a principios de este siglo y las suspensiones y moratorias de los años treinta son precedentes importantes para la gigantesca carga financiera latinoamericana actual.

Al revisar la historia se constata que ningún caso de gran endeudamiento ha tenido una solución de mercado.

El caso latinoamericano presente es el único en que un gravamen tan devastador no haya conducido a rupturas. Todos los precedentes históricos muestran que los acreedores o sus Gobiernos debieron asumir una parte importante de las pérdidas resultantes de sus préstamos e inversiones internacionales.

Resulta sorprendente, en perspectiva histórica, que no haya existido hasta ahora una reacción política más drástica en América Latina para detener este drenaje. Los Gobiernos han sido temerosos y casi impotentes, con pocas excepciones. Los centros de poder del sistema financiero internacional han sido eficaces para imponer un sofisticado mecanismo de succión. Los bancos se han coordinado para presionar a los organismos multilaterales, Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI), han sido celosos guardianes de una política que hace recaer todo el peso sobre América Latina, mientras los Gobiernos de los países desarrollados (norteamericanos, europeos y japoneses) han rehuido su responsabilidad global.

Situación insostenible

Si hace una década se hubiera consultado si era sostenible una situación en que los países latinoamericanos realizaran una transferencia neta de recursos al exterior de más de 150.000 millones de dólares (1982-1987), una fuga de capitales del orden de 120.000 millones (1976-1985) y una pérdida por términos de intercambio superior a 100.000 millones en la década de los ochenta y soportar además una caída del ingreso per cápita del orden del 7%, ¿quién habría respondido afirmativamente?Esto tiene un límite. Las reparaciones de guerra impuestas a Alemania Occidental fueron menores que lo que ha pagado América Latina como porcentaje de su producto. Y los latinoamericanos no nos hemos involucrado en guerra alguna con los grandes acreedores.

Ningún país latinoamericano puede soportar por más tiempo la triple carga de transferir cerca del 57. de su producto nacional a los acreedores si al mismo tiempo intenta elevar la tasa de inversión al menos un 5% para aumentar su crecimiento y atender las urgentes necesidades acumuladas de quienes viven en la pobreza extrema, que la CEPAL estimó en 130 millones de personas en 1985. Estos objetivos son incompatibles.

Ante esta realidad son irrelevantes, además de inconvenientes, las medidas parciales, como la reciente moda promovida por los bancos acreedores de convertir deuda en activos. Cuando la deuda externa llega a más del 40% del producto general bruto (PGB) de América Latina, tal pretensión es absurda, pues, de alcanzar importancia, transferiría a manos extranjeras el grueso de los activos más valiosos de cada nación.

Nueva etapa

La crisis de la Bolsa de Nueva York es otra advertencia. El capitalismo especulativo introduce violentas oscilaciones en el sistema financiero, cambios en las tasas de interés, en el tipo de cambio, recesión y proteccionismo, que América Latina no puede costear. El colapso reciente de los valores bursátiles adelantará probablemente una recesión, con eventuales alzas de los intereses y del proteccionismo.América Latina entrará en una nueva etapa. Su desafío histórico es realizar una transformación productiva y tecnológica, ampliar su capacidad y competitividad y atender su enorme mercado interno, que el año 2000 superará los 500 millones de habitantes. Estas inevitables exigencias sociales y económicas obligan a modificar radicalmente el pago de la deuda.

Hasta ahora, la solución al problema ha quedado en manos de economistas. Y los economistas, por lo general, adoptan un enfoque cortoplacista, financiero e instrumental, y carecen de una visión histórica, jurídica y política.

La solución sólo se logrará a través de un acuerdo político. Así lo hacen los países desarrollados. Cuando el grupo de los cinco resuelve conducir una espectacular caída del dólar está aceptando la realización de enormes pérdidas para unos y gigantescas ganancias para otros, de una envergadura muy superior a la deuda latinoamericana. Y no son ni el mercado ni los privados quienes deciden esa masiva transferencia. Son los intereses nacionales los que están en juego, y son los poderes públicos los que deben encontrar la salida.

Existiendo condiciones de incapacidad de pago y la decisión política de cambiar una carga insoportable e injusta, es posible alterar el cuadro. La deuda no se desconoce, pero sólo se paga en términos que contemplen una repartición de las pérdidas.

Nos aproximamos a un punto de cambio radical. Las provisiones creadas por los bancos comerciales norteamericanos, la moratoria de Brasil ocurrida en 1987 y la crisis de las bolsas occidentales nos acercan a ese punto.